El 10 de diciembre de 2023 Javier Milei juró su cargo de Presidente en el Congreso y brindó luego un discurso de espaldas al mismo, sobre una plaza semivacía. Bajo la premisa de que era necesario llevar adelante un profundo ajuste o sobrevendría una hiperinflación, anticipó desde el día uno que “la casta” era el pueblo trabajador. El derrotero de salarios, jubilaciones e ingresos populares durante su primer año de gobierno confirma sobre quién pasó Milei la motosierra, como analiza Mónica Arancibia.

Bajo el objetivo estratégico de reestructurar el país al servicio del capital financiero internacional llevó adelante un brutal ajuste sobre la clase trabajadora junto con reformas antiobreras. Resistidas en las calles, Milei contó con la ayuda de sectores políticos y sindicales dadores de gobernabilidad para impulsarlas. El especialista Luis Campos explica los efectos del ajuste en la pérdida de empleos y la dinámica heterogénea de los salarios, así como las consecuencias sobre las condiciones de trabajo que implican los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y sobre el Empleo Público, contenidos en la Ley Bases.

De la megadevaluación de Caputo, la liberalización y la motosierra fiscal que hundió a la economía en la recesión, el gobierno de LLA pasó a un esquema de apreciación cambiaria que alimentó la especulación financiera. A contramano de la prometida dolarización (aunque sí con una licuación de los ingresos y ahorros que enriqueció a los bancos como analizaron en esta nota Emiliano Trodler y Martín Schapiro publicada el mes pasado), mantuvo el cepo al dólar y continuó rindiendo pleitesía al FMI. En el primer semestre del año las grandes empresas que cotizan en Bolsa de Comercio de Buenos Aires quintuplicaron sus ganancias a base de una transferencia fenomenal de ingresos desde los asalariados al sector concentrado de la economía, como demuestra un estudio del IPPyP y explica en mayor detalle Claudio Lozano en una entrevista a este medio.

El árbol de la desaceleración reciente (y relativa) de la inflación podría tapar el bosque de las riesgosas consecuencias sobre el entramado productivo que implica el modelo propuesto por el gobierno. ¿”y si sale bien”… para quiénes? se preguntan Lucía Ortega y Martín Schorr, continuando el análisis de los efectos de la regresividad en la distribución primaria del ingreso y los sectores de actividad que resultaron favorecidos o perjudicados por las políticas económicas, teniendo en cuenta su participación en el valor agregado total. Un ejemplo sujeto a comparación de este modelo a escala regional es el caso de Perú, exaltadas sus bondades por la baja inflación y el crecimiento de las exportaciones, pero sobre la base a enormes desigualdades, un saqueo de los bienes comunes naturales y la precarización laboral generalizada, como analiza Matías Hof. El derrame nunca llegó.

Entre los sectores ganadores de este primer año con Milei se destacan las empresas privatizadas de energía beneficiadas por fuertes tarifazos y desregulaciones, como detalla Julio Pérez.

Si bien la industria perdió peso relativo en el producto total, algunos sectores que ocupan posiciones clave en las cadenas de produccion y distribución de bienes y servicios lograron aprovechar las ganancias de la devaluación y descargar los costos sobre los precios finales, como es el caso de las grandes alimenticias, como analiza Guadalupe Bravo.

En este especial entrevistamos a Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, y a Candelaria Botto, Directora de EcoFeminita y columnista económica en diversos medios, acerca de las consecuencias que dejó el brutal plan de ajuste y motosierra. ¿Quiénes son los perdedores y ganadores? ¿Y si sale bien? son las preguntas más actuales de la agenda nacional. Acá compartimos la opinión de Botto y Kalos.

Desde la Izquierda no queremos debatir por dónde pasa la motosierra o si el ajuste hay que hacerlo con otros modales. Este año hubo sectores que enfrentaron el ajuste de Milei como los estudiantes, los jubilados, trabajadores como aeronáuticos, aceiteros, docentes, por mencionar algunos, pero los dirigentes sindicales no se pusieron a la cabeza de organizarlas o unir estas peleas y fragmentaron cada demanda.

Hay que seguir en cada lucha, y pelear para organizarse desde abajo, unir las luchas y exigir a las centrales sindicales que terminen la tregua. Es necesario un verdadero plan de lucha para enfrentar el saqueo y la motosierra que buscan profundizar el Gobierno, las grandes patronales y el FMI, y evitar una nueva catástrofe social imponiendo con la más amplia movilización popular una salida de otra clase.

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Se agradece especialmente a Luis Campos, Claudio Lozano, Candelaria Botto, Martín Kalos y Martín Schorr por su participación.

Realizaron este informe especial Guadalupe Bravo, Mónica Arancibia, Lucía Ortega, Matías Hof y Julio Pérez.

Imágenes y diseño: Fernando Lendoiro- Enfoque Rojo.

“El ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta» repitió Javier Milei en varias entrevistas durante la campaña electoral, pero rápidamente esto cambió, la casta éramos nosotros. En su discurso de asunción como presidente ya anticipó lo que vendría, un ajuste contra la clase trabajadora.

En el discurso el presidente confesó “no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente ello impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes” y así fue. En diciembre las primeras medidas del “caputazo” que incluyeron fuerte devaluación, suba de tarifas de los servicios públicos, despido de trabajadores estatales, congelamiento de planes Potenciar Trabajo, freno a la obra pública, entre otras, provocaron un salto de la inflación, y un deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares.

La economía se frenó lo que provocó una desaceleración de los elevados niveles de inflación, pero el poder de compra de los salarios, de las jubilaciones y de los programas sociales sigue sin recuperar lo perdido por la escalada de precios que provocaron las medidas anteriormente mencionadas. Es decir, baja la inflación, pero igual no se llega a fin de mes. Además, la caída de la actividad económica impactó en un aumento de la desocupación y la pobreza.

No todos perdieron. En el último año hubo un incremento de la desigualdad y se profundizó la transferencia de ingresos desde los asalariados al gran capital. En el primer semestre de este año los empresarios mejoraron su porción (Excedente de Explotación Bruto (EEB), una aproximación a la masa de ganancias de las empresas) de la torta de riqueza producida al 33% respecto al mismo período de 2023, mientras que la participación de la Remuneración al Trabajo Asalariado (RTA) cayó del 46,4 al 43,9% en la primera mitad de este año, según datos del Indec. Estos datos dejan a la vista qué clase social se lleva cada parte de riqueza social que generan las trabajadoras y trabajadores del país.

Meses eternos al final de los salarios y las jubilaciones

El presidente se jacta de repetir que “hay una fuerte recuperación de los salarios reales”, pero oculta el golpe que recibieron los salarios con la devaluación de diciembre. Según los últimos datos disponibles del Indec de septiembre, los salarios del conjunto de la clase trabajadora, formal e informal, perdieron un 16,6% en relación a noviembre de 2023.

En tanto, al interior de la clase trabajadora la pérdida es desigual y los trabajadores informales y públicos son los más afectados. En el sector privado formal los salarios se recuperaron a partir de abril, pero este aumento fue insuficiente. El poder adquisitivo de este sector se ubicó en septiembre un 1,5% por detrás de su nivel de noviembre de 2023. Este es el sector de la clase trabajadora mejor pago y que tiene paritarias. Sin embargo, perdió un 24,8% en relación a 2015 (septiembre 2024 versus octubre 2015).

En el sector público (de todos los niveles) el poder de compra del salario fue más fluctuante, pero no exhibió esa recuperación parcial que se dio en el sector privado: en septiembre, el sector público, mostró un derrumbe de 16,1% en relación a noviembre de 2023. La baja en relación a 2015 es de 40,6% (septiembre 2024 versus octubre 2015).

Por el rezago de cinco meses que tiene la estimación del componente del sector privado no registrado de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que se utiliza para el cálculo del salario, el poder adquisitivo del sector informal muestra una mejora en relación a noviembre de 2023. Sin embargo, el desplome del salario real para los trabajadores no registrados en septiembre fue de 49,7% en relación a octubre de 2016 (año en que comienza la serie del Indec).

