Una empleada de la Cámara Alta bonaerense denunció por abuso sexual a un jefe de área del Senado y reclamó medidas urgentes de protección: el acusado sigue asistiendo a su lugar de trabajo mientras la causa avanza lentamente en la Justicia.

En medio del escándalo que rodea a las causas por abusos y delitos sexuales que involucran a personal del Senado bonaerense, una nueva denuncia volvió a sacudir a la Legislatura provincial y reavivó las críticas por la falta de mecanismos efectivos de prevención y protección para las víctimas dentro de organismos del Estado.

La acusación fue presentada por una empleada administrativa de la Cámara Alta bonaerense, quien señaló al jefe de mantenimiento del Senado y dirigente gremial de UPCN como responsable de una agresión ocurrida en el ámbito laboral. Según relató, el acusado continúa desempeñando sus funciones con normalidad, lo que agrava su situación de vulnerabilidad. “Sigue yendo a trabajar como si nada”, expresó la denunciante, que reclamó medidas urgentes para resguardar su integridad.

De acuerdo al testimonio incorporado al expediente judicial, los episodios de hostigamiento y acoso se habrían extendido durante años, desde su ingreso al Senado, en un contexto laboral que describió como atravesado por prácticas de violencia simbólica, intimidaciones y una fuerte asimetría de poder. El hecho más grave denunciado ocurrió en enero de 2022 y habría tenido lugar dentro de una oficina del organismo.

Un clima de impunidad y silencio

La mujer aseguró que no se trata de un hecho aislado y que otras trabajadoras habrían atravesado situaciones similares, aunque muchas no se animaron a denunciar por temor a represalias, pérdida del empleo o falta de respaldo institucional. En ese marco, la denuncia vuelve a poner en discusión la existencia —y efectividad real— de protocolos contra la violencia de género en la Legislatura bonaerense.

El caso se conoce mientras el Senado provincial ya se encuentra bajo la lupa por otras investigaciones judiciales vinculadas a abusos, lo que refuerza el cuestionamiento social sobre el funcionamiento interno del organismo y el rol de las autoridades políticas y gremiales frente a este tipo de situaciones.

La causa judicial y los reclamos de la víctima

La investigación se tramita actualmente en una fiscalía de La Plata, luego de haber pasado por otra unidad que, según la denunciante, no impulsó avances significativos. A más de un año de iniciada la causa, el acusado fue notificado de la imputación, pero continúa en libertad y sin restricciones laborales.

El abogado de la víctima solicitó que se la reconozca como particular damnificada, la realización de pericias psicológicas y la adopción de medidas cautelares para impedir el contacto entre ambas partes. La mujer había contado con una restricción perimetral por un tiempo limitado, que ya venció, por lo que teme volver a encontrarse con el denunciado tanto en su ámbito de trabajo como en la vía pública.

En declaraciones públicas, la denunciante aseguró atravesar un delicado momento emocional y remarcó la dificultad de sostener la denuncia en un contexto de desigualdad de poder. “Es muy difícil para una mujer enfrentarse a estas estructuras. Pero quiero que se haga justicia y que no quede en la nada”, expresó.

La postura de la defensa

Desde el entorno del empleado denunciado rechazaron los hechos y señalaron supuestas inconsistencias en el relato de la víctima. La defensa sostiene que existen pruebas pendientes de incorporación al expediente y cuestionó el tiempo transcurrido entre el episodio denunciado y la presentación judicial.

Mientras la causa avanza en la Justicia, el caso vuelve a encender las alarmas sobre las condiciones de trabajo dentro de la Legislatura bonaerense, la respuesta institucional frente a denuncias por violencia de género y la necesidad de implementar políticas claras de prevención, acompañamiento y protección para quienes se animan a denunciar.