El Gobierno repite el número como una hazaña: 24 impuestos bajados en dos años, más de 100.000 millones de dólares devueltos al sector privado. Pero el dato esconde una pregunta incómoda: ¿quiénes son, en concreto, los que recibieron esa devolución? Cuando se mira la letra chica, el relato de la baja de impuestos como alivio generalizado empieza a mostrar grietas.
El Gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su relato económico sobre la promesa de haber bajado la presión tributaria. Veinticuatro impuestos eliminados en dos años, según cifras oficiales, y una cifra que ronda los 100.000 millones de dólares devueltos al sector privado. El problema no es el número en sí, sino qué esconde: en un sistema tributario tan desigual como el argentino, no todas las bajas de impuestos pesan lo mismo ni benefician a los mismos sectores.
La Argentina se apoya, sobre todo, en impuestos indirectos como el IVA, Ingresos Brutos o el impuesto al cheque, que gravan el consumo y no el ingreso o el patrimonio. Un estudio de Pessino y otros autores, publicado en 2025, muestra que las familias de menores ingresos terminan pagando una proporción mayor de lo que ganan en impuestos que las de mayores ingresos. La razón es simple: quien gana poco gasta casi todo lo que tiene, mientras que quien gana mucho puede ahorrar una parte y esquivar así buena parte de la carga indirecta.
En ese contexto, el primer impuesto que tocó el Gobierno fue Bienes Personales, el que grava el patrimonio de las familias de mayores ingresos. Bajó la alícuota, subió el umbral a partir del cual se paga y, además, congeló esa alícuota reducida por quince años a través de un régimen especial. A eso se sumaron el blanqueo de 2024 y la más reciente inocencia fiscal, reglamentada por decreto a comienzos de este año, que permitieron regularizar patrimonio no declarado a un costo mínimo y acortaron los plazos para que el fisco pueda reclamar por operaciones ocultas.
¿Es casual que las primeras medidas tributarias del Gobierno hayan apuntado justamente a aliviar la carga sobre el patrimonio y no sobre el consumo? La secuencia invita a pensarlo dos veces. También se bajaron los impuestos internos que gravan autos de alta gama, embarcaciones y aeronaves, bienes que no forman parte del consumo de la mayoría de los argentinos. Y se redujeron las retenciones a las exportaciones, una medida que economistas como Guido Zack, director del área de economía de Fundar, consideran necesaria en el mediano plazo, pero cuestionan por el modo en que se hizo, sin compensarla con otros impuestos progresivos que equilibren la ecuación fiscal.
No todo el movimiento fue en la misma dirección. El propio Gobierno restituyó el impuesto a las Ganancias para trabajadores de ingresos medios y altos, algo que organismos como el FMI vienen reclamando ampliar todavía más. Pero esa corrección convive con otra decisión que corre en sentido contrario: el límite a la alícuota de Ganancias para las empresas que se suman al RIGI y al Súper RIGI, que puede caer hasta el 15%, menos de la mitad de lo que puede llegar a tributar un asalariado.
La discusión de fondo excede a este gobierno y atraviesa a buena parte de la dirigencia política argentina, que rara vez pone en el centro del debate la composición del sistema tributario y no solo su nivel. La pregunta que late detrás de cada anuncio de baja de impuestos es la misma: si el Estado necesita recursos para sostener jubilaciones, salud y educación, ¿quién termina pagando esa cuenta cuando se recorta selectivamente? Ahí es donde el relato de la desregulación tributaria empieza a mostrar sus costuras.
