Varios expedientes judiciales investigan decisiones urbanísticas de la gestión del exintendente de La Plata. Rezonificaciones en el corredor norte, sobreprecios en obra pública y un supuesto operador de negocios que habría cobrado sumas millonarias para destrabar permisos. Las causas todavía están lejos de cerrarse, pero el avance judicial ya empieza a tener impacto político.

¿Puede una rotonda convertirse en el hilo que desteje toda una gestión municipal? En La Plata, la obra vial de calle 467 no es sólo un expediente judicial más: es, según fuentes vinculadas a la investigación, el punto de entrada a una trama más amplia que pone en cuestión cómo se tomaron ciertas decisiones urbanísticas durante los años de Julio Garro al frente del municipio. Y la Justicia, aunque con los tiempos propios de los fueros provinciales, parece seguir ese hilo.

Lo que trascendió hasta ahora indica que distintas actuaciones judiciales estudian si hubo diferencias entre los montos presupuestados y los costos reales de ejecución de esa obra. Las pericias buscan determinar si existió sobreprecio y si determinadas firmas de funcionarios presentan inconsistencias documentales. Pero el expediente de la rotonda no es un hecho aislado: los investigadores manejan la hipótesis de que la infraestructura pública generó valorización para desarrollos inmobiliarios privados, lo que abre una pregunta incómoda sobre cómo funcionó el sistema de plusvalías en la gestión anterior.

El nombre que aparece

En ese contexto empieza a circular con fuerza el nombre de Luis Barbier, señalado en distintos ámbitos como uno de los hombres de mayor influencia dentro del esquema de habilitaciones y aprobación de proyectos durante la gestión Garro. Las acusaciones, que deben ser probadas judicialmente, apuntan a que Barbier habría operado como intermediario entre desarrolladores privados y la estructura municipal, cobrando para destrabar expedientes o viabilizar proyectos que estaban fuera de los parámetros del Código de Crecimiento Urbano. Testimonios y documentación empezarían a ser analizados por los investigadores.

La otra línea investigativa tiene que ver con las rezonificaciones. Según lo que trascendió, empresarios del sector inmobiliario y desarrolladores urbanos habrían obtenido excepciones al Código de Ordenamiento Urbano, autorizaciones especiales y cambios de indicadores que les permitieron construir más allá de lo que las normas de cada zona establecían. La hipótesis no es nueva en La Plata: el corredor norte y otras áreas de fuerte valorización inmobiliaria aparecen en distintos expedientes como zonas donde las decisiones municipales habrían favorecido negocios privados.

El estado de las causas

¿Qué tan avanzadas están estas investigaciones? Esa es la pregunta que por ahora no tiene una respuesta clara. Buena parte de las actuaciones continúa en etapa de recolección de pruebas, pericias y análisis documental. Hubo allanamientos y pedidos de documentación vinculados a expedientes urbanísticos y convenios. La Justicia intenta establecer si existieron asociaciones entre funcionarios, empresas constructoras y desarrolladores privados para impulsar negocios inmobiliarios mediante modificaciones regulatorias impulsadas desde el Estado local. Pero una investigación en curso no es una condena, y el entorno de Garro ya rechazó las acusaciones y señaló que se trataría de un uso político de las denuncias.

Esa resistencia tiene algo de lógica en el contexto actual: La Plata vive una transición política con Julio Alak en el municipio y Garro fuera de escena institucional pero con capacidad de daño político hacia el nuevo gobierno si la oposición logra instalar el debate. Que las causas avanzan es innegable. Que vayan a traducirse en condenas firmes es una historia que todavía no tiene final escrito. Mientras tanto, el impacto político ya llegó: sectores opositores instalaron el tema para cuestionar el modelo de desarrollo urbano de la gestión anterior, y los expedientes son ahora una referencia ineludible cada vez que se discute cómo creció La Plata en los últimos años.

¿Es esto suficiente para correr a Garro de la discusión política? ¿O el volumen judicial todavía no alcanza para definir algo? La respuesta, por ahora, la tiene la Justicia. Y los tiempos judiciales rara vez se sincronizan con los tiempos políticos