El Gobierno nacional buscará avanzar esta semana en el Senado con un proyecto de ley que introduce cambios en materia de propiedad privada, alquileres y regulación de tierras. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, será tratada en la Cámara Alta y podría convertirse en uno de los debates más relevantes de los próximos días.
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta apunta al régimen de alquileres. El texto que tratará el Senado establece que los propietarios podrán solicitar el desalojo de un inquilino cuando hayan transcurrido diez días desde la notificación formal por falta de pago. De aprobarse, el mecanismo reduciría significativamente los plazos actuales para iniciar este tipo de procesos judiciales.
La medida forma parte de un paquete legislativo promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y cuenta con el respaldo de los senadores de La Libertad Avanza.
Durante la discusión parlamentaria, el proyecto sufrió algunas modificaciones respecto de su versión inicial. Entre ellas, se descartó la posibilidad de aplicar este régimen a los barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), luego de cuestionamientos planteados por organizaciones sociales y distintos sectores vinculados a la Iglesia.
El debate se desarrollará en un escenario marcado por las dificultades económicas que atraviesan muchos hogares que alquilan. Diversos informes advierten sobre el crecimiento del endeudamiento entre inquilinos y el peso cada vez mayor que representa el alquiler dentro de los ingresos familiares.
Cambios en la compra de tierras y en la legislación sobre incendios
Además de las modificaciones vinculadas a los alquileres, la iniciativa incorpora reformas en la normativa que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto propone eliminar las restricciones vigentes, aunque incorpora la obligación de obtener autorización de las autoridades provinciales antes de concretar cualquier operación.
Otro de los puntos que genera debate es la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. El Gobierno plantea eliminar las limitaciones que actualmente impiden vender o modificar el destino de terrenos afectados por incendios durante largos períodos de tiempo.
La legislación vigente establece restricciones de hasta 30 años para tierras destinadas a actividades agropecuarias y de hasta 60 años para áreas de bosques nativos. Estas disposiciones fueron incorporadas con el objetivo de desalentar incendios intencionales vinculados a intereses inmobiliarios o productivos.
Desde el oficialismo sostienen que esas limitaciones representan una afectación excesiva al derecho de propiedad y consideran necesario flexibilizar el marco normativo. Con el apoyo de sectores aliados y parte de los gobernadores provinciales, el Gobierno confía en reunir los votos necesarios para otorgarle media sanción al proyecto.
