La provincia de Buenos Aires intimó a la empresa de Marcos Galperin a eliminar cláusulas que considera abusivas en sus contratos, con una multa de hasta $1.815 millones en juego.
El gobierno de Axel Kicillof encontró un nuevo terreno de disputa: Mercado Libre y Mercado Pago. La administración provincial intimó formalmente a la empresa fundada por Marcos Galperín para que elimine una serie de cláusulas de sus contratos de adhesión, bajo amenaza de una multa que puede llegar a $1.815 millones. La investigación la encabeza la Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores, que depende del Ministerio de Producción bonaerense.
El disparador fue contundente en términos estadísticos. Según explicó el ministro Augusto Costa, Mercado Libre acumuló más de 2.400 denuncias de usuarios en el primer cuatrimestre del año, un volumen que la convirtió en la compañía con más reclamos formales registrados en la provincia. Las quejas abarcan problemas con devoluciones, operaciones desconocidas, fraudes y estafas. Pero el núcleo del expediente no está en esos casos individuales sino en algo más estructural: los términos y condiciones que aceptan millones de usuarios sin leerlos.
Desde la Provincia señalan que varias cláusulas violan principios básicos de la Ley de Defensa del Consumidor. Una de ellas habilita a la empresa a cobrar tarifas sin informar previamente el monto, el motivo ni el momento del débito. Otra permite que Mercado Libre modifique unilateralmente sus condiciones de uso, considerando que el usuario las acepta con el simple hecho de seguir usando la plataforma, sin necesidad de una confirmación expresa. También está en la mira la cláusula que responsabiliza exclusivamente al usuario por lo que ocurra en su cuenta, incluso en casos de fraude o hackeo. Y hay un punto que tiene implicancias más amplias: el contrato fija que cualquier disputa judicial debe resolverse en tribunales comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, lo que en la práctica deja a los usuarios bonaerenses en una posición más incómoda para reclamar.
¿La ofensiva de Kicillof tiene respaldo técnico suficiente para prosperar? Los argumentos legales son atendibles, los términos y condiciones de Mercado Libre van en contrario a los que establece la Ley de Defensa al consumidor. La exigencia de que un consumidor acepte cargos cuyos montos desconoce tiene una tradición jurídica cuestionable, y el principio de acceso a la justicia en jurisdicción propia está reconocido en la normativa de consumo. El problema es que la empresa opera bajo un esquema legal que se construyó durante años con escaso cuestionamiento, y que cualquier proceso de este tipo tiene tiempos que raramente coinciden con los calendarios políticos.
Porque el contexto importa. Kicillof lleva meses buscando terrenos donde mostrar una gestión activa frente a actores del sector privado concentrado, en un año con elecciones de medio término en el horizonte. Ir contra Mercado Libre, una de las empresas más valoradas de la región y con una base de usuarios que incluye a gran parte del electorado bonaerense, tiene una dimensión política que el expediente no puede esconder. ¿Es una señal hacia los consumidores o es gestión de protección real? Probablemente las dos cosas, aunque no en igual proporción.
Lo que sí es cierto es que el expediente pone sobre la mesa una discusión que las plataformas digitales llevan años esquivando: los contratos de adhesión masivos operan en un marco regulatorio que fue diseñado para otro tipo de relaciones comerciales. La velocidad con que se actualizan los términos de uso, la escala global de las compañías y la dependencia cotidiana que tienen millones de usuarios generan asimetrías que las leyes de consumo nacionales y provinciales no absorbieron todavía.
El gobierno bonaerense tiene el expediente abierto y la cifra de multa definida. Lo que no tiene, todavía, es un desenlace claro. Mercado Libre puede adaptarse con cambios menores que amortigüen el golpe formal sin alterar el fondo del negocio, o puede impugnar el proceso y disputarlo en sede judicial.
