El exintendente Julio Garro enfrenta un expediente que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción municipal de los últimos años. La investigación avanza sobre loteos ilegales, sobreprecios en convenios y un entramado de funcionarios y empresarios que habrían hecho millonarios negocios durante sus dos mandatos al frente de la ciudad.
El fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta ordenó una seríe de medidas y notificó a desarrolladores inmobiliarios para que presenten documentación clave: planos, expedientes, convenios con el municipio, facturas, pagos de plusvalías y hasta boletos de compraventa. Lo que se intenta probar es cómo se habilitaron barrios privados en zonas prohibidas, sin la convalidación provincial y bajo un sistema paralelo de favores y retornos.
En ese esquema, y según la investigación judicial, los desarrolladores no solo conseguían las autorizaciones de manera irregular: además, se los obligaba a contratar empresas de servicios vinculadas a funcionarios o a entregar parte de las tierras. El resultado era un negocio aceitado, con ganancias millonarias para un círculo reducido de poder político y económico. Entre los señalados figuran exfuncionarios como Marcelo Genoro y Nahuel Paradela, además de empresarios como Ariel Bordigoni, Cecilia Mayocchi, Leandro Arrechea y Facundo Dadin.
EL CASO LA CAÑADA, EN CITY BELL
Uno de los casos más graves que detectó la fiscalía es el del barrio La Cañada, en City Bell, donde un convenio urbanístico por una rotonda pasó de 39 a 64 millones de pesos en apenas semanas, sin justificación técnica alguna. Para los investigadores, un sobreprecio grosero que desnuda cómo funcionaba el sistema.
La ofensiva judicial incluyó allanamientos en la casa de Garro en el country Grand Bell, oficinas de constructoras y domicilios de exfuncionarios. Allí se secuestraron computadoras, contratos y expedientes que hoy son peritados y cruzados con registros notariales. Los delitos investigados son pesados: asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y administración fraudulenta.
EL CLUB SAN LUIS COMO PUNTO DE CONTACTO
Pero además de los documentos, hay un dato que causa ruido en La Plata: el fiscal Condomi Alcorta es hincha y socio activo del club de rugby San Luis, la misma institución en la que participa Julio Garro. Una vez más, el club San Luis aparece como punto de contacto entre actores políticos y económicos que dominaron la escena platense durante la gestión de Juntos por el Cambio, mezclando negocios, poder y vínculos sociales. El cruce genera suspicacias sobre la imparcialidad del proceso y pone en primer plano el rol de las redes de sociabilidad en la política local.
Mientras Garro guarda silencio y en su entorno hablan de “persecución política”, la actual gestión de Julio Alak suspendió más de 400 proyectos de barrios cerrados con irregularidades a la vista. El secretario de Planeamiento, Sergio Resa, ya declaró en la causa y confirmó lo que sospechaba la fiscalía: los expedientes no cierran por ningún lado.
El futuro inmediato no parece favorable para el exintendente. El fiscal prepara nuevas citaciones y no se descarta que se convoque a indagatoria a exfuncionarios de primera línea. Incluso el propio Garro podría ser citado a declarar. El cerco judicial se achica y la trama deja al descubierto cómo, durante los años de su gestión, La Plata se transformó en un paraíso de negocios inmobiliarios a costa de la legalidad, el municipio y los vecinos.