Este deterioro del poder adquisitivo es lo que explica por qué aunque la inflación se desacelera no alcanzan los salarios para llegar a fin de mes. Luis Caputo encomendó al secretario de Trabajo Julio Cordero que las paritarias no superen el 3% mensual, así busca pisar los salarios y consolidar la pérdida. Es para destacar a los trabajadores aceiteros que luego de un paro de siete días que paralizó la producción agroexportadora del país, lograron romper el techo salarial. Este es el camino para enfrentar los planes de ajuste oficiales.

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Otro blanco del ataque de Milei y Caputo fueron las jubiladas y los jubilados, otro Gobierno más que usa de variable de ajuste a los adultos mayores. Milei cambió la forma de actualizar los haberes previsionales a través de un decreto, que estableció una actualización según la inflación desde julio. La trampa de la fórmula es que no recompuso el saqueo que provocó el salto de la inflación de diciembre. Luego el presidente vetó la nueva ley de movilidad previsional impulsada en el Congreso Nacional, que otorgaba a los jubilados un mínimo aumento: $17.000 mensuales por jubilada o jubilado que percibe el haber mínimo. El ajuste no fue exclusivo del gobierno, en el Congreso además de La Libertad Avanza, tanto el PRO como un sector de la UCR votaron para defender el veto de Milei. El presidente llamó “héroes” a los diputados que votaron a favor de mantener el ajuste a los jubilados, y lo celebraron con un asado en Olivos.

El resultado es que el poder de compra de las jubilaciones registra en promedio (11 meses) una caída real de 21% respecto del mismo período de 2023, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La jubilación mínima en octubre fue de $314.320,56 (con bono incluido) mientras que la canasta de los jubilados, que elabora la Defensoría de la Tercera Edad de Ciudad de Buenos Aires, se ubicó en alrededor de $912.000. Es decir, que ese haber mínimo permite vivir solo diez días del mes. Al recorte de los haberes también se sumó una poda a la cobertura de medicamentos por parte del PAMI.

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El drama de los jubilados empeoró con Milei, pero no comenzó en los últimos meses. Según estimó La Izquierda Diario, entre 2015 y 2024, los haberes máximos perdieron un 51% de poder de compra, los haberes mínimos (sin bono) se desplomaron 47% en términos reales, en tanto que los haberes con bono perdieron 32% (octubre-2024 vs noviembre-2015). Hay un saqueo histórico a las jubilaciones.

El Gobierno también atacó a las organizaciones sociales, dejó de entregar los alimentos a los comedores y cortó los fondos. A raíz de una investigación periodística se conoció el acopio de alimentos y el ministerio de Capital Humano, cuya titular es Sandra Pettovello, dejó vencer toneladas de alimentos. Según datos de OPC, la partida de Potenciar Trabajo tuvo una caída real de 59,3% en los primeros once meses del año en relación al mismo período de 2023, en tanto el rubro Políticas Alimentarias tuvo un recorte real de 18,1%.

Milei ajusta a los sectores más vulnerables, así la pobreza escaló a 52,9% y alcanzó a 25 millones de personas en el primer semestre de 2024 (11,2 puntos más desde el segundo semestre de 2023), y hay 3 millones de personas que son indigentes, es decir que pasan hambre.

En este retroceso en las condiciones de vida de la clase trabajadora hubo cómplices y garantes del ajuste como el rol cómplice de las direcciones sindicales que negociaron incluso con el Gobierno como la reforma laboral y ahora ya se tomaron vacaciones al descartar un paro porque “no es el momento”.

El peronismo también hizo su aporte a la gobernabilidad, como los apoyos parlamentarios (peronismo provincial) que hubo a la Ley Bases, vetos en jubilaciones y financiamiento universitario, así como también el rol que jugó de contención para evitar la extensión de la resistencia al ajuste como pasó en los paros nacionales, las marchas universitarias y otras luchas en el país.

Motosierra o ajuste con otros modos, esa no es la cuestión

El presidente Javier Milei afirmó que seguirá “a full con la motosierra” y compartió una foto con todos los ministros y miembros de su equipo de Gobierno, y en el centro de la imagen, una motosierra. En tanto, sectores del peronismo señalan que era necesario un ajuste, o como reconoció el periodista Iván Schargrodsky que el programa económico de Massa se parecía más a lo que hizo Milei “un ajuste fiscal con caída del salario, pero con compensaciones sectoriales y sin despidos masivos”. En tanto, Cristina Fernández señaló en cartas e intervenciones estar a favor de privatizaciones, de reforma laboral, entre otras. Es decir, la música de Milei de seguir perdiendo derechos también es reproducida por la oposición. Por su parte, no hay matices entre el oficialismo ni en la oposición en profundizar el saqueo extractivista ni en continuar el pago de la deuda, o sea honrar una estafa.

La Izquierda propone otro rumbo, no queremos debatir por dónde pasa la motosierra o si el ajuste hay que hacerlo con otros modales. Este año hubo sectores que enfrentaron el ajuste de Milei como los estudiantes, los jubilados, trabajadores como aeronáuticos, aceiteros, docentes, por mencionar algunos, pero los dirigentes sindicales no se pusieron a la cabeza de organizarlas o unir estas peleas y fragmentaron cada demanda.

Hay que seguir en cada lucha, y pelear para organizarse desde abajo, unir las luchas y exigir a los dirigentes sindicales que terminen la tregua y convoquen a acciones de lucha para enfrentar la deep motosierra que quiere imponer el Gobierno.

El gobierno del liberal libertario Javier Milei llega a su primer año de gestión. Desde La Izquierda Diario entrevistamos a Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, y a Candelaria Botto, Directora de EcoFeminita y columnista económica en diversos medios, acerca de las consecuencias que dejó el brutal plan de ajuste y motosierra. ¿Quiénes son los perdedores y ganadores? ¿Y si sale bien? son las preguntas más actuales de la agenda nacional. A continuación compartimos la opinión de Botto y Kalos.

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-A un año del gobierno de Javier Milei, ¿Quiénes son los ganadores y perdedores de su plan económico?

Martín Kalos: Claramente hay un modelo económico, un modelo de país, que empieza a surgir al calor de las políticas que lleva adelante Milei. Esto implica un reacomodamiento del poder económico y del poder político. Hay un nuevo «círculo rojo» que se suma al anterior. El anterior no pierde los negocios que estaba haciendo, particularmente la élite empresaria agroalimentaria, que siempre incluye algo de industria. Sin embargo, esa parte está más diezmada, más golpeada por la coyuntura impuesta por el modelo de Milei. A esto se suma un nuevo grupo de poder vinculado a los hidrocarburos y a la minería.

Este cambio también reorienta el poder de manera geográfica. Es bastante sintomático que, por prácticamente primera vez en la historia argentina, dos provincias patagónicas se hayan unido y le hayan ganado una pulseada de poder a la provincia de Buenos Aires, específicamente en torno al gran negocio de decidir dónde se localizaría el proyecto de la planta de GNL.

Dicho esto, este reacomodamiento implica, en términos de actores, personas y empresas, la aparición de nuevos ganadores: personas con poder que surgen en Argentina. Algunas de estas transformaciones ya estaban pasando. En términos sectoriales, los tres sectores que han salido favorecidos este año son: el minero, el energético (especialmente hidrocarburífero) y el agroalimentario.

De estos tres, a dos ya les iba bien en el pasado: el minero y el hidrocarburífero. Al agroalimentario le estaba yendo mal por problemas climáticos, como las sequías de los tres años previos. Sin embargo, son sectores que ya se perfilaban como ganadores antes. Lo que ha cambiado es que, antes, no eran perdedores los sectores que este año sí lo fueron: prácticamente todos los orientados al mercado interno. En particular, los sectores de consumo masivo, comercio, industria, servicios en general y construcción. Salvo algunos nichos puntuales de consumo orientados a sectores de alto poder adquisitivo, el consumo masivo está deprimido. Esto refleja la división entre ganadores y perdedores.

Por supuesto, también hay que analizar los perdedores y ganadores a nivel hogares o familias. Este año, quien cobra una jubilación perdió. Quien percibe un salario público, también perdió. Quien cobra un plan social, perdió. Incluso quien no está registrado por ahora perdió, en términos de ingresos, de poder adquisitivo debido a que la inflación le ganó a sus ingresos.

