El anteproyecto que iba a liberar el precio de los libros quedó, por ahora, fuera de la agenda legislativa. Patricia Bullrich lo dijo primero y el propio Milei lo ratificó ante Infobae. Pero en las oficinas de Federico Sturzenegger insisten en que «no hay nada definido», una frase que abre más preguntas de las que cierra.

La Ley de Defensa de la Actividad Librera, la que fija que el precio de un libro lo pone el editor y que ese precio rige para todos por igual, iba a caer dentro del paquete de desregulaciones que impulsa el ministerio de Federico Sturzenegger. Este jueves, sin embargo, la senadora Patricia Bullrich le dijo a Infobae que esa reforma «no entró ni va a entrar» en esta etapa. El presidente Javier Milei, consultado por el mismo medio, respaldó la decisión y descartó cualquier fisura interna: «Hay perfecta consonancia en el proceso decisorio», afirmó.

El argumento oficial para bajar la iniciativa es de prioridades. Según Bullrich, el Gobierno quiere «avanzar hacia medidas más estructurales» y, en esa lógica, «farmacias y librerías no lo son». Es una forma de decir que el precio fijo de los libros dejó de ser una batalla que valga la pena dar ahora, al menos en el Congreso. El dato relevante es que la marcha atrás llega después de semanas de rechazo casi unánime del sector editorial y librero, que se movilizó desde las librerías independientes hasta grupos grandes como ILHSA, dueño de Yenny y El Ateneo.

Pero hay un matiz que conviene no perder de vista. Voceros del propio ministerio de Desregulación salieron a aclarar que «no hay nada definido» respecto de la ley, y que lo único cierto es que la derogación «no está en ningún proyecto en el Congreso que se pueda debatir hoy». Es una diferencia sutil pero no menor entre Bullrich, que habla de una decisión tomada, y Sturzenegger, que prefiere dejar la puerta entreabierta. ¿Es un desacuerdo real de fondo o cada uno está jugando un rol distinto frente a la misma decisión?

El respaldo de Milei a Bullrich, en ese sentido, funciona como un mensaje hacia adentro del propio Gobierno. Si la mesa política es la que define la agenda legislativa, como dijo el presidente, entonces la decisión de no tratar la ley no es solo una concesión al sector librero: es también una señal de que Sturzenegger no maneja los tiempos en soledad. La pregunta que queda picando es si esto es un freno táctico, pensado para bajar la temperatura antes de una elección, o si el proyecto quedó directamente enterrado.

El rechazo al proyecto no fue solo corporativo. Juan Pablo Armenio, de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, citó el caso inglés, donde la desregulación del precio fijo terminó con el cierre de 500 librerías y una suba generalizada de precios, salvo en los best sellers. Del otro lado, voces como la de Adolfo de Vincenzi, CEO de ILHSA, advirtieron sobre el riesgo de que cadenas de supermercados o plataformas como Mercado Libre entraran a competir con el libro como producto de atracción, algo que golpearía primero a las librerías chicas.

No todo el sector editorial defendió la ley tal como está. Hubo editores que, en off, reconocieron que la norma quedó atrasada frente a los cambios que trajo la tecnología y que hoy se cumple de manera parcial. La discusión, para varios de ellos, no era si actualizar la ley sino cómo hacerlo sin desarmar el esquema que sostiene a las librerías más chicas. Esa distinción, entre modernizar y desregular, es probablemente el terreno donde se va a jugar la próxima ronda de este debate.

Por ahora, el proyecto quedó afuera del Congreso y el sector librero puede leerlo como una victoria. Pero la frase de las oficinas de Sturzenegger, «no hay nada definido», deja abierta la puerta a que el anteproyecto vuelva a aparecer en otro momento, con otro nombre o dentro de otro paquete de reformas.