El calendario universitario platense ya tiene acumula más de 30 días sin cursada. ATULP confirmó medidas de fuerza para el 3 y 4 de junio, y el reclamo sigue siendo el mismo desde febrero: salarios, presupuesto y una ley de financiamiento aprobada hace más de 200 días que el Gobierno nacional todavía no aplica. ¿Hasta cuándo aguanta el año lectivo?

Junio arrancó como terminó mayo: con paro en la Universidad Nacional de La Plata. Los trabajadores no docentes nucleados en ATULP anunciaron dos nuevas jornadas de cese de actividades para el martes 3 y el miércoles 4 de junio. La medida no sorprende a nadie. Lo que empieza a pesar es la acumulación.

En lo que va del año, el conflicto universitario ya suma más de 30 días sin clases o con actividad afectada. El número habla por sí solo a mitad de un ciclo lectivo que todavía tiene varios meses por delante. Desde febrero hasta la fecha, la Asociación de Docentes Universitarios de la UNLP (ADULP) efectuó cuatro semanas de paro: entre el 16 y el 22 de marzo, entre el 30 de marzo y el 4 de abril, del 27 de abril al 3 de mayo, y la última entre el 25 y el 31 de mayo, acumulando 24 días de cese docente. A eso hay que sumar las jornadas nodocentes previas, cuatro Marchas Federales y una Asamblea General en febrero.

Los reclamos son los mismos desde el inicio. Los gremios exigen recomposición salarial, aumento del presupuesto universitario, actualización de becas y cumplimiento de la Ley de Financiamiento, aprobada hace más de 200 días pero aún sin aplicar. El Ejecutivo nacional presentó un recurso judicial y la Corte Suprema todavía no resolvió. Mientras tanto, el año sigue corriendo y las aulas siguen vaciándose porque los salarios no alcanzan y el presupuesto no llega.

La medida fue adoptada de manera unánime por las 56 asociaciones de FATUN, que señalaron que responde al «ajuste, el desfinanciamiento y el ataque permanente a la universidad pública». La posición gremial es clara y consistente. Lo que no está claro es si hay alguna voluntad del otro lado de la mesa de acercar posiciones antes de que el año lectivo termine de desmoronarse.

¿Qué está dispuesto a hacer el Gobierno nacional con una ley que el propio Congreso aprobó? La pregunta no es retórica: es el nudo que nadie quiere desatar. El Ejecutivo frenó la aplicación por vía judicial y, mientras la Corte Suprema demora la resolución, el desgaste se acumula. La repetición naturaliza el conflicto, le baja el volumen a la protesta y erosiona la presión gremial. Difícil no preguntarse si eso no es exactamente lo que el Gobierno estaba buscando.

Tanto las facultades como los colegios de pregrado de la UNLP se verán afectados. En las facultades algunas cátedras optaron por estrategias alternativas para sostener la continuidad del calendario, como encuentros virtuales. En los colegios de pregrado, en cambio, la adhesión históricamente fue total.

Para los estudiantes, la incertidumbre crece. Sostener un ritmo académico con más de 30 días perdidos en la primera mitad del año es cada vez más difícil, y el conflicto lleva cuatro meses sin acuerdo a la vista. La pregunta que nadie responde con precisión es cuántos de esos días se van a poder recuperar y cómo, en un sistema que ya operaba al límite antes de que empezaran los paros.

El conflicto universitario viene de lejos, pero la lógica del ciclo 2026 tiene una particularidad: la ley existe, tiene nombre y número, y el debate ya no es si se debe financiar la universidad pública sino quién tiene la autoridad para decidir que una ley del Congreso no se aplica. Ese es el fondo político del problema, y mientras esa discusión siga en los tribunales en lugar de en la mesa de negociación, los paros van a seguir llegando puntuales, cada dos semanas, como parte del paisaje de la ciudad.