Finalmente, queda la discusión de si a futuro van a seguir siendo perdedores. Muchas de éstas personas tienen la esperanza de que la baja de la inflación y la estabilización económica general continúen. Y que se revierta la recesión, la caída del empleo. También esperan que se detenga la precarización laboral que se agravó en 2024, por encima de lo que ya venía ocurriendo en los últimos 15 años. Pero, esto es más una apuesta a futuro, porque efectivamente este año sí perdieron.

Candelaria Botto: Creo que es muy claro, en términos de recorte presupuestario, que los principales perdedores tienen que ver con las y los jubilados, con todo el rubro del sector de la construcción y también con los empleados y empleadas públicas, que son los tres ejes del recorte de esta motosierra de Milei. Esos diría que son los principales perdedores. Pero, en términos generales, con las caídas que hay en el consumo, sobre todo en el consumo masivo —hablo de supermercados y tal—, vemos que los perdedores son las mayorías. Y eso creo que es bastante claro y evidente.

En cuanto a los ganadores, diría que son los que tienen que ver con los sectores exportadores, con los sectores que van a entrar en el RIGI, con los sectores de las grandes inversiones, con los sectores relacionados a las actividades extractivas, como minería e hidrocarburos, y el campo. Que, si bien tienen un dólar que se fue apreciando con el correr de los meses, les garantizan también un negocio con la bicicleta financiera para poder valorizarse, e ir valorizando esos pesos. Tienen un negocio asegurado por ese lado.

Los perdedores somos las grandes mayorías, y los ganadores, un puñado muy chiquito de capital concentrado, y también las personas que más ingresos tienen, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la disminución de bienes personales.

-¿Cómo evalúas esta especie de estabilización de precios con recesión, salarios planchados y atraso cambiario, propuesta por Milei y Caputo?

Martín Kalos: El plan de estabilización de Milei y de Caputo, efectivamente, se basa en la recesión del mercado interno, lo cual genera que las importaciones se hayan debilitado respecto a años previos. Eso pone a raya la demanda de reservas internacionales que escasean, que siguen siendo prácticamente nulas en términos netos, y, de hecho, siguen siendo negativas.

Con un salario que está planchado en niveles de caída, en niveles que implican una caída respecto a años previos, y de atraso cambiario. Acá hay una cuestión: la estabilización de precios se da con aumentos de tarifas de servicios públicos, que eran el precio atrasado hasta ahora. Sigue atrasado en un 25%, debería aumentar un 25% más, probablemente, pero obviamente esa brecha se redujo a la mitad respecto de cómo estaba inicialmente.

Ahora bien, los que se atrasaron son el dólar y los salarios. Y entonces, la pregunta sigue siendo: ¿cuál es el nivel al cual queremos que esté cada una de estas variables? ¿A qué nivel queremos el dólar? ¿Qué nivel queremos para los salarios? ¿Los queremos a estos niveles como sociedad? Yo creo que hace falta, en algún momento, pensar un modelo económico que sea sustentable, con un salario más alto, un tipo de cambio más alto y con tarifas de servicios públicos más altas que las actuales. Pero también hay una transición hacia cualquier modelo económico que hay que analizar.

Y acá la pregunta es: ¿hasta cuándo dura la posibilidad del gobierno de sostener este «veranito» financiero? Sin el cepo, Milei no podría estar haciendo lo que hace, porque el cepo es lo que restringe la demanda de dólares, la orienta a mercados paralelos y le permite, además, intervenir con fuerza en esos mercados paralelos, sin que eso le implique una devaluación del dólar oficial.

-Es conocido que en las crisis económicas, el impacto negativo sobre las mujeres es mayor. ¿Cómo les fue a las mujeres en términos económicos y sociales, bajo el gobierno de LLA?

Candelaria Botto: Obviamente la crisis económica tiene un impacto diferenciado en términos de género. Pero, en este gobierno, creo que va más allá, porque el ataque es muy directo en términos de género, sobre todo en el desmantelamiento de las políticas reproductivas. Desde el plan ENIA, para evitar el embarazo adolescente, hasta toda la política de persecución a la agenda de género.

Hubo una disminución muy fuerte en el programa Potenciar, donde la mayoría de quienes lo cobraban eran efectivamente mujeres. La única política que quedó de esas es la AUH, que recibió un refuerzo, pero el ataque a los comedores populares y a todo lo que hace a la economía popular es un ataque directo a las mujeres.

También en el empleo público, porque el empleo público era uno de los pocos sectores dentro del mercado laboral que, bueno, tenía niveles importantes de paridad y baja brecha salarial.

Así que diría que el impacto es en bastantes sentidos, más allá de que, siempre que hay un ajuste fiscal y siempre que hay un desmantelamiento de las políticas públicas, son las mujeres las que salen a reforzar ese trabajo.

-A contramano de la fiesta en los “mercados” que incluye baja del riesgo país y suba en bonos y acciones, el gobierno no logra atraer inversiones a largo plazo. La IED cayó un 56% en el segundo trimestre, alcanzando un mínimo desde la pandemia. En tu opinión, ¿qué factores pueden explicar esta situación?

Martín Kalos: En Argentina, no hay necesidad de invertir hoy en la mayor parte de los sectores de actividad productiva, porque todos están trabajando muy por debajo de su capacidad. Cuando vos tenés una industria, por ejemplo, funcionando al 60% de su capacidad instalada, lo que necesitás no es invertir para poner nuevas máquinas en la planta, sino prender las máquinas que ya tenés instaladas, en las cuales invertiste en años pasados y que están paradas porque no tenés a quién venderle lo que producirían si las prendés.

Hoy tenemos un desempleo, una ociosidad de muchos de los recursos productivos de nuestra economía. Si se necesitan inversiones para algunos sectores más novedosos o que están en auge, son específicamente tres: el minero, el hidrocarburífero y, en cierta medida, el agroalimentario.

El agroalimentario quizás invierte en maquinaria agrícola, pero no mucho más que eso. La innovación o los nuevos proyectos son de menor cuantía. Entonces, no hay necesidad de invertir para la industria en general, no hay necesidad de invertir en general para el comercio, y no hay necesidad de invertir en general para la construcción.

Todo eso llegará cuando haya un mayor nivel de demanda, que haya traccionado la actividad a niveles más altos, donde no haya tanto recurso ocioso y, entonces, ahora sí, aumentar la producción requiera inversiones.

-El gobierno avanza en medidas de tinte aperturista, como la baja a impuestos para importaciones. De profundizarse, ¿qué efectos podría tener este rumbo sobre la industria local y sobre el empleo?

Martín Kalos: El problema no es tanto la apertura, sino la deslealtad en esa apertura comercial y el hecho de que se hace justamente en contra de la producción nacional, favoreciendo, a propósito, a la producción extranjera. Por ejemplo, cuando se habilitan mejores condiciones impositivas y cambiarias para importar productos terminados que para importar los insumos con los cuales, en Argentina, se producen esos mismos productos terminados.

Esto pasó. Pasó en marzo y pasó en agosto nuevamente, con medidas puntuales que tomó el gobierno de Javier Milei. Y eso revela un sesgo, eso tiene un sesgo anti-industria nacional. Algo que es interesante es que cuando voy a las fábricas argentinas, muchísimas veces encuentro maquinaria equiparable a la de cualquier país industrializado, central. Uno encuentra la capacidad, la formación laboral de esos trabajadores, también a la vanguardia mundial en muchísimas fábricas de Argentina. Ahora, cuando ese producto está terminado, con buenos niveles de productividad, uno dice: «Bueno, ¿y por qué después el costo es mayor?» Porque hay un costo impositivo, un costo logístico. Recordemos que en Argentina dependemos demasiado del camión, que es más caro.

Hoy sale más caro en Argentina transportar mercancías hasta el puerto, por dentro del país, en camión, que traerla en flete marítimo desde afuera, desde Europa, desde China. Es más barato el flete marítimo que el transporte interno de mercancías, y eso es porque no tenemos un sistema logístico, una infraestructura logística adecuada para nuestra producción nacional.

Y después tenemos el problema de la falta de perspectiva que ha tenido la industria nacional, la producción nacional en estos años, y que hace que se hayan preparado para sobrevivir, no para crecer y ganar mercados. Si, encima, le damos mejores condiciones cambiarias e impositivas a la producción importada, es un problema grave para la producción nacional.

