Mientras el Senado debatía el proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», una multitud se movilizó frente al Congreso para rechazar la iniciativa al considerar que abre la puerta a una mayor extranjerización de las tierras argentinas. La protesta terminó con una fuerte represión de las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.
Desde las primeras horas de la tarde, organizaciones sindicales, sociales, políticas y ciudadanos autoconvocados comenzaron a concentrarse en la Plaza de los Dos Congresos para expresar su rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo. Entre los principales cuestionamientos, los manifestantes denunciaron que la iniciativa representa un nuevo avance sobre los recursos estratégicos del país y sostuvieron que facilitaría la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
El Congreso permaneció completamente vallado y custodiado por un importante operativo integrado por efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad. La tensión fue creciendo con el correr de las horas hasta que, tras incidentes registrados sobre uno de los vallados, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre la movilización aplicando el protocolo antipiquetes.
La represión comenzó cerca de las 17 y rápidamente se extendió por toda la Plaza de los Dos Congresos. Los efectivos dispararon balas de goma, lanzaron gases lacrimógenos y utilizaron carros hidrantes para desalojar a quienes permanecían frente al Parlamento. Las imágenes difundidas por distintos medios y registradas por manifestantes mostraron escenas de corridas, personas heridas y una importante presencia policial.
Uno de los hechos más graves de la jornada fue la lesión sufrida por una fotógrafa, quien recibió un impacto en la cabeza durante el operativo y debió ser trasladada al Hospital Argerich con un traumatismo de cráneo. Además, el SAME asistió a varias personas afectadas por los gases lacrimógenos.
Según los primeros reportes oficiales, al menos doce personas fueron detenidas durante el procedimiento, aunque organizaciones presentes en la movilización denunciaron un uso desmedido de la fuerza y responsabilizaron al Gobierno nacional por la escalada de violencia.
La movilización tuvo como eje el rechazo a una norma que distintos sectores consideran lesiva para la soberanía nacional sobre la tierra. Bajo consignas como «La patria no se vende», miles de personas se concentraron frente al Congreso para reclamar que se retire el proyecto y exigir que el debate legislativo no avance sobre recursos considerados estratégicos para el país.
La jornada volvió a poner en el centro de la escena la creciente conflictividad social alrededor de las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, en un contexto de fuertes tensiones entre el Ejecutivo y diversos sectores políticos y sociales que cuestionan el rumbo económico y las reformas promovidas por la administración nacional.
