¿Se terminan las falsas amenazas? Buscan que los padres paguen los operativos en las escuelas bonaerenses

El hartazgo por las constantes amenazas de bomba y falsas alertas en las escuelas de la provincia de Buenos Aires llegó a la Legislatura. Un nuevo proyecto de ley busca tocar el bolsillo de los padres como medida de disuasión: si un menor realiza una amenaza, sus tutores deberán hacerse cargo de los costos operativos.

Una respuesta a la «ola» de amenazas

La iniciativa, impulsada por el diputado bonaerense Andrés De Leo (CC), surge tras un pico de tensión ocurrido el jueves 16 y viernes 17 de este mes, donde se registraron más de 1.000 amenazas en distintos puntos de la provincia.

Este fenómeno no solo genera pánico en la comunidad educativa, sino que obliga a activar protocolos de evacuación que paralizan las clases y movilizan a las brigadas de explosivos, bomberos y personal policial.

El costo de una «broma»

El proyecto propone que los padres o tutores legales de los menores detectados como autores de estas amenazas —ya sean alertas por bomba o anuncios de ataques— paguen una multa equivalente a los costos del despliegue público.

“El proyecto surge frente a la interrupción de clases y el importante despliegue de recursos públicos que esto genera”, explicaron desde el entorno del legislador. El objetivo es que la responsabilidad civil recaiga sobre los adultos responsables para frenar lo que se ha vuelto una práctica recurrente.

Impacto en la comunidad educativa

Además del gasto económico, el proyecto pone el foco en el daño emocional. Las constantes evacuaciones generan angustia en las familias y una pérdida irreparable de días de clase.

De prosperar la ley, la Provincia contaría con una herramienta legal para sancionar económicamente a quienes, a través de sus hijos, afecten el normal funcionamiento de las instituciones educativas y el uso de los recursos de seguridad.

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