-Partiendo desde este veranito financiero, y un modelo que incluye ancla cambiaria fiscal y salarios planchados. Algunos economistas comenzaron a preguntarse “¿y si sale bien?”, una hipótesis muy amplia. Pero dado el nivel de endeudamiento ¿puede el gobierno encarar los vencimientos de deuda de 2025 sin lograr primero una renegociación con el Fondo y los acreedores privados?

Candelaria Botto: Esta idea de «y si sale bien» va más allá del veranito financiero, va más allá de cumplir con los compromisos de deuda. En ese sentido, Argentina, si se quiere, se disputa entre una falta de stock de dólares —es decir, una falta de reservas, una falta de acumulación de dólares— que no sucedió durante este año. Las reservas en el Banco Central siguen siendo negativas, pero hay una proyección de flujo de dólares muy interesante, no solo por el agro, sino justamente por el sector de la energía, que va a empezar a tener una balanza comercial positiva. Bueno, ya la tuvo este año, pero eso se va a ir profundizando.

Entonces, en ese sentido, si efectivamente logran iniciar un nuevo ciclo de deuda en dólares, un nuevo programa con el FMI y demás, la pregunta es si el flujo de dólares puede compensar esa falta de stock. Yo no tengo la respuesta, pero no caería en un determinismo económico de que eso necesariamente va a salir mal o de que sí o sí se la van a dar contra la pared.

Pero, incluso si eso sale bien, el modelo es un modelo económico excluyente. Es un modelo que deja a la mayoría de la gente afuera. Es un modelo que se sustenta en tres sectores de la economía. Entonces, si vos te querés sustentar solo en tres sectores de la economía, bueno, no hay forma de dar empleo ni de pensar un desarrollo para los 47 millones de habitantes de nuestro país.

Así que el «si sale bien» es «si sale bien» para una minoría muy poderosa, y no para la cantidad de población que tiene nuestro país.

Con la reducción relativa del ritmo inflacionario, basada en un feroz ajuste recesivo, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) alimentó su relato del “éxito” obtenido en estabilizar la economía. Sin embargo, el modelo económico implicó una brusca aceleración de la regresividad en la distribución primaria del ingreso en la Argentina. Asimismo, en este artículo analizamos qué sectores (y actores) dentro del capital aumentaron su participación en la estructura económica y cuáles la vieron mermar entre 2023 y 2024 [1].

“Me sobra mucho mes al final del sueldo”

En octubre pasado la inflación minorista fue del 2,7%, la variación mensual más baja en casi tres años. Con ello, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) alimentó su relato del “éxito” obtenido en estabilizar la economía. Sin embargo, el dato del menor ritmo al que suben los precios no tiene un correlato con la percepción general de la falta de mejoras en los salarios y demás ingresos fijos. La impresión de la calle es que la inflación es superior a la información oficial. Milei había prometido en la campaña electoral que bajaría la inflación, pero la expectativa de que ello solucionaría el bajo poder adquisitivo de las familias trabajadoras no se cumplió.

Esta contradicción aparente tiene dos explicaciones complementarias, una técnica y otra macroeconómica, y trae aparejada una pregunta sobre los “tiempos” y el modelo económico.

La primera explicación refiere a un debate de índole más técnico sobre las estadísticas para medir la inflación. Es importante destacar que el 2,7% mensual puede parecer poco si se compara con el ritmo de los doce meses previos, cuando el promedio fue del 9,5%, pero no deja de ser una variación elevada para la vida cotidiana de las familias trabajadoras y también en términos internacionales. En los primeros diez meses del año la suba de precios acumula un incremento del 107% y en el último año alcanzó el 193%.

A ello se agrega que la inflación se mide como un promedio de suba de los precios que componen una canasta de consumo de bienes y servicios al consumidor, en la que cada producto tiene una ponderación en función del peso que tiene en dicha canasta en un momento dado. Pero en este promedio mensual, hubo rubros que subieron de manera destacada en octubre, en especial todos los vinculados con la vivienda, alquileres y tarifas: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió el 5,4%.

Precisamente, en los últimos años estos bienes y servicios tienen mayor peso en la canasta de consumos de los hogares debido a cambios en los patrones de consumo y también a los propios incrementos de tarifas de servicios públicos y telefonía celular, pero estas modificaciones aún no fueron impactadas en la metodología de medición de la inflación. Algunas estimaciones muestran que si se hubiera realizado el cambio metodológico que corresponde, el dato promedio de inflación sería más alto que el informado (no obstante, la tendencia es igualmente a la baja) [2] . Esto puede estar explicando la diferencia entre los resultados de la medición oficial y lo percibido por la observación empírica de las personas.

La segunda explicación refiere al otro lado de la ecuación: los salarios y los ingresos populares. Para que mejore el poder adquisitivo se requiere no sólo que baje la inflación, sino que suban los salarios. Y ello es lo que no sucedió, porque precisamente la “receta” para bajar la inflación contiene una buena dosis de ajuste, recesión y hundimiento de los ingresos y el consumo.

La desaceleración de los precios no implica que la economía haya empezado a gozar de buena salud, sino todo lo contrario. A base de ajuste y motosierra, el gobierno hundió la actividad económica, lo que provocó una suba de la desocupación, la precarización laboral y la pobreza.

Los salarios aún no recuperaron el poder de compra que se perdió con la mega-devaluación de Caputo en diciembre de 2023. El Estado y los empresarios se niegan a dar aumentos que permitan una recuperación verdadera del poder compra. Entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2024 el salario real cayó en promedio un 9%, y si se contrasta el nivel acumulado de enero a septiembre de este año versus el mismo período de 2023 la caída es del 13%.

En el sector privado formal los salarios comenzaron a recuperarse a partir de abril, cuando impactaron los primeros acuerdos paritarios corriendo por detrás de la suba del dólar y de los precios, pero en septiembre aún estaban 1,5% por debajo del poder de compra de noviembre de 2023 y 25 puntos por debajo de 2015.

Los trabajadores del sector público son de los más afectados y tuvieron un desplome salarial del 16% desde que asumió Milei. Siguen 41 puntos bajo de 2015, mientras que los no registrados perdieron la mitad de su salario en los últimos ocho años [3].

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La evolución de la economía al cabo del primer año de gestión de LLA se inscribe entonces en una brusca aceleración de la regresividad en la distribución primaria del ingreso en la Argentina. Para complementar esa conclusión, vale la pena analizar cuáles fueron los sectores de actividad que resultaron favorecidos/perjudicados por una política económica que, entre otras cosas, avanzó en un ajuste pronunciadísimo, una brusca redefinición de precios relativos y en la “desregulación” de numerosos mercados (con el consecuente –y procurado– afianzamiento del poder estructural de los capitales concentrados que los controlan).

Una aproximación a esa suerte de mapa de ganadores y perdedores es la que resulta de evaluar qué sectores (y actores) aumentaron su participación en la estructura económica y cuáles la vieron mermar entre 2023 y 2024. Los resultados de este ejercicio se vuelcan en el Cuadro que sigue.

Argentina. Evolución de la participación de los distintos rubros económicos en el valor agregado bruto (VAB) total y de los niveles de actividad sectoriales (NA)*, 2019-2024 (porcentajes y puntos porcentuales)



* Para el cálculo de la participación de los diferentes sectores económicos en el VAB total se consideraron los registros a precios corrientes, mientras que para la estimación de la evolución de los NA se tomaron los datos a precios constantes. La información de 2024 corresponde al segundo trimestre del año.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Desde esta perspectiva resulta que los rubros ganadores representan el 32% del PBI total. Esto expresa que el “modelo Milei” es regresivo para los trabajadores y otros perceptores de ingresos fijos, y también para un sector mayoritario del capital. Además, es interesante reparar en que casi todas las actividades ganadoras venían de perder peso relativo en el período 2019-2023 (con la salvedad de la producción agropecuaria).

