ATE encendió todas las alarmas ante el inminente vencimiento de más de 70.000 contratos estatales el próximo 31 de diciembre y denunció que el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de despidos.
La conducción del gremio, encabezada por Rodolfo Aguiar, sostiene que la administración de Javier Milei profundiza el llamado “Plan Motosierra”, con el objetivo de reducir otro 10% la planta de personal en 2026.
La preocupación escaló luego de la reestructuración del Gabinete. La coordinación entre Manuel Adorni y Federico Sturzenegger habilitó una nueva revisión interna que, según fuentes oficiales, mantiene una lógica de recortes permanentes. Desde el Ejecutivo reconocen que “la motosierra es constante” y remarcan que, desde el inicio de la gestión, ya se eliminaron 58.797 puestos en organismos centralizados, descentralizados, fuerzas militares, de seguridad y empresas públicas.
Frente a ese escenario, el gremio exigió la renovación inmediata de todos los contratos y decidió adelantar su plan de lucha. El paro nacional, previsto inicialmente para el día en que se debata la reforma laboral, se realizará finalmente el 9 de diciembre. ATE afirmó que la decisión responde al avance sobre organismos estratégicos como AFIP, Anmat, Conicet, Indec, Anses, INTI y Enacom, sectores donde ya se registran señales de nuevas desvinculaciones.
Un diciembre cargado de tensión sindical
ATE también alertó que podrían producirse recortes asociados a la eliminación de los registros automotores y a las privatizaciones que el Gobierno mantiene en carpeta, lo que agita aún más la incertidumbre entre los trabajadores. En paralelo, el gremio definió que durante diciembre se llevarán adelante medidas de fuerza sorpresivas, en respuesta a lo que consideran un ataque directo al empleo estatal.
Críticas al Consejo de Mayo y un diálogo empantanado
Aguiar apuntó además contra el Consejo de Mayo, al que calificó como “una encerrona para el sindicalismo”. Según el dirigente, las reuniones con funcionarios del Ejecutivo no lograron avances ni propuestas concretas, lo que confirmaría que el diálogo institucional se encuentra en punto muerto.
Con miles de contratos pendientes de renovación y un clima político cada vez más áspero, diciembre se perfila como un mes clave para el futuro de los trabajadores estatales y para la conflictividad que atraviesa al sector público en todo el país.
