En tres años, el empresario detrás de Blender y Carajo pasó de desconocido a candidato a quedarse con licitaciones que rondarían los 200 millones de dólares. La velocidad del ascenso genera preguntas que el sector ferroviario ya no susurra: ¿qué papel jugaron los exfuncionarios del Estado que se sumaron a su entramado empresarial?
Augusto Marini no venía del negocio ferroviario. Su nombre circulaba en el mundo del streaming, como dueño de Blender y Carajo, dos canales con llegada masiva al público joven. Pero en 2023 su grupo dio un giro que pasó casi inadvertido: la adquisición de las operaciones argentinas de TMH, la empresa rusa con presencia en talleres y servicios ferroviarios. Rebautizada como Motora Argentina S.A., esa operación fue el punto de partida de una expansión que hoy ubica a Marini en la disputa por contratos que, según estimaciones del sector, podrían superar los 200 millones de dólares antes de fin de año.
La pregunta que recorre los despachos del rubro no es si Marini creció. Es cómo.
Uno de los movimientos que más llama la atención es la incorporación de Alejandro Javier Hibbert, figura con un recorrido extenso dentro de la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE). Hibbert pasó por la gerencia operativa, la asesoría y el directorio de la empresa estatal, sobreviviendo a gestiones de distinto signo político. Ese perfil lo convirtió en uno de los nombres con mayor conocimiento interno del sistema: los talleres, los expedientes, los proveedores, los despachos donde se toman las decisiones.
Lo que genera interrogantes es la cronología. Según pudo reconstruirse a partir de fuentes del sector, Hibbert ya aparecía vinculado al universo de Cale Group mientras aún mantenía responsabilidades dentro de la estructura ferroviaria estatal. Poco después dejó formalmente la función pública y terminó asumiendo funciones ejecutivas en Motora Argentina. ¿Cuándo exactamente comenzó esa relación? Ese detalle no pudo verificarse con precisión, y es justamente el punto que más incomoda a quienes conocen el funcionamiento del sector.
Otro nombre que aparece en el entramado es el de Enrique Saraví O’Keefe, actual presidente de Carajo S.A. y exfuncionario del Ministerio de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal. En ámbitos políticos de La Plata, Saraví es descripto por fuentes que conocieron aquella gestión como un articulador entre funcionarios, empresarios y áreas estratégicas del Estado, con vínculos cercanos al entonces ministro Gustavo Ferrari. Distintas versiones que circulan desde hace años en la política bonaerense lo ubican cerca de empresas interesadas en servicios para el Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque no existen cuestionamientos judiciales públicos que hayan derivado en responsabilidades formales en su contra.
Su incorporación al holding de Marini es leída por varios observadores del sector como parte de una estrategia deliberada: rodearse de perfiles que conocen los mecanismos de la contratación pública desde adentro.
En definitiva, lo que está en juego no son solo los talleres y las locomotoras. La licitación avanza hacia una definición que podría involucrar cifras que para Argentina, en cualquier contexto, son significativas. Y la historia de cómo se construyó esa posición competitiva en tan poco tiempo todavía no tiene una respuesta clara. En política y en negocios públicos, esa falta de respuesta suele ser, en sí misma, una señal.