En línea con la orientación de la política económica que se ha venido desplegando desde el inicio mismo del gobierno, el podio de ganadores es ocupado por la intermediación financiera (alimentada por numerosas vías), un conjunto de producciones primarias de exportación ligadas a grandes capitales transnacionales (agricultura, petróleo y gas, minería, pesca), actividades con precios regulados por el Estado que resultaron muy favorecidas por la convalidación de subas de tarifas despiadadas (transporte y comunicaciones, electricidad, gas y agua), y sectores que se “desregularon” en favor de grandes empresas (servicios sociales y de salud, donde se observan comportamientos contrapuestos: aumenta el gravitación de la salud privada y decrece la de la pública) [4].

Al posar la mirada sobre los perdedores se comprueba la presencia de sectores que, en conjunto, explican el 68% del PBI global. Se trata de rubros que en 2023-2024 registraron caídas más o menos pronunciadas en sus respectivos niveles de actividad, con situaciones especialmente críticas como en la construcción, la industria manufacturera y el comercio.

En el interior de este núcleo conviven dos realidades. Por un lado, un grupo de actividades perjudicadas por el drástico recorte del gasto público que se ha instrumentado sobre prácticamente todas las partidas (empleo y sueldos estatales, obras e inversiones, transferencias a provincias, programas asistenciales, etc.), con excepción de las ligadas a los pagos de la deuda estatal. Es el caso de los renglones correspondientes a enseñanza [5], construcción, y administración pública y seguridad social.

Por otro lado, sobresalen muchos sectores afectados sobre todo por la retracción del consumo interno ante la caída del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, las pensiones, etc. Se destacan aquí algunas actividades asociadas al esparcimiento y la recreación de la población (hoteles y restaurantes), la producción fabril y el comercio mayorista y minorista.

Por su importancia, caben algunos comentarios sobre la evolución dentro de la industria, un sector que en promedio ha sido desfavorecido por el combo letal de: apertura comercial, suba de costos (financieros, logísticos, servicios públicos, inmobiliarios), estabilidad (apreciación) cambiaria y caída de la demanda interna, a todo lo que habría que adicionar el sesgo anti-industrial de la política económica en curso.

Como en otros experimentos neoliberales, esto ha dado lugar a un proceso cuyos rasgos principales pasan por la desindustrialización, el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y una reestructuración sectorial regresiva. Esto último se refleja en una mayor ponderación dentro del espectro productivo de unas pocas ramas más bien orientadas al mercado mundial (alimentos y bebidas, industria petrolera y algunos segmentos de la química), y un retroceso en la incidencia de las demás (en manufacturas de lo más variadas como, por ejemplo, equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, artículos de marroquinería, prendas de vestir, productos textiles, muebles y colchones, vehículos automotores, maquinarias y equipos, minerales no metálicos, y derivados de caucho y plástico).

Ahora bien, el reconocer el carácter perdedor del capital industrial no debería llevar a generalizaciones, siendo que hay empresas, en particular de grandes dimensiones, que han establecido mecanismos compensatorios que les han posibilitado mantener o incluso mejorar su ciclo de negocios. Por caso, al comenzar la gestión, luego del shock devaluatorio que se habilitó, muchas corporaciones (más que) compensaron el declive en la actividad con aumentos de precios [6]. Otro mecanismo ha sido el propiciar incrementos en los niveles de explotación de los trabajadores (y, como proyecto estructural, impulsar una reforma laboral tendiente a una mayor precarización laboral). Finalmente, no se puede soslayar que muchas grandes compañías han canalizado porciones más o menos relevantes del excedente generado en el proceso productivo a la esfera especulativa a instancias del festival financiero que ha estimulado la política económica.

¿Estabilización o ajuste recesivo?

Es cada vez más habitual escuchar en diversos espacios (no solo mediáticos, no solo de pensamiento liberal o libertario) el “¿y si le sale bien?” como caracterización de la supuesta estabilidad económica que habría conseguido el gobierno de LLA [7].

Se trata de una mirada que, por acción o por omisión, esconde varios aspectos críticos.

Primero: la tan mentada estabilidad se da en el marco de un ajuste brutal y profundamente regresivo, a la vez que es indudable que la política económica se mueve por un desfiladero estrechísimo por diferentes razones.

Segundo: el ajuste implementado ha dejado unos pocos ganadores y numerosos perdedores. Sobre todo, quienes vivimos del salario, del propio trabajo o de una jubilación. En el reparto de ganancias y costos al interior de las fracciones de la burguesía, si bien algunos sectores, en especial los orientados al mercado interno, perdieron participación relativa en el valor agregado, se favorecieron del deterioro general de los salarios y buscaron descargar los costos hacia los trabajadores, en tanto otros no han tenido margen para aplicar compensaciones.

Uno de los objetivos estratégicos principales del plan de Milei es reconconfigurar la matriz productiva a imagen y semejanza de los intereses del capital financiero internacional, torcer la relación de fuerzas para garantizar la rentabilidad para pocos sectores a costa de mayor explotación laboral, mientras se acentúa el atraso productivo de ramas no exportadoras de bienes primarios. “¿Y si sale bien?” es para unos pocos. No hay «exito» del plan de Milei que pueda ser bueno para la clase trabajadora.

Con una inflación que no llega a los dos dígitos desde 1997 y las exportaciones creciendo con fuerza desde 2016, la política económica de Perú tiene aspectos similares a los aplicados por la gestión de La Libertad Avanza en su primer año. Las contradicciones del modelo peruano son agudas, resaltan la precarización laboral y desigualdad salarial que se encuentran entre las más altas de América del Sur, la gran dependencia de las importaciones para los productos industrializados y un régimen político en crisis. Javier Milei pareciera querer asumir estos riesgos con tal de contener los aumentos de los precios ya que el modelo neoliberal impuesto por el dictador Alberto Fujimori tuvo “éxito” en ese aspecto.

La economía Argentina tiene grandes diferencias con la peruana ya que parten de geografías, historias y estructuras distintas. El modelo de Perú se basa en la exportación de metales, minerales, petróleo, gas y productos agrarios, combinada con una muy elevada precarización laboral que reduce los ingresos de la población y un bajo desarrollo industrial que limitan (ambos) la demanda de importaciones.

El plan de ajuste del gobierno argentino es un fuerte ataque a los derechos y los ingresos de los trabajadores, y está comenzando a afectar el entramado de la producción manufacturera. Si a esto le sumamos los grandes beneficios otorgados por el RIGI para la expansión del extractivismo, las señales apuntan hacia el reemplazo de sectores de la industria por la obtención de hidrocarburos en Vaca Muerta y la explotación de los bienes comunes naturales de la cordillera. Todos elementos que se pueden analizar utilizando el modelo vigente en Perú como referencia.

Pero si ese es el plan, es un camino repleto de obstáculos que implica chocar con las aspiraciones de las grandes mayorías y hasta de sectores de los empresarios. Analizar la estructura económica peruana puede ser útil para comprender las variantes que Milei maneja y qué respuestas podrían surgir a sus políticas.

Extractivismo, soja y frutas

La composición de las exportaciones de Perú muestran el carácter primarizado de su economía. Las principales ventas al exterior son de cobre, oro (entre estos dos sumaban el 45 % de lo exportado en 2022) y otros minerales, café, frutas, pescado y derivados. A su vez en las importaciones se puede ver la falta de producción propia de maquinarias, artefactos eléctricos, vehículos y la mayoría de los bienes con alto valor agregado.

Argentina comparte el carácter de país exportador de materias primas, pero mantiene entre un 25 % y un 30 % de sus ventas al exterior en manufacturas de origen industrial. Pero las políticas del gobierno comenzaron a profundizar la primarización de la economía. Los últimos datos publicados por el Indec muestran que en septiembre los sectores que más crecieron en la comparación interanual fueron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 38,9%, Explotación de minas y canteras, 7,1%, y Pesca 8,2%; al mismo tiempo que sufrieron fuertes caídas la Construcción, -19,5%, la Industria, -12,4%, y el Comercio -10,8%.

En el mismo periodo, sólo 1 de los 16 rubros en los que se divide el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero que publica el Indec ha crecido en comparación con 2023, el de Refinación de petróleo. Los otros 15 sectores han sufrido caídas de hasta el 26,8%, incluída la producción de alimentos y bebidas que se vió afectada por la fuerte caída de los ingresos de las grandes mayorías.

