Tras la represión producida el jueves 6 de agosto en el marco de la votación de la Ley de Inviolabilidad Privada, la Legislatura porteña solicitó nuevamente una interpelación para el ministro de Seguridad Horacio Giménez.
La brutal represión durante la votación del proyecto de la Ley de Inviolabilidad Privada dejó un saldo de 1500 personas heridas y 29 detenidas, según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria.
Es en este marco que, por tercera vez en el lapso de un año a cargo, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó que se realice una interpelación hacia el ministro de Seguridad local, Horacio Giménez. Dicha solicitud fue realizada por la legisladora representante del Partido Obrero, Vanina Biasi, acompañada por su homónima Amanda Martín.
En una entrevista, Biasi afirmó que »la policía de la ciudad no solamente ejecuta órdenes administrativas para desalojar personas, no solamente ejecuta órdenes para perseguir a personas que venden por la calle, sino que la policía de la ciudad es protagonista de hechos gravísimos de gatillo fácil; es la más numerosa de toda América Latina con relación a la población de la ciudad”.
Un pasado que no caducó
Por su parte Horacio Giménez, de 71 años, presenta un historial cargado de represiones similares: fue procesado judicialmente por la cruda represión en el hospital Borda (CABA, 2013), siendo jefe de la Policía Metropolitana.
Pero la mayor actividad represiva fue durante el operativo Independencia (Tucumán, 1975), en donde participó de los primeros experimentos de detención clandestina, tortura y desaparición de personas junto a Antonio Bussi, General de brigada. Allí se produjo el comienzo del plan de exterminio contra aquellos sectores de la población considerados »subversivos».
Una historia que se repite con el transcurrir de las décadas y los gobiernos. Mientras tanto, la criminalización de la protesta se encuentra entre los puntos más álgidos de la historia reciente argentina, siendo motivo de preocupación para organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
