El incendio del depósito clandestino de electrodomésticos de la firma Al Tecno S.A., estrechamente vinculada a la familia Aloise, sigue generando repercusiones más de una semana después de los hechos.

La Justicia autorizó la demolición controlada del edificio ubicado en diagonal 77 y 48, que aún representa un riesgo para los vecinos y transeúntes.

El inmueble, de cuatro pisos, sufrió daños estructurales severos a raíz del fuego, y continúa con riesgo de colapso espontáneo. Por ello, las autoridades judiciales dieron luz verde para que especialistas realicen una demolición planificada, evitando nuevas tragedias o daños colaterales en las propiedades linderas.

Un depósito ilegal, en el centro de la polémica

Las imágenes del incendio en el corazón de La Plata, con electrodomésticos cayendo al vacío y llamas elevándose varios metros, aún están presentes en la memoria de los vecinos. El depósito funcionaba sin ningún tipo de habilitación municipal, lo que pone a la empresa y a sus responsables en el centro de una grave denuncia penal.

Desde entonces, la zona permanece aislada, con calles cortadas, un fuerte olor a quemado y un operativo constante de prevención para evitar más accidentes. Además, una vivienda lindera quedó destruida y otro edificio fue evacuado ante posibles daños estructurales por el calor extremo del incendio.

Según las pericias realizadas en el lugar, el predio no está en condiciones de mantenerse en pie. Por eso, la demolición será inminente, aunque aún no tiene fecha definida.

Esperan estudios técnicos clave

La demolición requerirá una ejecución precisa y segura. Según explicó el ingeniero civil Jorge Mario Bertolino, será fundamental esperar los resultados de la pericia de Bomberos que determine la temperatura alcanzada por el fuego y su impacto en los muros compartidos con construcciones aledañas.

«Hay que estudiar qué tan comprometida quedó la medianera del edificio contiguo», señaló Bertolino, y remarcó que, por estar en una esquina, el depósito tenía poco contacto con otras estructuras, lo cual podría minimizar daños secundarios.

Mientras tanto, los vecinos de la zona aguardan con incertidumbre poder regresar a sus hogares. La demolición del edificio ilegal de Al Tecno S.A. será el próximo paso en una causa que promete escalar judicialmente y destapar irregularidades edilicias que, en este caso, pusieron en riesgo la vida de muchas personas.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo aumento en la tarifa de agua y cloacas que presta la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

Según se detalla en una resolución publicada en el Boletín Oficial, a partir del 1° de agosto, el valor del metro cúbico/módulo general pasará a costar $177,50, lo que representa una suba del 8,57% respecto del valor vigente hasta ahora.

El incremento se da en el marco del mecanismo de actualización tarifaria previsto por el Decreto N°3.044, que autoriza revisiones cada cuatro meses. La fórmula contempla dos indicadores: el Índice de Salarios (IS), vinculado a los sueldos del personal estatal bajo la Ley N°10.430, y el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del INDEC, particularmente en lo referido a energía eléctrica y productos químicos, insumos esenciales en el proceso de potabilización.

La suba impactará en todas las zonas donde opera ABSA

La actualización tarifaria fue solicitada por la empresa ABSA y validada por diversos organismos provinciales, entre ellos la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección de Control Técnico y la Dirección Provincial de Regulación y Planificación Tarifaria. Todas estas áreas concluyeron que el nuevo cuadro tarifario cumple con los parámetros establecidos por la normativa.

Según se informó, la empresa deberá publicar los nuevos valores en su sitio web y notificar a sus usuarios mediante canales digitales al menos un día hábil antes de su entrada en vigencia.

El aumento impactará en todas las ciudades bonaerenses donde ABSA presta servicios de captación, potabilización, distribución de agua y tratamiento de efluentes cloacales.

En comparación con el último ajuste, autorizado en abril de 2025, cuando el valor pasó de $163,22 a $163,48 (un alza mínima), este nuevo aumento representa una suba más significativa, de $14,02 por metro cúbico, lo que refleja el efecto combinado de la inflación y la presión sobre los costos operativos del sistema sanitario provincial.

La Justicia avanza en la investigación por el fentanilo contaminado que ya provocó la muerte de al menos 54 personas y más de 90 casos de intoxicación en distintos puntos del país.

Mientras crecen las denuncias, un informe reciente reveló que los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. —vinculados a la cadena de suministro— acumulan múltiples alertas y sanciones de la ANMAT por graves irregularidades.

El caso tomó trascendencia nacional luego de que el Hospital Italiano de La Plata denunciara públicamente el uso de un lote adulterado de fentanilo, hecho que derivó en una serie de medidas urgentes por parte de las autoridades sanitarias. Desde entonces, la investigación apunta a una cadena de negligencias y omisiones que involucra a actores clave del sistema farmacéutico argentino.

Irregularidades, prohibiciones y un historial alarmante

El primer llamado de atención llegó el 24 de febrero, cuando la ANMAT inspeccionó a Laboratorios Ramallo S.A. por incumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). A partir de ahí, se sucedieron una serie de medidas que dejaron al descubierto un entramado crítico: el 6 de marzo, se prohibió la venta de dopamina del laboratorio HLB, al detectarse que carecía de etiquetas de trazabilidad obligatorias. Ese mismo día se ordenó además el retiro del lote N° 60000 de Propofol HLB, por la misma falla.

El 16 de abril, HLB debió retirar todos los lotes de Propofol producidos bajo un mismo certificado. La presión creció el 24 de abril, cuando se prohibió la distribución de Diclofenac y Morfina HLB, también por incumplimientos graves. Todos los retiros incluyeron exigencias de documentación y pruebas de cumplimiento ante la Dirección de Vigilancia Post Comercialización.

La denuncia del Hospital Italiano y la intervención judicial

El 8 de mayo se produjo el punto de quiebre: la ANMAT prohibió el uso de fentanilo inyectable de HLB Pharma tras una denuncia directa del Hospital Italiano de La Plata. La sustancia, que se distribuyó con la denominación “Fentanilo HLB / Citrato de fentanilo 0,05 mg/ml”, fue vinculada a casos de intoxicación y muerte en pacientes críticos. Desde entonces, el uso del producto quedó prohibido a nivel nacional.

La justicia federal intervino rápidamente, y aunque aún no hay imputados ni detenidos, la familia García —propietaria de HLB— quedó en el centro de la investigación. Ariel Fernando García, sus hermanos Damián Roberto y Diego, y su madre Nilda Furfaro, enfrentan una inhibición de bienes, mientras se analizan otras posibles víctimas fatales no registradas oficialmente.

Una crisis sanitaria sin precedentes

El caso del fentanilo adulterado expone una crisis estructural en el control y seguimiento de medicamentos de uso crítico en Argentina.

Mientras el Estado busca contener el impacto y evitar nuevos casos, familiares de las víctimas exigen justicia, y el sistema sanitario sigue expuesto a los efectos de una cadena de fallos que se extendió durante meses sin respuesta efectiva.

HLB y Ramallo S.A. se consolidan así como los principales focos de un escándalo que ya dejó al menos 54 muertes confirmadas, con la sospecha de que el número real podría ser aún mayor.