El lujo de los derechos laborales

Según el Informe mundial sobre salarios 2024-2025 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), Perú ocupa el segundo lugar en América Latina y el primero en Sudamérica de trabajadores con “salarios bajos”. El índice mide la cantidad de trabajadores que ganan menos de la mitad del salario medio por hora. En el país andino son el 25,1% los que sufren está condición, en Argentina el 21,1%.

Este nivel de desigualdad es consecuencia de los altos niveles de informalidad, en Perú el 78% de los asalariados no tiene derechos laborales amparados por ley. Además los ingresos del conjunto tienden a ser escasos, según la ENADES (Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades, realizada por el Instituto de Estudios Peruanos) 2024, una familia de cuatro personas necesita S/ 2.547 al mes para subsistir (cerca de los US$ 700 al tipo de cambio promedio del 2024). Esto es más de dos veces el salario mínimo actual que es de S/ 1.025. El 54 % de los encuestados afirman que no les alcanza para cubrir sus gastos básicos y sólo el 14 % dijo tener capacidad de ahorro.

La falta de trabajo también es un problema importante, según la nueva Encuesta Permanente de empleo Nacional (EPEN), publicada por el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas de Perú) para el segundo trimestre del 2024, la población desocupada ha pasado de 883 mil 81 (de julio 2022 a junio 2023) a 1 millón 31 mil personas (de julio 2023 a junio 2024), lo que implica un aumento de 16,7% de los desempleados en el último año. Este nivel de desempleo equivale a un 5,7% de la población económicamente activa.

El modelo Peruano ha provocado un aumento de la pobreza. Entre el 2013 y el 2023 la población que no pudo acceder a la canasta básica pasó del 23,9% al 29 %, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además de los ingresos la precariedad de la vida y las consecuencias de las políticas neoliberales de desfinanciamiento pueden observarse en el nivel educativo. Los jefes y jefas de hogar que alcanzaron, como máximo, la educación secundaria incompleta, aumentaron de 3.6 a 4.6 millones entre 2004 y 2023. El 45.5% de jefes/as del hogar carece de educación secundaria completa

En Argentina podemos observar cómo las políticas del Gobierno apuntan hacia el deterioro de las condiciones de trabajo. La caída de la actividad económica y las decisiones de los empresarios llevaron a la pérdida de trabajos registrados. Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, se perdieron más de 261 mil puestos: de 9.857.173 a 9.596.156 según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Bajo el gobierno de Milei la desocupación llegó al 7,6% en el tercer trimestre del 2024, había sido del 5,7% en el mismo periodo del 2023.

Al igual que con la producción, los puestos de trabajo fueron afectados de forma desigual. Como explica Luis Campos en la entrevista a La Izquierda Diario, desde que asumió Milei hasta agosto, los únicos sectores de la economía que generaron puestos de trabajo son el agro (+9.918), la minería (+754) y la pesca (+586). Pero estuvieron muy lejos de compensar lo sucedido en el resto de los sectores: construcción perdió 66.00 puestos y la industria manufacturera 29.600 puestos. En la comparación entre el segundo trimestre 2023 y el segundo trimestre 2024, tomando las cifras del Indec, los trabajadores de la industria manufacturera pasaron de ser el 12,1% del total al 10,7%, en la construcción cayeron del 9,6% al 8,4%.

Las actividades productivas de menor valor agregado como la minería, la extracción de hidrocarburos o la agropecuaria requieren menor cantidad de cantidad de trabajadores, generan entramados productivos más acotados y en muchos casos están asociadas al empleo no registrado o de bajos ingresos. No es que Argentina vaya a pasar de la noche a la mañana del 36% de informalidad laboral a más del 75%, pero el gobierno de La Libertad Avanza con la apreciación del peso, la apertura comercial, el RIGI y la reforma laboral (hasta el momento frenada) apunta a remover la mayor cantidad de derechos conquistados por los trabajadores que le permita la relación de fuerzas.

¿Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?

Con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y el Mercosur, Milei volvió a declarar que planea acordar también uno con Estados Unidos. Este tipo de pactos suele incluir cláusulas que conceden a los países imperialistas amplios beneficios; Perú tiene uno vigente y no es la excepción.

El tratado, impulsado por el ex presidente Alejandro Toledo y firmado por su sucesor Alan García en diciembre de 2007 contiene artículos de entrega de soberanía, como el capítulo 10 que posibilita a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra el gobierno y exigir compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses. También impide promulgar normas de protección del medio ambiente o contra productos nocivos que afecten la salud de los ciudadanos si es considerado un obstáculo para el desarrollo de las operaciones productivas y las ganancias de las empresas norteamericanas.

Argentina ya está sometida a los mandatos del Fondo Monetario Internacional debido al programa que ata al Estado a pagar vencimientos de deuda por más de 10 años. Caputo quiere renegociar el crédito para extender los plazos y acrecentar el endeudamiento que ya es impagable. Un TLC reforzaría la dependencia con Estados Unidos, principal accionista del FMI.

Las políticas neoliberales y la relación de fuerzas

La economía peruana se redujo 0,55%, en el 2023 y en 2024 se registró un retroceso de -2,5% entre enero y julio de la recaudación estatal frente al mismo periodo del año anterior, según información de SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú). El MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) se muestra optimista y cree que Perú tendrá un rebote entre fin de año e inicios de los primeros meses del 2025, pero la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe) estima que el estancamiento económico se mantendrá y se agravará en el futuro.

En este marco la crisis social está lejos de poder mejorar, generando un gran rechazo al gobierno golpista de Dina Boluarte. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada en junio, señaló que el índice de desaprobación de la gestión de Dina Boluarte como presidenta de Perú va en aumento y el 93 % de los consultados desaprueba su forma de gobernar el país. La encuesta demostró además que el Congreso de la República, controlado por mayoría de derecha y ultraderecha, tampoco goza de popularidad: el 91 % de los encuestados desaprobó su trabajo, mientras que solo el 6 % se mostró de acuerdo con su desempeño.

El gobierno de Boluarte tiene su origen en el golpe parlamentario de diciembre de 2022 que además de destituir a Pedro Castillo incluyó una fuerte represión a los trabajadores, pueblos originarios y sectores populares. Los grandes empresarios y los partidos del régimen como el liderado por la hija de Fujimori, con el apoyo de la embajada norteamericana, impulsaron el golpe, pero el nuevo régimen fue perdiendo respaldo a un ritmo acelerado.

Milei cuenta con mejores cifras en las encuestas, pero sus planes de ajuste han chocado con movilizaciones y acciones masivas. La Argentina parte de la gran lucha que obligó a renunciar a De La Rúa en el 2001, como expresión del límite puesto por las grandes mayorías al modelo neoliberal de Carlos Menem, continuado por la gestión del presidente radical. El experimento de Milei que a pesar de sus particularidades tiene mucho en común con el régimen creado por Alberto Fujimori que es considerado el Menem peruano. Además de ya haber provocado un estallido social en el pasado, el neoliberalismo se encuentra en crisis a nivel internacional; las posibilidades de algún tipo de “éxito” para Milei lucen mucho más reducidas.

Las maniobras financieras de Caputo, sobre todo el blanqueo de capitales, le están dando un respiro al oficialismo pero depende de la llegada nuevos dólares por la vía del endeudamiento para tener posibilidades de llegar a las elecciones de octubre sin demasiados sobresaltos. El fracaso del peronismo y el PRO en mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías puede estar permitiéndole a la gestión actual generar expectativas de mejoras futuras, pero sus políticas llevarán de forma inevitable a nuevos choques con los trabajadores, los estudiantes, los jubilados y sus familias.

El gobierno de Milei cumple 1 año de gestión este 10 de diciembre. Desde La Izquierda Diario realizamos un especial con un análisis de las principales variables económicas. En esta nota presentamos un estudio referido al sector energético, uno de los grandes ganadores, tanto las empresas distribuidoras privatizadas como las generadoras y extractivas, beneficiadas por el fuerte aumento de las tarifas que habilitó el gobierno como también las políticas de desregulación, principalmente con el RIGI.

