Tras semanas de negociaciones, este jueves el peronismo bonaerense alcanzó un acuerdo con la oposición para avanzar con una reforma excepcional de la Ley Electoral 5.109, que será tratada este lunes en una doble sesión de la Legislatura bonaerense. El objetivo es modificar los plazos del cronograma rumbo a las elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2025, tal como solicitó la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
El proyecto consensuado entre el oficialismo y todos los bloques opositores establece que la presentación de listas será 50 días antes de los comicios y la oficialización de boletas 30 días antes. Así, el nuevo calendario electoral 2025 fija como fechas clave el miércoles 9 de julio para el cierre de alianzas, el sábado 19 de julio para la oficialización de candidaturas, y el jueves 8 de agosto como plazo límite para presentar las boletas.
Para garantizar la sanción de la reforma en una sola jornada, la vicegobernadora Verónica Magario convocó a una sesión especial del Senado bonaerense a las 14 horas, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, llamó a sesionar a partir de las 15.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores de todos los bloques advirtieron que se trata de una modificación excepcional y transitoria, y que cualquier reforma definitiva del sistema electoral requiere de un debate profundo y consensuado. “Es imperioso que los cambios que requiera la realización de las elecciones en este contexto excepcional no produzcan modificaciones normativas permanentes”, señala el texto.
La iniciativa busca aliviar la carga de trabajo de los empleados de la Junta Electoral y permitir que los partidos políticos cuenten con el tiempo necesario para ejercer su derecho a la defensa y competir en igualdad de condiciones.
La propuesta fue resultado de una serie de reuniones entre representantes legislativos, autoridades de la Junta Electoral y funcionarios del Ejecutivo bonaerense, donde se expusieron los problemas operativos que genera el calendario vigente y la necesidad de adaptar los plazos a las demandas del proceso democrático.
