Día del Maestro: de Sarmiento a la crisis de la escuela argentina
Cada 11 de septiembre, Argentina vuelve sobre una figura tan enorme como incómoda. Domingo Faustino Sarmiento es recordado como el “padre del aula”, pero su legado está lejos de ser una postal sencilla. Fue un hombre que convirtió a la educación en una herramienta central para construir el país que imaginaba, aunque también sostuvo ideas sobre la sociedad, los pueblos originarios, los gauchos y la inmigración que hoy resultan profundamente cuestionables.
En esa contradicción quizá exista una buena manera de pensar el Día del Maestro: no desde la estatua, sino desde las preguntas.
Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888 y esa fecha se convirtió, décadas después, en el Día del Maestro en Argentina. Su figura quedó asociada a la expansión de la educación pública y a una concepción según la cual el Estado debía intervenir para garantizar el acceso al conocimiento.
Pero hay una precisión histórica importante: Sarmiento fue uno de los grandes impulsores intelectuales de la educación pública, aunque durante su propia presidencia no llegó a sancionarse una ley educativa nacional. La Ley 1420, que estableció la educación primaria común, gratuita, obligatoria y laica, fue sancionada durante la presidencia de Julio Argentino Roca, en 1884.
El Sarmiento que construyó escuelas y el Sarmiento que también excluyó
Resulta difícil comprender la historia educativa argentina sin reconocer la enorme importancia de Sarmiento. Defendió la expansión de la enseñanza, impulsó la formación docente, promovió la educación de las mujeres y entendió que una sociedad con altos niveles de analfabetismo difícilmente podía construir un proyecto nacional moderno. Incluso fundó su primera escuela siendo muy joven, en San Luis.
Pero el mismo Sarmiento que veía en la educación una herramienta de progreso también expresaba una concepción profundamente jerárquica de la sociedad. Su célebre oposición entre “civilización y barbarie” no fue solamente una categoría literaria: estuvo atravesada por una mirada despectiva hacia gauchos, indígenas y otros sectores populares.
Por eso, reivindicar su aporte educativo no obliga a reivindicar todo su pensamiento.
Quizás allí esté uno de los desafíos de la escuela actual: enseñar a Sarmiento sin convertirlo en un santo. Reconocer lo que hizo por la educación pública y, al mismo tiempo, discutir las ideas de exclusión y las contradicciones de su época.
De los noventa a una escuela cada vez más fragmentada
La historia reciente tampoco puede explicarse con una sola bandera política.
Durante los años noventa, la educación argentina atravesó una transformación profunda. La Ley Federal de Educación de 1993 modificó la estructura del sistema y avanzó en la transferencia de responsabilidades educativas hacia las provincias. La Ley 24.049 había habilitado esa transferencia desde 1992.
El proceso tuvo consecuencias que todavía forman parte de la discusión educativa: un sistema más descentralizado, enormes diferencias entre jurisdicciones y una creciente tensión entre las responsabilidades provinciales y la capacidad del Estado nacional para garantizar condiciones similares en todo el territorio.
La Ley Federal también establecía metas de inversión educativa y planteaba incrementar progresivamente el financiamiento. Es decir, la discusión sobre recursos no nació ayer.
Los noventa dejaron, además, una marca social difícil de borrar. La escuela comenzó a recibir con mayor intensidad las consecuencias de la pobreza, la precarización laboral y la fragmentación social. El aula dejó de ser solamente el lugar donde se enseñaban contenidos: cada vez más, pasó a ser comedor, espacio de contención y, en muchos barrios, una de las pocas instituciones capaces de sostener una comunidad.
El kirchnerismo: más inversión y derechos, pero problemas que no desaparecieron
Con los gobiernos kirchneristas hubo un cambio importante en materia de política educativa. La Ley de Financiamiento Educativo de 2005 estableció el objetivo de llevar la inversión consolidada en educación, ciencia y tecnología hasta el 6% del PBI en 2010 y creó, entre otras herramientas, un programa nacional de compensación salarial docente.
En 2006, la Ley de Educación Nacional reemplazó a la Ley Federal y volvió a organizar el sistema educativo nacional bajo una estructura común. También estableció la obligatoriedad de la escuela secundaria y fijó al Estado como garante del financiamiento educativo.
Hubo expansión de derechos, inversión, infraestructura, programas de inclusión y una recuperación del papel del Estado nacional.
Pero tampoco alcanza con contar esa parte de la historia.