Tarifazos

El Gobierno viene de aplicar fuertes aumentos en las tarifas energéticas. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) dependiente de la UBA y CONICET, las tarifas en los servicios públicos tuvieron un aumento promedio del 368% acumulado en el año hasta noviembre. Siendo en gas natural y energía eléctrica una variación del 564% y 189% respectivamente. Tarifazos que se ubicaron muy por encima de la inflación promedio, alrededor del 129% acumulado para noviembre, según el último dato de IPC de la Ciudad de Buenos Aires que acompaña generalmente el índice nacional.

Es necesario remarcar que en los meses más fríos del año, que requirió mayor utilización de gas, el aumento llegó a superar el ¡1200% interanual! para el mes de julio, potenciados por los aumentos de febrero y junio.

Los tarifazos fueron en una parte una concesión de desregulación de precios a las empresas privatizadas de servicios que impusieron sus tarifas sin mayor fiscalización o auditoría de los mismos, y por otro lado por la fuerte caída de los subsidios a la energía que recayeron en mayor proporción a los usuarios. Esta última, una política exigida por el FMI de achicamiento del gasto en subsidios para obtener los distintos superávit que garanticen el pago de la deuda.

Para noviembre la reducción de subsidios energéticos fue del 35% promedio interanual. Destacándose una caída del 83% real en el Fondo Fiduciario para el consumo de GLP Y Gas natural por redes, un programa de subsidio a los sectores más postergados donde no llega el gas en red y el consumo se realiza a través de garrafas. Así, luego del incremento del 204% en febrero que ubicó el precio de la garrafa de 15 kg en $7000, actualmente el gobierno autorizó un nuevo aumento luego de la desregulación total de los precios máximos (topes) para los consumidores a través de la Resolución 216/2024. Con un aumento del 24% para diciembre, la garrafa de 15 kg se encuentra en $15.750. Precios internacionales en un país con uno de los yacimientos de gas más importantes del mundo.

De esta manera, si bien el Gobierno festeja la baja de la inflación, los hogares tuvieron que incrementar una porción mayor de su ingreso a los gastos fijos de la vivienda, entre ellos principalmente el pago de tarifas. La actual medición del Indec contempla una canasta de consumo con base en 2004, de actualizar las mismas a la base de la Encuesta Nacional de Hogares de 2018, habría un 8,5% más de inflación adicional acumulada que la actual, según calcula Juan Manuel Telechea en Cenital.

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Por último, en cuanto a los combustibles, un análisis de CEPA remarca que la desregulación de los hidrocarburos hizo que en un país productor los combustibles se paguen a precios internacionales. En ese sentido, la nafta pasó de valer en noviembre $280 a $1.100 en diciembre, un incremento de 292,9%.

Multiplicación de ganancias en el sector energético con Milei

Con la desregulación del sector y los fuertes beneficios que concedió el Gobierno a las empresas energéticas, un sector clave para Milei en su modelo económico, éstas vieron incrementar fuertemente sus ganancias. Detallamos algunas a continuación:

Edenor:

La empresa que dirigen los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti reportó un resultado neto de $235.069 millones en los primeros 9 meses del año. Impulsados por el fuerte aumento en los “ingresos por el servicio”, es decir por el pago de las boletas por los usuarios e ingresos por subsidios. En el 3cer trimestre alcanzaron los $555.788 millones, un incremento de más del 30% real en relación al 3cer trimestre de 2023. Según indica la misma empresa en sus estados contables “esto se debió principalmente al impacto del ajuste de las tarifas de Febrero 2024 (319,2%) y los ajustes mensuales posteriores de Agosto (3%) y Septiembre (3%).”

En el acumulado de los 9 primeros meses del año, la empresa registra ingresos por más de $1,4 billones, un 75% más que los costos de compra de energía. Un brecha que amplió a su favor, cuando el año pasado esta relación implicaba un 51% más, los ingresos que percibió por parte de los usuarios en relación a los costos de compra.

Edesur:

Edesur, la otra gran distribuidora de energía eléctrica en el AMBA, reportó ganancias por $59.937 millones en los primeros 9 meses del año. Los ingresos por su parte fueron de casi 1 billón de pesos, un incremento real del 19% en relación al mismo período del año pasado, a pesar de haber caído la demanda de luz por parte de los usuarios un 1% en este lapso de tiempo.

Por su parte el EBITDA (el resultado operativo final de la empresa, sin los elementos financieros), creció un 133% real interanual en los primeros 9 meses del año, impulsado por el crecimiento de los ingresos. ¿Y las inversiones? Cayeron un 2% interanual en relación al año pasado, pasando de $130.435 millones en 2023 a $128.423 en 2024.

Metrogas:

Metrogas acumuló ganancias por $129.096 millones en los primeros 9 meses del año. Obteniendo un incremento del 544% real con respecto a 2023 en su ganancia operativa (sin la parte financiera e impuestos).

Las empresas productoras y extractivas:

Un informe del centro CIFRA- CTA revela que entre las empresas que “más que duplicaron sus niveles de rentabilidad” en 2024 se encuentran YPF S.A., Tecpetrol del Grupo Techint de Paolo Roca y TGS de Marcelo Midlin (dueño de Pampa Energía).

En tanto, otras empresas que “no duplicaron pero que mantuvieron tasas de utilidad elevadas” fueron, Pampa Energía (36,3%) y Pan American energy (19,9%).

Al análisis de Cifra debemos agregar la Compañía General de Combustibles (CGC) de Eduardo Eurnekian (quien fuera padrino del actual presidente). Para el noveno mes del año mostró un incremento del 551% en sus ganancias con respecto al mismo período de 2023.

Si bien estas empresas se llenan los bolsillos con Milei, esto no repercute en mejoras significativas del servicio o ni siquiera en inversiones productivas. El análisis de CIFRA-CTA destaca que la inversión extranjera directa (IED) –en el marco del RIGI, Vaca Muerta y las políticas “pro mercado”– tampoco haya experimentado un repunte respecto al crítico año 2023. Agregan que, “de hecho la IED se redujo 19% en los primeros 10 meses de 2024 respecto a 2023 y 4,4% si se contrasta con los primeros 10 meses de ese año”.

A pesar de estas enormes ganancias las empresas emitieron bonos de “obligaciones negociables” para hacer negocios financieros con los dólares que ingresaron por el blanqueo. Este año registra un incremento inédito de la cantidad de empresas que emiten este título: 89 en 2024 que contrastan con un promedio de 29 firmas entre 2016 y 2023. Según un análisis de Cifra, el 74,6% de las ON en 2024 fueron de empresas vinculadas a la energía.

Más beneficios con el RIGI

Con la Ley Bases aprobada se dieron beneficios obscenos para el sector petrolero / energético. El más importante tiene que ver con el Gas Natural Licuado (GNL) que podríamos decir que promueve el desabastecimiento nacional en favor de las ganancias empresariales.

La ley les garantiza, a partir del segundo año de la adhesión al RIGI, la exención total de derechos de exportación, es decir retenciones 0%, y libre disponibilidad del 100% de las divisas obtenidas. Algo similar sucede con Ganancias e IVA.

Las autorizaciones de exportación de GNL por 30 años implican «el derecho a exportar todos los volúmenes autorizados en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos por causa alguna». Casi una promoción del desabastecimiento.

Esto, en sintonía con la liberación total del comercio exterior de hidrocarburos, puede llevar al ridículo de que una empresa exporte GNL y desabastezca al mercado interno al mismo tiempo que se importe GNL para cubrir esa demanda, que se cobra hasta 10 veces más que el gas natural producido en el país.

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Energía para las necesidades del pueblo

El Gobierno tiene al sector energético en un lugar privilegiado para su modelo económico. Además de los beneficios del RIGI, la Secretaría de Energía viene de prorrogar la declaración de la emergencia pública en materia energética hasta julio de 2025 (que había dictado por 1 año en diciembre pasado), habilitando al gobierno a modificar partidas y regulaciones discrecionalmente sobre estos sectores.

Milei realizó un importante quita de subsidios a pedido del FMI para garantizar el pago de la deuda, descargando el valor de la tarifa en los usuarios. Mientras, por otra parte, concede tarifazos a las privatizadas. El plan original del Gobierno era aplicar la “normalización de tarifas” para fin de este año con los aumentos ya acordados y la eliminación mayoritaria de los subsidios.

