Las masivas protestas hacia el gobierno de Paz Pereira ahora se verán severamente reprimidas por las Fuerzas Armadas del país vecino.
El gobierno libertario de Rodrigo Paz Pereira se tambalea frente a la lucha y organización popular que está logrando poner en jaque su mandato.
Tras asumir hace apenas seis meses con su lema de campaña »Política al servicio de la gente», el presidente del Partido Demócrata Cristiano prometía ajustar el gasto social para reacomodar el déficit fiscal bajo la transparencia estatal, mientras que al mismo tiempo se garantizaría »una seguridad social inclusiva, universal y de calidad».
Sin embargo, luego de su asunción el deterioro económico y las medidas de ajuste no tardaron en provocar la ebullición de la furia social: desde el 1 de mayo múltiples organizaciones sociales integradas por campesinos, mineros, indígenas, trabajadores fabriles y vecinos comenzaron a exigir su renuncia, bloqueando diversas regiones del país.1
Con el Fondo Monetario Internacional susurrándole al oído, el gobierno de Paz Pereira derogó la ley que limita la capacidad del presidente a la hora de aplicar estados de excepción, lo cual antes estaba en manos únicamente del parlamento. A partir de ahora, el presidente puede declarar el estado de sitio, dando rienda suelta a las Fuerzas Armadas para que repriman a sus propios compatriotas.2
Mientras tanto, el diputado boliviano Rolando Pacheco denuncia que militares le informaron que el gobierno de Argentina envió material represivo (como municiones, gas lacrimógeno y traslado de personal policial boliviano) para asfixiar las masivas protestas, etiquetado como »ayuda humanitaria» en aparente colaboración frente a los bloqueos.
