Frente a los múltiples reclamos registrados en los últimos dos días, la Defensoría Ciudadana, ubicada en 53 entre 4 y 5, elevó un pedido de informes a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de La Plata para conocer qué medidas tomará el gobierno municipal ante esta situación, que se está tornando dramática.
Cabe recordar que el conflicto se desató cuando las empresas de transporte, tanto provinciales como municipales, decidieron reducir el servicio a la mitad, argumentando que el aumento del precio del gasoil, sumado a una disminución de los subsidios por parte de las autoridades, volvía “insostenible el mantenimiento del servicio”. En la provincia, el servicio pasó de 18 mil unidades a 12 mil el lunes y a 10 mil en la jornada de ayer. En la ciudad, en tanto, se registraron reducciones de hasta el 50% en algunas líneas.
Entre las principales líneas afectadas se encuentran la Norte, la 273 (cartel verde y rojo), la Este (ramales 14 y 80) y la 214 D, que conectan distintos puntos de la ciudad —como Ringuelet, Tolosa, Gonnet, Villa Elisa, Parque Sicardi, Villa Garibaldi, Arana, Ignacio Correas y Los Hornos— con la zona céntrica.
La situación se vuelve más crítica en los horarios pico, cuando miles de usuarios dependen del servicio para asistir a sus trabajos, universidades o establecimientos educativos. En distintos puntos de la ciudad, muchos vecinos comenzaron a organizarse para compartir viajes en Uber, mientras que, quienes cuentan con vehículos particulares, los ponen a disposición. El panorama es aún más complejo en los barrios periféricos, donde las mayores distancias dificultan el traslado de los estudiantes hacia las escuelas del centro y no todos disponen de un vehículo propio.
“Es insostenible que esto siga así. ¿Quién me va a devolver la plata si me descuentan por llegar una hora tarde?”, expresó Hernán, vecino de Tolosa y estudiante de Ingeniería, quien además trabaja por la mañana en un local de ropa del centro.
Desde la Defensoría denunciaron tiempos de espera excesivos, con intervalos de entre 40 minutos y una hora entre un colectivo y otro. A su vez, exigieron al Municipio precisiones sobre los pasos a seguir para revertir esta reducción del servicio, las posibles sanciones y si se brindará a los vecinos información que les permita organizarse hasta que la situación se normalice.
Mientras tanto, los usuarios son quienes pagan el costo de la disputa entre las empresas y el Municipio: deben afrontar gastos elevados para trasladarse, o soportar largas filas en las paradas bajo la lluvia. A esto se suma el caos de tránsito y el malestar social generado por la creciente cantidad de vehículos en circulación.
Fuente: 0221
