ADULP para toda la semana. ATULP se suma con tres jornadas más. Juntos, dejan al menos seis días sin clases a las facultades de la UNLP hasta el 4 de junio. El gobierno nacional no respondió nada después de cuatro marchas federales. Mientras tanto, los datos de CEPA muestran que los docentes universitarios perdieron más de un tercio de su salario real desde que asumió Milei.
La UNLP arrancó esta semana sin clases y con pocas chances de terminarla distinto. Desde este martes, la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP), adherida a la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), sostiene una semana completa de paro en reclamo de paritarias, recuperación salarial y mayor financiamiento para las universidades nacionales. Los nodocentes de Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP), por su parte, se sumaron al plan de lucha de FATUN con paros propios para el 29 de mayo y el 3 y 4 de junio. El resultado es un cronograma de al menos seis jornadas afectadas en las próximas dos semanas, con mesas de finales, parciales y actividades regulares en suspenso.
Desde ADULP explicaron que la decisión fue tomada porque el gobierno nacional no dio respuesta a ninguno de los reclamos planteados tras la cuarta Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo. El argumento central es la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada cuatro veces en el Congreso y que el Ejecutivo nunca aplicó. La propuesta oficial en la mesa de negociación es un aumento del 12,3% en tres cuotas de 4,1% a pagar en marzo, junio y septiembre de 2026. Un número que, según los propios gremios, no solo ignora la caída acumulada desde 2023 sino que ni siquiera empata con la inflación proyectada del 23,6% hasta septiembre.
Los datos respaldan el reclamo. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicado esta semana, desde la asunción de Javier Milei hasta abril de 2026 los salarios del personal docente y no docente universitario perdieron el 34,2% de su poder adquisitivo, o el 41,2% si se aplica la canasta de consumo actualizada elaborada por el propio INDEC en 2017/2018. Para ponerlo en concreto: un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi-exclusiva pasó de cobrar el equivalente a $888.794 en noviembre de 2023 a $584.413 en abril de 2026. Si se hubiera aplicado la Ley 27.795, ese mismo cargo cobraría hoy $888.794. La brecha entre lo que la ley manda y lo que el gobierno paga es de casi 300.000 pesos.
El mismo informe de CEPA agrega una capa más incómoda: en abril de 2026, sólo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los nodocentes de los primeros dos niveles superan la línea de pobreza. El resto, incluyendo docentes con dedicación simple, se ubica por debajo. Algunos cargos directamente no alcanzan la canasta básica alimentaria. No es una estadística abstracta: es la descripción del piso desde el que estos trabajadores se levantaron a hacer paro esta semana.
¿Puede el gobierno seguir sin responder? La estrategia del Ejecutivo viene siendo la del desgaste: no negociar, dejar que el conflicto se extienda, apostar a que la sociedad deje de empatizar con un sector que históricamente genera adhesión, sin distinguir partidos políticos. Esa apuesta tiene sus riesgos. El conflicto universitario no es solo gremial: tiene una base política que excede a los docentes y que incluye a estudiantes, familias y comunidades que dependen de las universidades nacionales como eje de movilidad social.
El dato operativo es concreto. Los nodocentes no hacen clases, pero sostienen el funcionamiento cotidiano de las facultades: abren los edificios, manejan la administración, mantienen las instalaciones. Sin ellos, varias unidades académicas directamente no pueden funcionar. Con los nodocentes de paro la facultad no abre.
Desde los gremios advirtieron que las protestas continuarán mientras no haya respuestas concretas. El calendario que dejaron sobre la mesa es claro: si el gobierno no mueve la situación, el conflicto entra a junio sin resolución.
