El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Ejecutivo y dejó firme la cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno ya había cerrado un acuerdo salarial con rectores y gremios, así que el impacto económico inmediato es acotado. Pero el fallo dice otra cosa: la Corte le puso un límite institucional a la estrategia de veto y congelamiento que el oficialismo usó para neutralizar lo que el Congreso aprobó dos veces.

El fallo era técnico. El resultado fue político.

La Corte Suprema desestimó este jueves los planteos del Poder Ejecutivo en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. La resolución, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, cierra una disputa judicial que empezó cuando el Ejecutivo intentó neutralizar por decreto lo que el Congreso había votado.

El recorrido de la causa es elocuente. El Gobierno había vetado la ley. El Congreso insistió en su sanción. Una vez promulgada, el Ejecutivo subordinó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento. En esa maniobra se apoyaba el Decreto 759/2025: el Estado condicionó la aplicación de la ley a la definición de una fuente específica de financiamiento, lo que fue cuestionado mediante un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó cumplirla como medida cautelar. El Gobierno apeló. La Corte rechazó esa apelación.

El fallo no tiene efectos económicos concretos en lo inmediato porque el aumento de este año ya estaba acordado en paritaria. El 10 de junio, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000 millones de pesos. Los números estaban pactados antes de que la Corte se pronunciara.

Pero reducir el fallo a su impacto salarial inmediato sería un error de lectura. Lo que hizo la Corte fue validar institucionalmente la ley que el Gobierno intentó vaciar. El fallo representa un aval a la legislación y al Parlamento. Y eso, en el contexto de un gobierno que hizo del veto y la resistencia a las mayorías legislativas una herramienta de gestión, no es un detalle menor.

Desde el sector universitario lo leyeron así. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, destacó que la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la ley y agradeció a la sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública. Emiliano Cagnaci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), señaló que a partir de esta cautelar deberían actualizarse los salarios que habían quedado retrasados de años anteriores. Esa es la clave que el acuerdo del 10 de junio todavía no resuelve: la ley habla de recuperación salarial desde diciembre de 2023, mientras que lo pactado cubre un tramo más acotado.

Quedan, entonces, varias preguntas abiertas. El expediente sigue en primera instancia, donde el juez Cormick tiene que decidir si el decreto que suspende la ley es constitucional o no. El Gobierno confía en que el acuerdo político convierta el reclamo en abstracto. Las casas de estudio, sin embargo, no estaban dispuestas a retirar la demanda.

¿Puede un acuerdo salarial sellar jurídicamente lo que la ley ordena cumplir en términos más amplios? Esa tensión entre lo negociado y lo legislado es el núcleo del conflicto que sigue sin resolverse. El fallo de la Corte no cierra el caso: lo empuja hacia la instancia donde aún hay margen para que el Gobierno intente convertir lo acordado en el techo y no en el piso.