Crece la preocupación en La Plata y la región ante el avance de la causa por la partida de fentanilo contaminado que habría causado la muerte de 14 personas internadas en el Hospital Italiano, en lo que ya se considera una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años. En principio se hablaba de nueve víctimas fatales, pero en los últimos días el número ascendió a 14, con casos que involucran incluso a jóvenes de entre 18 y 19 años, contrario a la versión inicial que apuntaba a adultos mayores.
Las víctimas formaban parte de un grupo de 18 pacientes críticos, internados en terapia intensiva, que recibieron el opioide como parte de tratamientos anestésicos o para el control del dolor. Según confirmaron fuentes oficiales, las ampollas estaban contaminadas con bacterias altamente resistentes, lo que provocó infecciones severas, neumonías fulminantes y la muerte en la mayoría de los casos.
Frente a este dramático escenario, el bloque de concejales de Pro – Juntos por el Cambio presentó un proyecto solicitando tres días de duelo en La Plata, además del izado de banderas a media asta en edificios públicos. El concejal Nicolás Morzone expresó: “Exigimos que la Justicia actúe con celeridad y se sancione a los responsables con todo el peso de la ley. Esto es una amenaza directa a la seguridad sanitaria”.
Desde la ANMAT se confirmó que el fentanilo implicado fue distribuido por el laboratorio HLB Pharma y elaborado por Laboratorios Ramallo, ambos ya clausurados tras el hallazgo de un lote contaminado con vencimiento en septiembre de 2026. En un operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal, se secuestraron insumos médicos presuntamente vinculados a los fallecimientos, y ocho personas fueron identificadas, tres de ellas vinculadas directamente a los laboratorios investigados.
Los pacientes fallecidos provenían de diversas localidades de la provincia, incluyendo Chascomús, San Carlos de Bolívar, Lobos, Ensenada, Maipú, Berazategui, Mar del Plata y La Plata, mientras que en tres casos aún no se pudo determinar la procedencia. Todos se encontraban en estado crítico y necesitaban asistencia respiratoria mecánica cuando se les administró el fármaco.
Este escándalo expone fallas graves en los mecanismos de control y fiscalización de medicamentos, y deja al descubierto una deuda estructural del Estado en materia de seguridad farmacológica. “Se requieren medidas urgentes para evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir”, alertaron desde el Concejo, mientras la investigación judicial sigue avanzando para determinar responsabilidades penales.
