La Justicia de La Plata ordenó la clausura de los calabozos de la Comisaría Octava tras un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Se constató que el lugar no era apto para la detención de personas, con hacinamiento extremo, falta de acceso a agua potable y presencia de roedores, entre otras condiciones inhumanas.
El informe presentado ante la Justicia reveló que entre 40 y 45 personas estaban alojadas en un espacio de 16 m², diseñado para solo tres detenidos. Sin ventilación ni acceso a baños, el suministro de agua dependía del personal policial y los familiares, quienes debían llevar botellas. Además, la presencia de ratas y otros roedores obligaba a los detenidos a colgar sus alimentos para evitar la contaminación.
También se denunciaron tratos crueles por parte del personal policial, incluyendo el traslado forzado de detenidos durante las visitas y la reubicación en espacios aún más reducidos. Muchos dormían de pie o sobre el cemento debido a la falta de espacio y elementos básicos de descanso.
Otra de las violaciones graves señaladas fue la ausencia de atención médica, impidiendo que los detenidos accedan a controles de salud o medicación, incluso en casos de enfermedades crónicas o urgencias.
Tras un peritaje que confirmó la falta de condiciones mínimas de habitabilidad, la Justicia ordenó el traslado de los detenidos a establecimientos habilitados. Además, el juez Martín Miguel Rizzo, del Juzgado de Garantías de Cañuelas, ordenó investigar a funcionarios policiales por posibles delitos y exigió que el Ministerio de Seguridad de la Provincia presente en 15 días un plan de reparación integral del edificio.
