La ANMAT habilitó la venta libre de diez medicamentos de uso frecuente, desde antihistamínicos hasta ivermectina. El anuncio se vendió como una ampliación de derechos, pero desde la provincia de Buenos Aires advierten que esconde otra cosa: menos cobertura y más gasto para las familias. Entre Nación y la Provincia, otra vez, hay dos lecturas de la misma medida.

Desde este miércoles, diez principios activos que hasta ahora se vendían únicamente bajo receta van a poder comprarse libremente en cualquier farmacia del país. La resolución la firmó la ANMAT y se inscribe en la agenda de desregulación que impulsa el gobierno de Javier Milei en materia sanitaria. Antihistamínicos, antiespasmódicos, un antiparasitario como la ivermectina y hasta un jarabe para la tos quedan ahora fuera del control de la receta médica. En la provincia de Buenos Aires, sin embargo, la noticia se leyó distinto.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, presentó la medida como un gesto a favor del bolsillo y de la libertad de elegir. Según explicó, la ampliación de la venta libre busca bajar precios y dar más opciones a los pacientes, además de facilitar el acceso a fármacos para afecciones de baja complejidad. Entre los productos alcanzados aparecen la trimebutina, la levocetirizina, la fexofenadina, el dimenhidrinato, la olopatadina y la carboximetilcisteína, además de la ivermectina y otras combinaciones de uso tópico u oftálmico.

La respuesta desde la provincia llegó rápido. Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, salió a cruzar la medida en sus redes sociales y la definió como otro capítulo de la falsa libertad del gobierno nacional. Según su lectura, el problema no es que los medicamentos se puedan comprar sin receta, sino lo que ocurre después: al pasar a venta libre, estos productos automáticamente dejan de tener cobertura de obras sociales y prepagas, y pierden los descuentos que hoy tienen en las farmacias. El resultado, sostuvo, es que el gasto de bolsillo de las familias va a seguir subiendo.

La discusión de fondo, más allá del cruce discursivo, tiene que ver con qué se entiende por libertad cuando se habla de salud. ¿Ampliar el acceso a un medicamento sirve de algo si ese mismo movimiento le saca la cobertura que antes tenía? La pregunta no es menor en un contexto donde buena parte de los medicamentos de uso frecuente ya viene perdiendo cobertura o subiendo de precio por otras vías, y donde cualquier medida que toque el bolsillo de las familias se convierte rápido en munición política.

Para el gobierno bonaerense, la desregulación de la ANMAT no aparece como un hecho aislado. Kreplak venía de cuestionar días atrás la actual campaña de vacunación antigripal, que según sus propios números no había llegado ni a la mitad de la población buscada. Sumar ahora una medida que, a su entender, encarece el acceso a remedios de uso cotidiano encaja en un relato que el ministerio bonaerense viene construyendo hace meses: el de una gestión nacional que dice ampliar derechos mientras en los hechos los recorta.

Desde Nación, en cambio, el diagnóstico es exactamente el opuesto. Lugones insistió en que la medida permite ampliar las opciones, favorecer la competencia y facilitar el acceso a medicamentos seguros para dolencias que no requieren supervisión médica estricta. En ese esquema, la lógica es que menos regulación es sinónimo de más mercado y, eventualmente, de precios más bajos por la vía de la competencia entre farmacias y laboratorios.

Entre una lectura y otra, lo que queda es un mismo hecho con dos precios distintos: el que anuncia el gobierno nacional y el que, según la Provincia, va a terminar pagando cada familia en el mostrador de la farmacia. La pulseada entre Nación y Buenos Aires por la salud pública, una vez más, se juega en la letra chica.