La denominada “Causa Cuadernos”, iniciada en 2018 y centrada en un presunto esquema de sobornos en la obra pública durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, comenzó a transitar una nueva etapa con el inicio del juicio oral. En ese marco, el periodista de la Nación, Diego Cabot, quien reveló el caso, fue el primer testigo en declarar ante el Tribunal Oral Federal Nº 7 en el día de ayer.

La investigación se originó a partir de los cuadernos atribuidos a Oscar Centeno, exchofer del Ministerio de Planificación, en los que se detallaban supuestos traslados de dinero, direcciones, nombres de empresarios y funcionarios. Según la acusación, ese material expondría un sistema de recaudación ilegal vinculado a contratos de obra pública.

Durante una extensa audiencia que se prolongó por más de seis horas, Cabot reconstruyó cómo llegó la información a sus manos y explicó por qué decidió presentarla directamente ante el fiscal Carlos Stornelli. “Lo conocía de la vida pública y había intervenido en causas vinculadas a los personajes sobre los que yo investigaba”, señaló. Además, detalló que mantuvieron un encuentro previo en un bar de Núñez, donde el fiscal le indicó que la única forma de avanzar era a través de una denuncia formal.

El periodista también relató que entregó copias de los cuadernos, junto con material audiovisual, y que inicialmente había solicitado preservar su identidad, aunque finalmente decidió no hacerlo. Años después, volvió a recibir parte de los cuadernos originales de manera anónima en la vía pública, los cuales entregó nuevamente a la fiscalía en octubre de 2019.

Uno de los puntos que más interés generó entre las defensas fue precisamente la decisión de Cabot de acudir directamente a Stornelli- de estrechos lazos con Mauricio Macri, uno de los principales adversarios políticos de la ex presidenta- y no canalizar la denuncia mediante los mecanismos habituales de sorteo judicial. El testigo insistió en que no tenía experiencia en tribunales y que se contactó con el único fiscal que conocía.

La causa, que investiga a Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita junto a exfuncionarios como Julio De Vido y Roberto Baratta, así como a empresarios del sector de la construcción, llega al juicio oral en medio de fuertes cuestionamientos.

En los últimos años, distintas defensas han puesto en duda la solidez del expediente. Entre los principales planteos aparecen las irregularidades en la prueba documental —basada inicialmente en fotocopias de los cuadernos— y las pericias que detectaron tachaduras, enmiendas y posibles intervenciones de terceros en los escritos originales.

A esto se suman los cuestionamientos sobre la figura de los “arrepentidos”, clave en el avance de la causa. Varios empresarios y exfuncionarios se retractaron de sus declaraciones iniciales y denunciaron haber sido presionados para incriminar a otros imputados a cambio de evitar la prisión. Algunos incluso aseguraron haber dejado constancia previa, ante escribano, de que declararían bajo coacción.

También se planteó la falta de evidencia material que respalde los presuntos pagos millonarios, como registros bancarios o la localización del dinero mencionado en las anotaciones.

Recordemos que la denuncia se basa, en principio, solo en fotocopias de anotaciones realizadas de puño y letra por el propio Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, ex secretario del Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo.

En este contexto, la causa continúa envuelta en una fuerte polarización política. Mientras desde el kirchnerismo denuncian una persecución judicial o “lawfare”, otros sectores más afines al gobierno y al macrismo, sostienen que se trata de uno de los mayores casos de corrupción estructural en la obra pública argentina; aunque hasta el momento, lo único comprobable relacionado al caso podrían ser los bolsos del ex funcionario de Baratta, José López detenido en junio de 2016 con 9 millones de dólares sin declarar.

Con el inicio del juicio oral, el expediente entra en una etapa clave, donde se pondrán a prueba tanto la validez de las pruebas como la credibilidad de los testimonios que sostienen la acusación.

Mientras tanto, Cristina aguarda detenida en su casa condenada a seis años de prisión en junio de 2025 por administración fraudulenta en la llamada “causa Vialidad”. Donde tampoco abundaron las pruebas como para condenarla.

Miembros de la defensa, sostuvieron que no se realizaron pericias sobre las 51 obras licitadas, sino solo sobre tres, sin comparar los costos con obras similares en otras provincias, como tampoco se pudieron probar los supuestos sobreprecios que sustenten la acusación, ni el direccionamiento de las directivas emitidas por la propia ex presidenta. Además de la cuestionada imparcialidad del fiscal Diego Luciani y el juez Giménez Uriburu, que se reunían a jugar al Fútbol en la quinta “Los Abrojos” propiedad del ex presidente Mauricio Macri.