La Defensoría del Pueblo bonaerense había logrado frenar los aumentos de EDELAP y las otras distribuidoras provinciales. Quien fue a la Justicia para destrabarlos no fueron las empresas solas, sino la propia Provincia. El juez había puesto el foco en algo que ningún argumento técnico termina de responder.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata habilitó otra vez el cuadro tarifario eléctrico que la Justicia de Bahía Blanca había frenado a mediados de septiembre. El dato que reordena la discusión no es el fallo en sí, sino quién lo pidió.Fue el gobierno de Axel Kicillof, a través de la Fiscalía de Estado, el que recurrió a la Cámara para que las subas volvieran a liquidarse en las boletas. Del otro lado del expediente estaba la Defensoría del Pueblo bonaerense, que conduce Guido Lorenzino.

Para los usuarios de La Plata, Berisso y Ensenada, la decisión tiene nombre propio: EDELAP. La resolución alcanza también a EDEN, EDEA y EDES y, según informaron medios del interior, a más de 200 cooperativas eléctricas. Los aumentos, aprobados por la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y vigentes desde el 1 de agosto, oscilarían entre el 1,5% y el 3,5%, de acuerdo con lo publicado por distintos medios bonaerenses.

El conflicto arrancó el 18 de septiembre, cuando el juez Agustín López Coppola, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, hizo lugar a la cautelar pedida por Lorenzino. Ordenó retrotraer los componentes provinciales de la tarifa al cuadro anterior y dispuso que lo cobrado por esos conceptos se compensara en la factura siguiente. El argumento central no fue el monto sino el procedimiento.

La última audiencia pública vinculada con una revisión tarifaria se realizó en diciembre de 2016, y desde 2021 la Provincia aplicó ajustes sucesivos sobre los componentes provinciales sin convocar a los usuarios ni habilitar un mecanismo equivalente de participación. Para el magistrado, esa práctica podía vulnerar el artículo 42 de la Constitución Nacional y el 38 de la Constitución bonaerense.

La respuesta llegó el 28 de septiembre. La Fiscalía de Estado, que encabeza Hernán Gómez, pidió revocar la medida y apeló. Con informes del Ministerio de Infraestructura y del OCEBA, sostuvo que volver a los valores anteriores abriría una brecha entre lo que las distribuidoras cobran a hogares y comercios y lo que pagan por la energía en el mercado mayorista, con riesgo para su capital de trabajo y para la continuidad del suministro. El organismo de control agregó que separar componentes nacionales y provinciales resultaba técnicamente inviable, y la Fiscalía advirtió que la Resolución 585 ya había sido reemplazada por la 682/2026 cuando se dictó la cautelar. El juez de Bahía Blanca le negó el efecto suspensivo. La Cámara, en un fallo firmado el 15 de octubre por los jueces Roberto Mora y Diego Ucin, se lo concedió al considerar acreditada, de manera preliminar, una posible afectación del interés público.

Ahí aparece la incomodidad política. ¿Cómo se explica que un gobierno que hizo de la crítica al ajuste tarifario de Javier Milei uno de sus ejes discursivos termine litigando para sostener sus propias subas? La pregunta circula en redes y en medios de signo opuesto, que leyeron la apelación como un alineamiento con las empresas. Hay un dato que alimenta esa lectura: según reconstruyó el portal Examedia, los argumentos de la Fiscalía coinciden con los que presentaron EDEN, EDEA, EDES y EDELAP, que también apelaron la cautelar.

La lectura, sin embargo, admite matices. Los porcentajes en discusión están lejos de lo que suele evocar la palabra tarifazo, y el planteo provincial no defiende tanto un número como la imposibilidad técnica de aplicar un cuadro híbrido que ninguna autoridad había aprobado. ¿Es una defensa del aumento o de la coherencia del esquema regulatorio? ¿O las dos cosas a la vez, con un costo político que la gestión decidió asumir en un contexto de servicios cada vez más caros?

Lo que el argumento técnico no contesta es el cuestionamiento de fondo de la Defensoría. Casi diez años sin audiencia pública es un problema que la actual gestión heredó, pero los ajustes sin participación que señaló el juez corresponden al período iniciado en 2021, ya con Kicillof en la gobernación. Que la objeción provenga de un organismo del propio Estado bonaerense, y no de la oposición, vuelve más difícil archivarla como una maniobra política.

La Cámara aclaró que su decisión no anticipa opinión sobre la legalidad de los aumentos y todavía debe resolver la apelación de fondo. Mientras tanto, las próximas facturas de EDELAP llegarían con los valores del cuadro vigente. Según informó la propia Fiscalía en el expediente, la audiencia pública para la Revisión Tarifaria Integral estaría prevista para mediados de diciembre de 2026. Si se concreta, sería la primera en casi una década.