Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires continúan programadas para el 13 de julio, al menos por ahora, luego de que la Cámara de Diputados postergara el tratamiento del proyecto para suspenderlas, aprobado la semana pasada por el Senado. La sesión prevista para este miércoles se limitará únicamente a rendir homenaje al papa Francisco, quien falleció el lunes a los 88 años.

El presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera, confirmó que no se incluirá el debate sobre la suspensión de las primarias, lo que mantiene vigente el cronograma original. El proyecto impulsado por el Ejecutivo contaba con consenso político, aunque el conflicto surgió cuando el Senado eliminó el apartado que modificaba los plazos electorales propuesto por el gobernador Axel Kicillof, lo que generó tensiones internas entre el kicillofismo y otros sectores del kirchnerismo.

Kicillof había resuelto desdoblar las elecciones provinciales a través de un decreto, y solicitó reestructurar el calendario para facilitar su implementación. Sin embargo, al eliminarse esa parte del texto original, el Senado aprobó solo la suspensión de las PASO, dejando sin efecto los cambios en los plazos.

En paralelo, la Junta Electoral de la Provincia también pidió al Legislativo una modificación urgente del cronograma. El próximo jueves vence el plazo para presentar las fichas de afiliación y listados de afiliados, que deben ser validados por la Justicia Electoral Nacional, y aún no hay certezas sobre una posible extensión.

Entre los cambios propuestos por el Ejecutivo, se destacan convocar las elecciones con 100 días de anticipación en vez de 60, reconocer alianzas con 80 días de antelación (actualmente son 60), presentar listas 70 días antes (hoy se exigen 30) y entregar las boletas 50 días antes del comicio (en lugar de 20). No obstante, en ausencia de una definición legislativa, estos cambios no se aplicarán, por lo que el calendario electoral sigue en pie sin modificaciones.

A una semana de la reactivación de las negociaciones salariales entre la Provincia de Buenos Aires y los gremios que nuclean a estatales y docentes, el escenario sigue marcado por la incertidumbre y la falta de respuestas concretas. A pesar de las expectativas generadas, la gestión bonaerense aún no presentó una oferta salarial para abril y los plazos empiezan a jugar en contra.

En el primer encuentro del mes, las autoridades provinciales se limitaron a exponer el panorama económico y financiero, sin avanzar en ninguna propuesta de aumento. Solo quedó el compromiso de volver a convocar a los gremios “en el corto plazo”, algo que todavía no ocurrió. El reciente feriado de Semana Santa acortó la agenda y los sindicatos comenzaron a expresar su preocupación por la demora.

Uno de los gremios estatales formalizó un pedido para que se reabra de forma urgente la mesa paritaria. “Ya estamos re pasados”, admitieron desde el sector sindical, haciendo referencia a que cualquier suba debe definirse pronto si se pretende que impacte en los haberes de abril, que se liquidan a comienzos de mayo.

El último incremento otorgado por el Ejecutivo fue del 7% en febrero y un 2% en marzo, cifras muy por debajo de la inflación acumulada, según los registros del INDEC. Esta disparidad genera cada vez más presión sobre los salarios, tanto en los trabajadores del Estado como en los de la educación.

Desde los gremios reconocieron que hubo contactos informales, aunque sin avances concretos. “Vamos a esperar, calculamos que esta semana habrá algún avance”, señalaron con algo de optimismo. Sin embargo, el tiempo apremia y los plazos administrativos dificultan una liquidación con retroactividad a abril. “Excepto que hagan alguna movida informática, cosa que parece muy difícil”, explicaron fuentes gremiales.

En el caso de los docentes, la situación es similar. Aún sin novedades oficiales, trascendió la posibilidad de que se convoque a una nueva reunión entre miércoles y jueves, aunque por ahora no hay nada confirmado.

Con este escenario, todo indica que abril podría cerrar sin una mejora salarial para estatales y docentes bonaerenses, profundizando el malestar de sectores que vienen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.