La Justicia bonaerense ordenó a la Provincia de Buenos Aires indemnizar con más de 20 millones de pesos a una joven que sufrió bullying en una escuela pública. El fallo consideró acreditada la responsabilidad estatal por no haber evitado las situaciones de hostigamiento.
La Justicia responsabilizó a la Provincia
La Provincia de Buenos Aires fue condenada a pagar una indemnización superior a los 20 millones de pesos por un caso de bullying ocurrido en una institución educativa pública bonaerense.
El fallo judicial determinó que existió responsabilidad estatal debido a la falta de intervención adecuada frente a las situaciones de hostigamiento que sufrió una alumna durante su etapa escolar.
La resolución fue dictada por la Justicia en el marco de una demanda iniciada por la familia de la joven afectada, que reclamó daños y perjuicios por las consecuencias derivadas de los episodios de acoso escolar.
El caso de bullying que llegó a la Justicia
Según detalló el expediente, la estudiante padeció reiteradas situaciones de violencia y hostigamiento dentro del ámbito escolar.
La demanda sostuvo que las autoridades educativas no adoptaron medidas suficientes para prevenir o frenar los episodios denunciados, pese a que existían antecedentes y señales de conflicto entre los alumnos involucrados.
En la resolución judicial se consideró acreditado que la falta de intervención estatal tuvo consecuencias negativas sobre la salud y el bienestar de la víctima.
La indemnización millonaria
El fallo dispuso que la Provincia deberá afrontar el pago de una suma superior a los 20 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios.
La cifra contempla distintos rubros indemnizatorios evaluados durante el proceso judicial, entre ellos las consecuencias psicológicas y el impacto sufrido por la víctima a raíz de las situaciones de bullying.
La sentencia remarcó además la obligación del Estado de garantizar condiciones adecuadas de protección y cuidado dentro de los establecimientos educativos públicos.
El rol de las escuelas frente al acoso escolar
El caso vuelve a poner en discusión la responsabilidad de las instituciones educativas y de los organismos estatales frente a situaciones de violencia escolar.
En el fallo se analizó el deber de prevención y actuación que tienen las autoridades escolares ante denuncias o señales de hostigamiento entre estudiantes, especialmente cuando los hechos se sostienen en el tiempo.
La resolución judicial consideró que el Estado debe actuar de manera activa para evitar daños dentro del ámbito educativo y garantizar el resguardo integral de niños, niñas y adolescentes.
Qué puede pasar tras la sentencia
La condena representa un antecedente relevante en materia de responsabilidad estatal por situaciones de bullying en escuelas públicas bonaerenses.
Tras conocerse el fallo, la Provincia podría apelar la resolución dentro de los plazos procesales establecidos por la Justicia. Mientras tanto, el expediente marca un precedente sobre la obligación de intervención temprana ante casos de violencia escolar.
La causa también vuelve a exponer la importancia de los protocolos institucionales de prevención y abordaje del acoso dentro de las comunidades educativas.
