La Quinta Marcha Federal Universitaria reunió a estudiantes, docentes, no docentes, rectores, sindicatos y organizaciones sociales para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La Policía Federal lanzó gases lacrimógenos y utilizó un camión hidrante contra manifestantes, mientras en Diputados fracasaba el intento opositor de avanzar contra el DNU 70/23.
La defensa de la universidad pública volvió a ocupar las calles del centro porteño. La Quinta Marcha Federal Universitaria convocó este jueves a una multitud en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en una jornada atravesada por el reclamo de mayor financiamiento para las casas de estudio, las críticas al ajuste del Gobierno de Javier Milei y un episodio de represión policial que alteró el desarrollo de la movilización.
La convocatoria reunió al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con centrales obreras, organizaciones políticas y sociales, agrupaciones estudiantiles y representantes de distintos sectores afectados por las políticas económicas del Gobierno nacional.
La protesta tuvo como principal consigna el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, pero también incorporó otros reclamos vinculados con el DNU 70/23, la extranjerización de la tierra, el endeudamiento de las familias y los derechos de las personas con discapacidad. La diversidad de carteles y banderas reflejó la convergencia de distintos conflictos sociales en una misma jornada.
La lluvia volvió a hacerse presente durante la tarde, aunque no impidió que las columnas continuaran llegando a la Plaza de los Dos Congresos. La movilización ya era multitudinaria antes de que se conociera el desenlace de la sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición no consiguió el quórum necesario para tratar la derogación del decreto de necesidad y urgencia 70/23.
La represión en medio de la movilización
El momento de mayor tensión se produjo alrededor de las 15.30, cuando efectivos policiales desplegados detrás de las vallas instaladas sobre la avenida Entre Ríos comenzaron a utilizar un camión hidrante y gases lacrimógenos, para dispersar a manifestantes que intentaban mover las barreras.
El operativo alteró el clima de una movilización que, hasta ese momento, se desarrollaba con una importante concentración de organizaciones y manifestantes en las inmediaciones del Congreso. El agua del hidrante y el humo de las bengalas se mezclaron en las calles, mientras los gases afectaban, tanto a quienes participaban de la protesta, como a trabajadores de prensa que cubrían los acontecimientos.
La situación volvió a poner el foco sobre el accionar de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones públicas, y sobre las condiciones en las que periodistas y fotógrafos desarrollan su trabajo.
La intervención policial coincidió con el cierre de la sesión de Diputados, en la que los bloques opositores intentaron avanzar contra el DNU 70/23, aunque no lograron reunir el número de legisladores necesario para abrir el debate. La coincidencia temporal entre ambos episodios marcó una jornada en la que la disputa parlamentaria y el conflicto en las calles quedaron estrechamente vinculados.
Al salir del recinto, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y consideró que hubo una provocación.
“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede”, sostuvo el diputado, quien también cuestionó que las manifestaciones terminen reiteradamente con intervenciones represivas.
“¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, agregó.
Sus declaraciones trasladaron al terreno político el cuestionamiento por el operativo de seguridad, y abrieron nuevamente el debate sobre la responsabilidad estatal de garantizar tanto la circulación como el derecho a la protesta.
Un episodio, por demás curioso, ocurrió cuando un camarógrafo de C5N sufrió una agresión a manos de un “manifestante” encapuchado que estaba arrojando piedras contra las vallas del congreso. Cuando el periodista se acercó a intentar entrevistarlo, este respondió: “tomatelas porque cobrás” y, acto seguido, agredió al camarógrafo a golpes, lo que aumentó aún más las sospechas sobre los llamados infiltrados en las manifestaciones, con el único fin de generar conflicto y así justificar el accionar represivo.
El reclamo por el financiamiento universitario
La movilización tuvo como eje central la exigencia de que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de conflicto entre las autoridades nacionales y la comunidad académica por los recursos destinados al sistema público de educación superior.
La presencia de representantes de universidades, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes mostró la amplitud de los sectores involucrados en el reclamo. A ellos se sumaron organizaciones gremiales y sociales que acompañaron la convocatoria, y vincularon la situación presupuestaria de las casas de estudio con el deterioro de las condiciones de vida de distintos sectores de la población.
La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y gremios como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) participaron de la jornada. También estuvieron presentes la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), partidos de izquierda, agrupaciones peronistas y distintas organizaciones territoriales.
Las consignas exhibidas en las calles expresaron esa articulación de demandas. Mientras estudiantes y docentes defendían el acceso a la educación pública, otros manifestantes llevaron carteles vinculados con las jubilaciones, la soberanía territorial y el rechazo a las políticas económicas del Ejecutivo.
“Demasiada atención hace que el burro se crea león”, decía el cartel de una estudiante. En otra pancarta, escrita a mano, podía leerse: “La patria no se vende. La ciudadanía tampoco”. También hubo referencias a los jubilados como parte de la resistencia social y mensajes en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y la Patagonia.
La coexistencia de esas consignas mostró que la marcha universitaria funcionó también como espacio de expresión de un malestar más amplio, que excede la discusión estrictamente presupuestaria.
Kicillof cuestionó el ajuste del Gobierno
El gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó a la movilización y respaldó el reclamo de la comunidad universitaria. Durante la jornada, cuestionó el desfinanciamiento del sistema público y definió la convocatoria como “una lucha de todo el pueblo argentino” en defensa de la educación.
El mandatario también vinculó el conflicto universitario con el deterioro de las condiciones económicas de amplios sectores de la sociedad. En ese sentido, apuntó contra las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei y advirtió sobre las dificultades que atraviesan numerosas familias.
“La gente está volviendo a vivir con sus viejos”, afirmó Kicillof, al describir las consecuencias sociales que atribuyó a la situación económica.
Su presencia se produjo en una movilización que reunió a sectores sindicales, estudiantiles y políticos de distintas procedencias, con un reclamo común por el financiamiento de las universidades nacionales y críticas a las políticas del Ejecutivo.
Una protesta que reunió distintos reclamos sociales
Aunque la defensa de la universidad pública fue el punto central de la convocatoria, las columnas que llegaron al Congreso incorporaron demandas relacionadas con otros conflictos que atraviesan la agenda nacional.
El rechazo al DNU 70/23 convivió con consignas contra la extranjerización de la tierra y reclamos de familias endeudadas y personas con discapacidad. También hubo referencias a las jubilaciones y a la situación económica, en una concentración que reunió a organizaciones con trayectorias y objetivos diversos.
El acompañamiento de las centrales sindicales y de agrupaciones sociales amplió el alcance de una protesta que tuvo a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios entre sus principales protagonistas.
La movilización se desarrolló, además, en paralelo con una jornada parlamentaria en la que la oposición no consiguió reunir el quórum para tratar la derogación del decreto 70/23. El fracaso de esa instancia legislativa, y la posterior intervención policial en las inmediaciones del Congreso, concentraron buena parte de la atención política.
La Quinta Marcha Federal Universitaria dejó así dos escenas centrales: una multitud movilizada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario; y un operativo policial que incluyó gases lacrimógenos y un camión hidrante contra manifestantes.
En las calles, la defensa de la educación pública se combinó con otros reclamos sociales. Frente al Congreso, la discusión por el presupuesto universitario volvió a convertirse en una expresión más amplia del conflicto entre el Gobierno nacional y distintos sectores que cuestionan sus políticas económicas.
