El abogado platense Marcelo Peña presentó un proyecto de ley que busca agravar las penas por denuncias falsas, especialmente en causas relacionadas con abuso sexual, violencia de género y tenencia de menores. El letrado advirtió sobre un supuesto entramado de peritos y abogados que —según denunció— “utilizan la mecánica forense para argumentar hechos que no ocurrieron”.
“La consecuencia más grave es el descreimiento social hacia quienes realmente sufren. Se instala un sistema donde las víctimas reales quedan atrapadas entre maniobras judiciales y campañas ideológicas”, sostuvo Peña. Su propuesta legislativa incluye la posibilidad de aplicar penas de prisión incluso a denunciantes mal asesorados, y busca reformar el Código Penal para que la denuncia falsa sea considerada un delito autónomo y de mayor gravedad.
Debate parlamentario: el Senado frena un proyecto que divide a los bloques
En el Senado, un proyecto de Carolina Losada —acompañado por el libertario Juan Carlos Pagotto y con el aval del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona— fue dictaminado en comisión pero sigue sin llegar al recinto. Las razones no son técnicas, sino políticas: «Parte al medio a la mayoría de los bloques», reconocen desde distintas bancadas.
El texto propone penas de hasta seis años de prisión para quienes realicen denuncias falsas en contextos de violencia de género o delitos contra la integridad sexual de niños y adolescentes. También contempla sanciones para peritos y testigos que falseen o silencien información en causas penales sensibles.
“No soy optimista de que ampliar penas resuelva el problema”, dijo el senador Luis Juez, mientras que desde otros despachos advirtieron: “Si una situación fue real pero no se puede probar, podrías terminar preso por haber denunciado”.
Por ahora, la Casa Rosada no impulsa activamente el tratamiento del proyecto, pese a algunos guiños desde Justicia. Si no se trata antes de la renovación legislativa, el expediente volverá a foja cero.
¿Qué dicen las estadísticas?
A pesar del crecimiento del tema en la agenda pública, los datos muestran una realidad más compleja. Según las últimas cifras del Ministerio Público Fiscal, Oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses. de cada 1.000 abusos sexuales contra niños, solo 100 se denuncian y apenas uno llega a condena. Unicef estima que solo tres de cada 10 víctimas rompen el silencio.
En cuanto a las falsas denuncias, el Ministerio Público Fiscal indica que representan entre el 3% y el 6% de los casos, y que ese número se duplica en contextos de divorcios conflictivos. Aún así, organizaciones de infancia y expertos forenses señalan que muchas denuncias no prosperan no porque sean falsas, sino porque la Justicia no logra reunir pruebas o no investiga adecuadamente.
Una tensión entre derechos y garantías
Mientras se profundiza el debate, distintas voces coinciden en la necesidad de mejorar la formación de los operadores judiciales, fortalecer los peritajes y evitar el uso político de casos extremos.
Las organizaciones feministas y de infancia temen que el avance de estos proyectos responda a una reacción conservadora frente a los logros de los movimientos de mujeres, y denuncian el riesgo de instalar la idea de que “la palabra de la víctima ya no vale”.
Del otro lado, sectores del ámbito jurídico y familiares que atravesaron denuncias infundadas reclaman herramientas legales para reparar daños y frenar lo que consideran una “industria” organizada de falsas acusaciones.
En medio de ambas posturas, la Justicia enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio: proteger a quienes denuncian, sin dejar desamparados a quienes son falsamente acusados.
