El Gobierno quiere avanzar con las privatizaciones. Así, se conoció que el Estado quiere vender su participación de Transener S.A., la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país. Energía Argentina S.A. (ex ENARSA) anunció el comienzo del proceso para desprenderse de la totalidad de su participación accionaria.

Actualmente, la participación del Estado está en manos de Citelec S.A., que tiene el 51% de las acciones clase A de Transener. La empresa de la que busca desprenderse el Estado opera una red nacional que incluye aproximadamente 12.400 kilómetros de líneas de transmisión.

A la vez, la propiedad de Citelec está dividida en mitades entre Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y Energía Argentina (ex Enarsa), una de las empresas que el Gobierno busca privatizar, según lo establecido en la Ley Bases. Vale aclarar que es una norma que se aprobó con corrupción como quedó al desnudo con la expulsión del senador Edgardo Kueider.

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, anticipó que “desde el ministerio de Economía, con la secretaría de Empresas Públicas y con Enarsa, se decidió esta semana iniciar el proceso de venta de la participación estatal en Transener”. Se espera que el proceso de venta esté completo en la primera mitad de 2025.

González en el almuerzo por el día del petróleo que organizó el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) afirmó que “este anuncio se alinea con la política del Gobierno Nacional de avanzar en un modelo donde el Estado deje de cumplir roles de empresario, promoviendo la participación privada en sectores estratégicos. Hay que dejar de intervenir y que el estado no compita con el sector privado”.

Luego del anuncio del Gobierno, las acciones de Transener encabezaron el listado de subas en la bolsa porteña, con aumentos del 17,5% en su valuación en el día, y su cotización podría escalar a medida que avance la suba de tarifas que el Gobierno planifica para el primer semestre de 2025.

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Es necesario frenar los tarifazos que son un golpe al bolsillo de los trabajadores. Los servicios públicos son un derecho esencial cuya provisión no puede estar guiada por la lógica del lucro capitalista.

El actual estado de desmembramiento del entramado energético es totalmente irracional, herencia de los 90 y el Gobierno quiere profundizarlo. Para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y la distribución a los usuarios, con gestión democrática por parte de sus propios trabajadores, de técnicos especializados.

Dólares para las petroleras

Por otra parte, González anunció una flexibilización del cepo a las petroleras, otro premio para las empresas que destruyen el ambiente. En su presentación, señaló que el Gobierno pondrá en “plena vigencia del Decreto 929/2013″, que fue aprobado en 2013, “pero nunca fue aplicado en su totalidad, y será finalmente efectivo a partir del año 2025″.

Se trata de una norma emitida durante el gobierno de Cristina Kirchner para facilitar la disponibilidad de divisas a la empresa Chevron. Las empresas del sector estaban habilitadas a mantener en el exterior las divisas generadas por hasta un 20% de sus exportaciones, y no pagar retenciones por esas ventas. Las firmas no pagaban impuestos sobre esas ventas, pero lo que no se aplicaba era la posibilidad de mantener las divisas en el exterior, por el cepo y las disposiciones que obligaban a las empresas a liquidar la totalidad de las divisas producto de sus ventas. Es decir, ahora este Gobierno concede el beneficio a las petroleras de disponer de los dólares y cumplir de manera completa la normativa que concedió el peronismo.

González afirmó que “las empresas del sector podrán exportar el 20% de su producción, no pagar impuestos sobre ese total y mantener en el exterior las divisas generadas por esas exportaciones, siempre y cuando cumplan con haber invertido más de 250 millones de dólares en los tres años siguientes a 2013″. Así, el Gobierno continúa con la entrega de los bienes comunes naturales a grandes empresas extranjeras, y no hay grieta en este aspecto con el peronismo.

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