El Ministerio de Capital Humano anunció el Gemelo Digital Social, un sistema de inteligencia artificial que cruzaría datos de millones de argentinos para «predecir» escenarios sociales. El problema no es la tecnología: es que nadie sabe quién la va a operar, con qué datos y bajo qué marco legal.
El Gobierno nacional presentó el Gemelo Digital Social con una promesa que suena futurista: un sistema de inteligencia artificial capaz de anticipar problemas sociales antes de que ocurran, cruzando datos educativos, laborales, territoriales y sociales del Estado nacional. La ministra Sandra Pettovello lo definió como «una herramienta pionera a nivel mundial». Javier Milei lo compartió en sus redes con entusiasmo. Lo que ninguno de los dos explicó es cómo funciona exactamente, quién lo construye, cuánto cuesta y qué pasa con los datos de los argentinos que van a alimentarlo.
Un gemelo digital, en términos técnicos, es una réplica virtual de un sistema real que se alimenta con datos para simular escenarios. En la industria y en la ingeniería lleva décadas de uso. Lo nuevo, y lo que genera ruido, es su aplicación a fenómenos sociales. Según Diego Fernández Slezak, investigador del CONICET y director del Laboratorio de IA Aplicada en la UBA, la tecnología para hacer eso «todavía no está disponible» en el sentido en que el Gobierno la presenta: no hay un solo caso de éxito documentado científicamente de que este tipo de modelos funcionen para predecir comportamientos sociales a escala. El especialista fue directo: considera «un poco apresurado» lanzarse a hablar de simulaciones de políticas sociales cuando no existe ni una demostración científica de que eso sea posible.
El anuncio oficial describió cuatro etapas de implementación: diagnóstico interno, una primera mesa de trabajo con actores públicos, privados y académicos, definición de arquitectura tecnológica y una segunda mesa sobre privacidad y ética algorítmica. Sin fechas. Sin presupuesto. Sin organismos responsables. El propio documento no menciona de qué bases de datos concretas se va a nutrir el sistema, si el sector privado aportará datos propios ni si habrá consentimiento informado de los ciudadanos cuyos datos sean procesados.
Ahí es donde aparece la pregunta que el Gobierno no responde: ¿quién opera este sistema? Las sospechas apuntan a Palantir, la empresa estadounidense cofundada por Peter Thiel, quien en las últimas semanas se reunió con Milei, con el asesor presidencial Santiago Caputo y con el ministro Federico Sturzenegger. El lenguaje del anuncio oficial, según varios analistas, es casi calcado del catálogo de productos de esa compañía. Javier Pallero, especialista en derecho y tecnología, fue cuidadoso al respecto: «Lo prudente no es asumir que es Palantir. Es exigir que se aclare quién es, antes de que la decisión esté tomada». No hay contrato confirmado. Pero tampoco hay ninguna respuesta oficial que descarte nada.
¿Por qué importa quién es el proveedor? Porque si los datos más sensibles de la población argentina terminan procesados por una empresa extranjera con vínculos históricos con agencias de inteligencia, el Estado pierde control sobre su propia política social. Pallero lo planteó así: una vez que toda la información de una persona vive en un mismo lugar, la tecnología no distingue entre llegar antes con una pensión y llegar antes con una deportación. No es una hipótesis abstracta: Palantir opera contratos con el sistema de salud del Reino Unido y con el servicio de migraciones de Estados Unidos.
El marco legal argentino, por su parte, no está preparado para esto. La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales tiene veinticinco años y no contempla decisiones automatizadas ni evaluaciones de impacto algorítmico. La abogada Betania Allo, especializada en ciberseguridad e inteligencia artificial, identificó tres capas de riesgo: técnico, porque los modelos entrenados con datos administrativos históricos codifican los sesgos del Estado pasado como si fueran leyes naturales del comportamiento; de gobernanza, porque un sistema que recomienda decisiones puede derivar en lo que la literatura llama «blanqueo algorítmico», donde un funcionario usa la recomendación de la máquina para justificar algo que ya decidió de antemano; y estructural, porque la expresión «Estado predictivo» no es neutral: describe un Estado que actúa sobre personas en función de comportamientos que todavía no ocurrieron. La línea entre prevención y exclusión preventiva, advirtió Allo, es técnica, no retórica.
Frente a las críticas, la ministra Pettovello aseguró que el sistema solo trabajará con «datos generales, estadísticos y anonimizados». Esa afirmación choca con la lógica misma del gemelo digital tal como fue anunciado: si los datos son completamente anónimos y generales, el nivel de personalización que promete el sistema es técnicamente imposible. Algo no cierra.
Diputados de distintos bloques ya presentaron pedidos de informes. Por ahora, lo que existe es una declaración de intención con música épica y sin arquitectura. Los países que el propio Gobierno cita como referencia, Singapur y el Reino Unido, construyeron primero el andamiaje institucional y después desplegaron la tecnología. Argentina parece querer hacer el camino al revés.
