Las agencias de recaudación nacional y bonaerense activaron embargos masivos sobre empresas que no pueden pagar impuestos porque las ventas no alcanzan. Los planes de pago existentes son insuficientes y las cámaras empresarias hablan de quiebras en cadena. El fisco provincial le echa la culpa a Milei. Los comerciantes, mientras tanto, tienen que elegir entre pagar sueldos o pagar impuestos.
La caída del consumo lleva meses y sus efectos ya no se limitan a los balances de las empresas: ahora llegan a los juzgados. ARCA y ARBA intensificaron sus mecanismos de cobro compulsivo justo cuando el sector productivo menos puede responder, y el resultado es una combinación que varias cámaras empresarias describen como una trampa sin salida.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios envió una carta formal al director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, para advertir que los embargos sobre sumas a cobrar de los clientes de las empresas morosas pueden llevarse puestos a los negocios más pequeños. El mecanismo es novedoso y, según los empresarios, particularmente agresivo: ARCA notifica directamente a los clientes de una empresa deudora para que retengan sus pagos y los depositen al organismo. La plata nunca llega a la cuenta del proveedor. El flujo comercial se corta de cuajo.
La Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA) planteó algo similar: piden planes de pago que permitan a las pymes regularizar deudas sin que eso implique el colapso de su operación diaria. El titular de la entidad, Marcelo Fernández, fue directo: hay empresas que no pueden pagar salarios y, por eso, no retienen. Si retener impuestos se convierte en causa penal tributaria, el escenario se complica todavía más.
¿El fisco está siendo eficiente o está destruyendo el tejido productivo que después va a necesitar para seguir recaudando? La pregunta no es retórica. El secretario de la Unión Industrial de Avellaneda, Federico Cuomo, señaló que la lógica del gobierno prioriza la caja sobre la continuidad de las empresas, y que los embargos más grandes son también los que se ejecutan más rápido.
Al apriete nacional se suma la presión provincial. ARBA también aceleró sus procedimientos, y en territorio bonaerense aparecieron casos que un abogado tributarista describió públicamente como irregulares: el Banco Provincia habría ejecutado embargos sobre contribuyentes en descubierto, obligándolos en la práctica a endeudarse con el banco para pagarle a la provincia. La respuesta oficial de ARBA fue que las medidas cautelares son el último recurso, pero que el aumento de la morosidad es consecuencia directa de las políticas económicas de Javier Milei.
Esa acusación cruzada entre Nación y Provincia ocurre mientras el presidente de la Federación Económica del Chaco advierte que la presión fiscal se siente con más fuerza en el interior del país, donde las veinticuatro federaciones provinciales ya elevaron un reclamo conjunto a CAME para pedir planes más amplios y menos ejecuciones compulsivas. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, por su parte, le pidió al ministro Caputo un régimen especial de facilidades: el esquema actual de ocho a doce cuotas, dicen, no alcanza frente a deudas que crecen con tasas elevadas.
Lo que queda claro es que muchas empresas ya tomaron su decisión: primero pagan sueldos y proveedores, después impuestos. Mientras el Estado exige, el consumo sigue sin dar señales de recuperación.
