La agrupación Abogados Solidarios presentó un amparo electoral ante el Juzgado Federal con competencia electoral de La Plata, para que se habilite la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como legisladora provincial por la Tercera Sección Electoral en las elecciones del 7 de septiembre de 2025.
La acción judicial fue impulsada por el abogado Daniel Llermanos, quien se presentó como elector inscripto en esa jurisdicción bonaerense. En su escrito, el letrado argumentó que la inhabilitación de la expresidenta afecta su derecho fundamental a elegir a la candidata de su preferencia, un derecho amparado por la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional.
El amparo apunta a frenar los efectos de la condena en la causa Vialidad. La misma se ratificó recientemente en la Corte Suprema de Justicia. Allí se dejó firme la pena de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ese fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, representa un impedimento legal para que Kirchner compita en las próximas elecciones.
Llermanos sostuvo que tiene plena legitimación activa como ciudadano para accionar judicialmente, en defensa de sus derechos políticos. En la presentación, también se pidió una medida cautelar urgente, ante la proximidad del 19 de julio. Es la fecha límite establecida por la justicia electoral para la oficialización de candidaturas.
Las bases del pedido
El pedido se basa en artículos de la Constitución y tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos garantizan la libre participación electoral y el acceso a cargos públicos. Así, el amparo busca impedir cualquier acto administrativo o judicial que derive en la exclusión anticipada de la exmandataria del proceso electoral bonaerense.
La presentación generó revuelo político. Sobre todo, en un contexto de tensión creciente entre el kirchnerismo y el Poder Judicial, luego de que Cristina Kirchner confirmara que se presentará en Comodoro Py para pedir la prisión domiciliaria tras la decisión del máximo tribunal. La puja judicial por su situación suma ahora una nueva batalla electoral con posible impacto nacional.
