El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas del país, incluidas la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), continúa escalando. En las últimas horas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que el Ejecutivo emitirá un decreto para exigir a las casas de estudio que transparenten sus gastos y el pago de sueldos.
«Entre mañana y pasado estarán listos los decretos que exigirán transparencia en los gastos y el pago de sueldos. Esto es algo que viene de manera inminente», afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre. Las palabras de Sturzenegger llegan días después de que el presidente Javier Milei, en una reciente cadena nacional, apuntara directamente contra las universidades públicas, subrayando que deben rendir cuentas «aunque se resistan».
Este anuncio ocurre en el marco de una creciente disputa legal. Recientemente, la Justicia rechazó un pedido de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar a la UBA. El organismo, que responde al Ejecutivo, había solicitado una medida precautoria para iniciar un proceso de auditoría en la universidad más grande del país, como parte de una iniciativa promovida por el Gobierno de Milei.
El rector de la UBA había presentado, a fines de octubre, un pedido judicial para declarar incompetente a la SIGEN en el control interno de la universidad, argumentando que dicha intervención afecta la autonomía universitaria. Aunque la Justicia falló a favor de la UBA, la SIGEN confirmó que apelará la decisión judicial.
El anuncio de Sturzenegger y la posición del Ejecutivo generan una nueva ola de incertidumbre en el sistema universitario público, cuyas autoridades han defendido históricamente su autonomía y han advertido sobre los riesgos de este tipo de medidas para la independencia académica y administrativa.
Se espera que el decreto oficialice una de las decisiones más polémicas de la gestión de Milei, con repercusiones no solo en el ámbito universitario, sino también en el debate político y social sobre el futuro de la educación pública en Argentina.
