Hace diez días pesaba 43 kilos y decía, entre lágrimas, que se estaba muriendo de a poco. Este sábado, Gabriel García Varde murió sin haber conseguido el medicamento oncológico que PAMI le había rechazado desde enero. Entre medio, tuvo que pedir monedas en el subte para pagar la habitación donde vivía.
Gabriel García Varde tenía 43 kilos cuando volvió a contar su historia frente a una cámara. Diez kilos menos que la última vez que lo había hecho, dos meses antes. El sábado por la noche murió, después de meses reclamando un tratamiento oncológico que, según denunció públicamente, PAMI le negaba de manera sistemática.
La secuencia había quedado registrada. El 22 de julio, Gabriel relató que los médicos le habían indicado un medicamento oncológico de 98.000 pesos y que la obra social se lo había rechazado el 15 de enero, junto con la renovación de otros tratamientos. Para entonces ya había llegado a manifestarse en una de las sedes de PAMI para conseguir, al menos, una medicación de menor complejidad que la recetada. «Me estoy muriendo de a poco», dijo en esa entrevista, mostrando un brazo visiblemente adelgazado.
Lo que siguió no fue solamente una enfermedad avanzando. Fue también la subsistencia diaria de un jubilado que cobraba la mínima y que, según sus propias palabras, no le alcanzaba «para nada». Salía a pedir ayuda en el subte para poder pagar los casi 800.000 pesos mensuales de la habitación donde vivía, en un hotel del barrio de Once. Ahí recibió no sólo dinero sino, en un gesto que circuló después en redes, hasta la campera de un pasajero. Cuatro o cinco días de atraso en el pago, contaba, ya representaban 200.000 pesos que no tenía.
¿Cuánto de lo que le pasó a Gabriel es un caso aislado y cuánto es el resultado previsible de un esquema donde la cobertura de medicamentos de alto costo depende de autorizaciones que pueden demorarse, rechazarse o directamente no llegar? La pregunta importa menos por él, que ya murió, que por los jubilados que hoy atraviesan el mismo circuito y todavía no salieron en ningún streaming.
Su denuncia, de todos modos, no fue silenciosa. Se viralizó, generó una ola de donaciones espontáneas y lo convirtió, sin que él lo buscara, en una referencia de algo mucho más amplio que su caso particular: el de miles de afiliados de PAMI que enfrentan trabas para acceder a tratamientos que la ley dice que deben estar garantizados. La obra social, hasta el momento, no emitió una respuesta pública sobre lo que le ocurrió a Gabriel.
En las redes, la muerte de Gabriel reavivó un debate que circula hace meses en la city que la gestión de Javier Milei minimiza reiteradamente: si el ajuste sobre PAMI y otras prestaciones sociales tiene un costo humano que no aparece en ningún informe oficial. Ese debate no lo va a resolver esta nota, pero la secuencia de los hechos —una denuncia pública, un rechazo documentado, un deterioro filmado semana a semana y una muerte— queda ahí, disponible para quien quiera mirarla.
Gabriel pidió ayuda hasta último momento. La obtuvo de desconocidos en un vagón de subte. No, según todo lo que contó, de la obra social que se suponía debía dársela.