Lo cierto es que de concretarse estos aumentos, generaría una presión inflacionaria al único “caballito de batalla” que puede presentar el Gobierno, la baja de la inflación. Son las contradicciones que tendrá que afrontar Milei, que por ahora encuentra la solución tomando deuda. En este sentido el Banco Mundial confirmó un préstamo a Argentina de U$D 1000 millones destinado a subsidios a las empresas privatizadas de servicios (500 millones energia, 500 millones transporte) para contener los aumentos.

Es necesario debatir si es más importante las ganancias empresarias a costa de un servicio caro y de mala calidad o considerar a los servicios públicos como un derecho esencial para toda la población.

Con la estatización de todo el sector y eliminando la ganancia empresarial en primer lugar se podría generar un gran ahorro millonario. En segundo lugar, la nacionalización de todo el sistema de servicios públicos con gestión democrática por parte de sus propios trabajadores, de técnicos especializados y en la cual participen comités de usuarios populares, podría hacer más eficiente, económico y sustentable el servicio.

Poner los fondos de un rechazo soberano de la deuda ilegal al servicio de desarrollar las inversiones necesarias, repensar el sistema energético con el conocimiento de las universidades y profesionales en acuerdo con la comunidad para garantizar energía acorde a las necesidades de las mayorías, en plan de pensar un verdadera y democrática transición energética que sea sustentable y económico para el pueblo.

Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024 los “Alimentos y bebidas no alcohólicas” marcaron una suba de 88,8%, de acuerdo con el último informe IPC publicado por el Indec. Si miramos esta foto final podríamos decir que los precios de los alimentos fueron acompañando el descenso del nivel general. Pero esto esconde todo un proceso previo en el que se agudizó la dramática situación de los sectores más vulnerables, y creció la cantidad de personas que pasan hambre producto del brutal plan de ajuste. Desde que asumió Milei la indigencia aumentó 6,2 puntos porcentuales, son 3 millones de nuevos indigentes, personas que además de ser pobres no logran cubrir las comidas diarias.

En la comparación interanual (octubre 2024 vs octubre 2023) la suba de los precios de alimentos asciende a 183,2 %. Las remarcaciones salvajes aplicadas por las empresas alimenticias y supermercados durante los últimos meses de 2023, y la devaluación y desregulación aplicada por Milei al comienzo de su gobierno, explican estos datos.

Sólo en el mes de diciembre de 2023 la suba de alimentos fue de 29,7%. Un zarpazo que impacto en las mesas de las familias trabajadoras, comer se volvió un lujo.

Los dueños de la comida siguen ganando millones

A pesar de pertenecer al sector manufacturero que se desplomó por la recesión económica, las empresas alimenticias siguieron amasando fortunas. Se trata de mega grupos con capacidad exportadora, que lideran la producción de alimentos e inundan con sus productos las góndolas de almacenes, autoservicios y mayoristas a lo largo y ancho del país.

En los primeros 9 meses de 2024, Arcor amasó ganancias siderales por $ 284.242 millones. Lo hizo a pesar de una baja en las ventas del 5,7 % respecto a igual periodo de 2023. La empresa de Luis Pagani destina más del 67 % de sus ventas al mercado interno, el resto lo exporta.

En el caso del Grupo Molinos de los Pérez Compac, la ganancia obtenida fue de $ 41 mil millones en los primeros nueve meses de 2024, según los estados financieros presentados ante la CNV.

Mastellone Hermanos SA, la firma dueña de empresa láctea La Serenísima, tuvo una ganancia neta de $ 66.985 millones, de los primeros nueve meses del año.

Esas cifras millonarias estan relacionadas a los brutales aumentos de precios.Esas cifras millonarias son la contracara de los brutales aumentos de precios. Bajo el gobierno de Milei (dic 2023 y octubre 2024) la leche, un bien sensible y clave en la alimentación diaria de los niños y niñas y de los adultos mayores, tuvo subas de entre 117,9% Noroeste) hasta 140,9 % (Patagonia), por encima de la inflación acumulada que fue de 107% en igual periodo. Es el resultado de la liberación de precios de un sector altamente concentrado en el que 3 empresas (La Serenísima, Sancor y Danone) representan el 75% de las ventas.

La rentabilidad de estas empresas se refleja también las fortunas personales de sus dueños. Pagani de Arcor o la familia Pérez Companc del Grupo Molinos, figuran cada año en el ranking Forbes de multimillonarios. Luis Pérez Companc y familia, tienen una riqueza estimada de 4.200 millones de dólares, ubicándose en el cuarto lugar dentro de los 50 más ricos del país. Luis Alejandro Pagani & hermanos ocupan el puesto 19 y 20 con una fortuna valuada en 1.200 millones de dólares.

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Changos vacíos

La comercialización de alimentos también presenta niveles elevados de concentración en manos de grandes firmas. Según un informe realizado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia años atrás, apenas 6 grandes cadenas de supermercados concentran el 80% de las ventas en el país. Estas son: Carrefour (Francia), Cencosud (Chile) —dueña de las tiendas Disco, Jumbo y Vea—, Coto (Argentina), Walmart (Argentina, adquirida Francisco De Narváez en 2020) —que incluye la cadena Chango Más—, La Anónima (Argentina) y Día (España).

Sin dejar de lado las contradicciones propias de la economía nacional y de la estructura productiva atrasada y dependiente, que influyen en la conformación de los precios de los alimentos, como el precio de los commodities o factores climáticos, entre otros. Durante el primer año de Milei fue notorio que las remarcaciones salvajes en los precios de alimentos -que no se retrotrajeron- fueron la base de las millonarias ganancias que amasaron grupos como Arcor, Molinos y Mastellone. Se dieron en un marco de desregulación y liberación de precios promovidos por el Decreto 70/2023 que contiene las “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” de la actual administración.

La consecuencia de estos abusos de las empresas alimenticias y supermercados, fue el desplome del consumo por la caída del poder de compra de los ingresos. En el mes de octubre las ventas en grandes supermercados y autoservicios cayeron 20,4% en relación a igual mes del año pasado. En una nota de Diario.ar la periodista Natalí Risso logró acompañar con distintos testimonios esta realidad que está a la vista de todos. Changos cada vez más vacíos, a pesar de las distintas promociones que buscan reanimar al consumo que hace meses se encuentra hundido.

En el mes de noviembre, a través de la Resolución 1212/24, el gobierno continúo con la eliminación de regulaciones y cupos para abastecimiento en bienes básicos que impactan la mesa de las familias como lácteos y carne vacuna, que en el último mes alcanzó un mínimo en 30 años.

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Las regulaciones de precios ya conocidas no lograron resolver el problema de fondo, fueron parches del momento. La liberación y desregulación de Milei tampoco, sólo fueron funcionales a las ganancias de los grandes grupos del sector. La posición dominante que tienen estas empresas es parte del problema a atacar. En una entrevistarealizada por este medio al economista Martín Schorr señalaba la “centralidad estructural de estos segmentos capitalistas en la definición del comportamiento de variables económicas relevantes como, entre otras, el balance de pagos, la inversión, la formación de precios, la ecuación fiscal, el mercado de trabajo, los salarios y la distribución del ingreso”. Siendo esa centralidad la que les permite “un poder de veto ostensible y determinante sobre el funcionamiento estatal, que por lo general han hecho jugar a su favor y se ha manifestado de maneras diversas: corridas cambiarias, subas de precios, reticencia inversora, obtención de una amplia gama de prebendas, “colonización” de ciertos espacios de la gestión pública, etc.”

Para que comer no sea un lujo y esté garantizado en un país productor de alimento, es preciso plantear un conjunto de medidas que enfrenten a estos grupos concentrados. En primer lugar, la recomposición de salarios y jubilaciones para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo. La apertura de los balances contables de alimenticias y supermercados para conocer sus verdaderos costos y evitar remarcaciones y el fraude laboral sobre sus trabajadores; el control del comercio exterior en manos de un monopolio estatal para enfrentar las maniobras de subfacturación de las grandes agroexportadoras, terminar con el pago de la fraudulenta deuda externa. Son medidas que deben articularse y discutirse ampliamente, entre los sectores populares con el objetivo de tirar abajo el plan de ajuste de Milei, los grupos económicos y el FMI, y plantear una salida de otra clase a esta crisis.

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