Una contadora pública de La Plata fue detenida en las últimas horas acusada de encabezar una asociación ilícita fiscal y una millonaria maniobra de lavado de dinero. Se trata de Natalia Romina Foresio, quien según fuentes judiciales y de la Dirección General Impositiva (DGI), habría adulterado facturas por cifras multimillonarias en operaciones que se extendieron desde la capital bonaerense hasta Mar del Plata, Córdoba, Trelew y otras ciudades del país.
Foresio, quien además es madre de un jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, quedó detenida por orden del juez federal Ernesto Kreplak, titular del Juzgado N° 3 de La Plata, luego de una investigación que llevó más de un año y que vincula a importantes empresarios del sector de la obra pública.
La contadora fue imputada por los delitos de asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. La detención se concretó tras una serie de allanamientos realizados por Gendarmería Nacional en distintos domicilios de la ciudad, incluyendo una propiedad ubicada en la zona del Hospital San Martín. Allí se secuestraron documentación contable, dispositivos digitales y una suma impactante de dinero en efectivo: $186.900.000, 348 mil dólares, 1 millón de pesos uruguayos, 5.161 reales, 3.100 libras esterlinas y una cantidad aún no determinada de euros.
De acuerdo con la información recabada por la DGI, Foresio habría trabajado con empresarios dedicados a la construcción y licitaciones públicas, facilitando facturas apócrifas y abultando los costos de obras financiadas por el Estado, lo que abre una nueva línea de investigación por posible defraudación a la administración pública.
Desde 2018, Foresio y su esposo figuran como titulares de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) vinculada al rubro de la construcción, lo que habría servido como vehículo legal para montar la estructura de facturación y lavado. La causa, que continúa en desarrollo, anticipa nuevas detenciones e indagatorias a empresarios que habrían requerido los servicios de la contadora para operar fuera del circuito legal.
Las autoridades judiciales consideran que esta red delictiva puede tener ramificaciones políticas y empresariales de alto nivel, dado el volumen de dinero involucrado y la relación directa con fondos públicos adjudicados en distintas jurisdicciones del país. El expediente, ahora en manos de Kreplak, se perfila como una de las causas de mayor impacto económico y político del año en la región.
