El Gobierno hizo oficial esta decisión mediante la publicación de los decretos 1084/2024 y 1086/2024. Además, estableció un plazo de 10 años desde el fallecimiento de la persona a homenajear para que un edificio pueda llevar su nombre
Prohibieron colocar nombres de políticos a los edificios públicos y el adoctrinamiento en las escuelas
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