Porque más escuelas, más inversión y más derechos no significaron automáticamente mejores aprendizajes. Persistieron problemas de desigualdad, abandono, repitencia, diferencias entre provincias y dificultades para garantizar que todos los chicos adquirieran los conocimientos fundamentales.
La discusión educativa quedó entonces atrapada entre dos verdades que pueden convivir: el Estado puede invertir más y ampliar derechos y, al mismo tiempo, los resultados educativos pueden seguir siendo insuficientes.
Y llegó el presente
Los resultados de las pruebas PISA 2025, publicados esta semana por la OCDE, volvieron a poner el problema sobre la mesa.
Argentina obtuvo peores resultados en matemática, lectura y ciencias que en 2022 y también quedó por debajo de sus resultados de 2018. Apenas el 24% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel básico de desempeño en matemática, mientras que en lectura lo hizo el 40% y en ciencias el 41%.
Los números son duros, pero tampoco deberían utilizarse como una sentencia contra docentes o estudiantes. La propia OCDE advierte que la crisis de los aprendizajes es un fenómeno internacional y que el deterioro comenzó antes de la pandemia en numerosos sistemas educativos.
En Argentina, además, aparecen otros problemas: el 58% de los estudiantes consultados señaló que el ruido y el desorden interrumpen las clases de ciencias con frecuencia, mientras que el 47% dijo que sus compañeros no escuchan al docente.
El sistema enfrenta así una combinación compleja: dificultades de aprendizaje, desigualdad social, pérdida de autoridad pedagógica, ausentismo, problemas de infraestructura y docentes que deben enseñar en contextos cada vez más difíciles.
Y, sobre ese escenario, aparece la política actual.
El gobierno de Javier Milei sostiene que la crisis educativa es consecuencia de las políticas de las últimas décadas y cuestiona especialmente la gestión del kirchnerismo. Al mismo tiempo, sus críticos señalan que el ajuste presupuestario y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación profundizan una situación que ya era delicada.
La discusión vuelve a dividirse en dos trincheras: unos dicen que el problema es el Estado; otros, que el problema es el ajuste.
Pero la escuela no puede resolverse con consignas.
El constante deterioro salarial docente que se agudizó bajo su gestión, sumado al insaciable capricho de mantener el equilibrio fiscal a costa del padecimiento de miles de trabajadores de la educación, no parecen tener un horizonte optimista en torno a la cuestión. Todo lo contrario, los más de 300 días de incumplimiento de Ley de Financiamiento Universitario es un claro ejemplo de ello.
¿Qué queda entonces del sueño de Sarmiento?
Más de un siglo después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué educación quiere construir la Argentina?
Una escuela pública no puede ser solamente gratuita. Tiene que garantizar aprendizaje. Pero garantizar aprendizaje tampoco significa convertir la educación en una competencia de estadísticas.
Hay que recuperar la autoridad del docente sin volver a modelos autoritarios. Hay que exigir resultados sin responsabilizar exclusivamente a quienes están frente al aula. Hay que incorporar tecnología e inteligencia artificial, sin creer que una computadora puede reemplazar a un maestro. Hay que discutir salarios, infraestructura y presupuesto, pero también formación docente, contenidos, evaluación, asistencia y condiciones de enseñanza.
Y, sobre todo, hay que asumir que la crisis educativa no empezó en 2024 ni puede explicarse únicamente por los años noventa, por el kirchnerismo, por la pandemia o por el gobierno de turno.
Es el resultado de una acumulación.
Sarmiento entendió, con todas sus contradicciones, que ningún proyecto de país podía sostenerse sin educación. Los gobiernos posteriores discutieron cuánto Estado debía intervenir, cuánto había que invertir y cómo organizar el sistema. Cada etapa dejó avances y deudas.
Hoy, cuando los resultados muestran que una enorme cantidad de adolescentes no alcanza conocimientos básicos, quizás el mejor homenaje a los maestros no sea repetir una frase de Sarmiento ni idealizar el pasado.
Sea volver a discutir, en serio, qué queremos que aprenda un chico argentino cuando atraviesa la puerta de una escuela.
Porque detrás de cada porcentaje de PISA hay un estudiante. Y detrás de cada estudiante hay un país que todavía está tratando de decidir qué lugar quiere darle a la educación.
Más allá de todo, la labor docente no se mancha, porque no recae en ellos únicamente la potestad de hacer que los estudiantes aprendan, sino que siguen siendo el rol fundamental de promoción de progres y el primer eslabón de la cadena de ascenso social a pesar de los gobiernos de turno.
