A través del DNU 1083/2024 se derogó el decreto 805/2021 poniendo fin a la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas establecida en la Ley 26.160, sancionada en 2016 producto de la movilización de los pueblos originarios.

Con la derogación del decreto que prorrogaba su vigencia se busca avanzar en el remate de tierras del país a terratenientes, magnates y multinacionales extranjeras que vienen por los bienes naturales. La ley es un freno básico. Sin esta ley, los Elon Musk o los Benetton tienen el aval para seguir apropiando territorio mapuche y de otras comunidades.

Desde el Gobierno señalan que la medida contribuiría “a fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversiones”, y el decreto sostiene que la emergencia territorial frenó inversiones y proyectos de infraestructura, además de limitar el «uso productivo» de las tierras. Pero sin eufemismos podría decirse que se trata de defender la gran propiedad privada y dar luz verde para el saqueo y el extractivismo en territorios ancestrales a costa de los derechos de las comunidades. El agua dulce y el litio están en la mira de las multinacionales, y la administración libertaria intenta avanzar en su agenda entreguista.

Te puede interesar: Para Milei, Elon Musk tiene más “derechos de propiedad” que las comunidades indígenas

Junto al fin de la emergencia territorial, el decreto también revoca la suspensión de desalojos prevista en la Ley 26.160. Esto implica que los grandes propietarios que ocuparon o buscan ocupar los territorios de las comunidades podrán “retomar acciones legales”.

Si bien el Gobierno intenta avanzar en garantizar esos intereses, el impacto de la decisión está por verse, ya que las comunidades persistirán en su resistencia en los territorios que ocupan ancestralmente, la movilización y la disputa judicial.

El presidente Javier Milei derogó con el decretó 1083/2024 publicado este 10 de diciembre, la ley 26160 que declaraba la emergencia en la ocupación de tierras y se dejó sin efecto el artículo 2 de esa ley, que suspendía la ejecución de sentencias y el desalojo de esos territorios ancestrales.

El decreto de Milei ataca el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos indígenas en la Argentina y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan” y elimina la prórroga de la 21.160 establecida hasta noviembre de 2025. A tono con el discurso racista el decreto estigmatiza a las comunidades originarias, las acusa de “usurpar” tierras y de “ejercer la violencia”.

Ya en 2022, un proyecto de ley, de la entonces diputada nacional, Victoria Villarruel, señalaba que “no puede ser la excusa para avasallar otros artículos de la Carta Magna, como el de propiedad, el de trabajo, el de circulación, el de igualdad ante la ley etc».

Te puede interesar: Opinión. Contra el año I de Milei y los ingenieros del orden

Esta política sistemática del gobierno nacional se inició a diez días de iniciar su mandato, el 20 de diciembre de 2023, Javier Milei emitía el Mega DNU o Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. En esos más de trescientos artículos se configuraba el primero de los ataques: una feroz desregulación en materia de energía, tierra y minería y un nuevo salto legal para la entrega de territorios y bienes comunes a capitales extranjeros, una ofensiva, que, anticipaba un nuevo ataque a los pueblos originarios.

El Gobierno racista de Milei puso punto final a la Ley 26.160 de Emergencia en materia de posesión y propiedad que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
Una declaración de guerra a quienes resisten en los territorios, y que van a dar pelea.

— Natalia Morales (@NatuchaMorales) December 10, 2024

En noviembre de este año, el gobierno de La Libertad Avanza hacía su debut reaccionario en la Asamblea de la ONU, y el día 11 de noviembre Argentina fue el único Estado que votó en contra de una resolución en favor de los derechos de los pueblos indígenas, siendo que en el país la mitad de las comunidades originarias están siendo afectadas en la protección de los derechos de sus tierras y en el acceso a los bienes comunes naturales.

Te puede interesar: Chubut: no hay grieta contra los pueblos originarios

Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su “preocupación ante decisiones administrativas recientes de Argentina que podrían afectar la protección de los derechos sobre tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas y su ejercicio del derecho a la libre determinación”.

El pronunciamiento de la Comisión se basó en datos concretos. Como señala Adriana Meyer “El 30 de septiembre, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) suspendió las solicitudes de personería jurídica de comunidades indígenas en trámite en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), e invitó a los gobiernos locales a crear registros propios. Dicha medida, adoptada sin la participación de los pueblos indígenas, podría llegar a impactar al menos 250 de las 1881 comunidades indígenas identificadas oficialmente en el país, y a cerca del 47% del total de ellas, que aún no han realizado el relevamiento territorial correspondiente”.

Si el gobierno de La Libertad Avanza pudo avanzar tanto en un año con su política que impulsa el a partir de la aprobación del RIGI saqueo de los bienes comunes naturales es porque cuenta con socios directos en el extractivismo entre la oposición política patronal. A eso nos referimos cuando decimos consenso extractivista. Una política de Estado que viene de antes y que se profundiza al calor del negacionismo climático y su intento de subordinar a la mano invisible de los negocios capitalistas directamente los bienes comunes naturales del país. Para llevar adelante esta política hasta el final el gobierno nacional junto a los gobernadores persigue y criminaliza la lucha de los pueblos originarios en defensa del agua y los territorios.

Se vuelve urgente derogar el decreto 1083/2024 y establecer lazos de unidad entre los pueblos que resisten el avance extractivista y la clase trabajadora y sus organizaciones, para enfrentar los próximos pasos que querrá dar el gobierno de Javier Milei en 2025, fortalecer la coordinación de diferentes sectores en lucha y construir fuerzas desde abajo para imponer a las direcciones un verdadero plan de lucha que derrote todo el plan de Milei.