El IPC de julio cortó tres meses de baja consecutiva y dejó al Gobierno explicando por qué el 2,1% no cambia el plan. El acumulado del año ya roza el 20% y las proyecciones oficiales apuestan, otra vez, a que lo peor quedó atrás. La duda es cuántas veces más va a repetirse esa promesa antes de que el dato la contradiga.

El INDEC difundió que la inflación de julio fue del 2,1%, con un acumulado interanual del 33,8% y una suba del 19,3% en lo que va de 2026. El número interrumpió una racha de tres meses de desaceleración y representó un salto de 0,2 puntos respecto al 1,9% de junio, justo en el mes en que el Gobierno venía usando la caída de precios como principal argumento de gestión.

Dentro del índice, el IPC Núcleo subió 1,8%, empujado por alquileres y servicios culturales, aunque compensado en parte por la baja en expensas tras la eliminación del adicional que se había aplicado en junio. Los precios Estacionales treparon 4,5% por las subas en verduras y paquetes turísticos, y los Regulados avanzaron 2,1% de la mano del transporte público, las prepagas y la electricidad. Recreación y cultura fue la división que más subió, con 5%, seguida por Restaurantes y hoteles con 2,8%. En el otro extremo, Indumentaria y calzado retrocedió 1,3%, la única baja del mes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a relativizar el dato antes incluso de que se conociera oficialmente: dijo que julio “es un mes estacionalmente alto” y sumó como argumento la suba del precio internacional del petróleo, que según su descripción prácticamente se duplicó en ocho meses. Su conclusión fue que la convergencia a niveles internacionales de inflación “es un tema de tiempo”, siempre que se sostenga el esquema fiscal actual. Las consultoras privadas, sin embargo, ya venían anticipando el salto: mientras el REM había proyectado una mediana de 2% para julio, Analytica, EconViews y Eco Go se habían acercado más al número real, con estimaciones de entre 2% y 2,1 por ciento.

¿Alcanza la explicación estacional para despejar la duda de fondo? El propio historial de las proyecciones sugiere que el margen de error no es menor: si el REM y buena parte del mercado subestimaron julio, la pregunta lógica es qué tan firme es la apuesta a que agosto vuelva a bajar. El organismo que conduce el Banco Central proyecta 1,8% para agosto y para septiembre, con una baja a 1,7% en octubre, mientras que consultoras como Libertad y Progreso y EcoAnalytics coinciden en ese rango y atribuyen el 2,1% de julio a un efecto transitorio que no debería repetirse.

El dato porteño agrega otra capa a la discusión. El IPC de la Ciudad de Buenos Aires marcó 2,9% en julio, 1,1 punto por encima de junio, con un acumulado del 19,4% en los primeros siete meses del año, muy cerca del número nacional pese a que la metodología de CABA pondera distinto los servicios frente a los bienes. La coincidencia entre ambos índices, aun con canastas diferentes, no hace más que reforzar la pregunta de si julio fue realmente una anomalía aislada o el primer capítulo de algo más persistente.

Por ahora, el Gobierno sostiene que el rumbo no cambia y que la inflación seguirá bajando en la segunda mitad del año. Las consultoras, en su mayoría, acompañan ese diagnóstico. Pero el 19,3% acumulado en apenas siete meses deja poco margen para nuevos sobresaltos si la meta es terminar el año con una inflación anual cercana al 30%, tal como proyectan el REM y buena parte del mercado.

Un exlegislador porteño denunció penalmente a Mercado Libre por usura, con tasas que en Argentina llegan a más de veinte veces lo que la misma empresa cobra en Brasil. Mientras la causa avanza, se multiplican los testimonios de deudores que denuncian llamados de agencias externas a sus jefes, exparejas y familiares. ¿Hasta dónde llega el negocio financiero de Galperin y qué controles tiene sobre los métodos de cobro que contrata?

El negocio financiero de Mercado Libre volvió a quedar en el centro de la escena. Gabriel Solano, exlegislador porteño del Partido Obrero, presentó una denuncia penal contra la empresa por usura, invocando el artículo 175 bis del Código Penal, que sanciona a quien se aproveche de la necesidad o la inexperiencia de una persona para hacerle aceptar intereses desproporcionados. En su presentación, Solano sostuvo que la compañía «se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes».

El dato que sostiene la denuncia es el de las tasas. Según trascendió, el Costo Financiero Total Efectivo Anual de los préstamos que otorga Mercado Pago puede superar el 1300%, con picos de hasta 1375%. La comparación con Brasil, donde la misma empresa opera con una tasa de 63,13% anual, funciona como el argumento central: en Argentina, Mercado Pago cobraría más de veinte veces lo que cobra en el país vecino por el mismo tipo de crédito. El periodista Ernesto Tenembaum ya había calificado la situación como «el colmo del abuso» en un editorial reciente.

La denuncia también compara esas tasas con las del Banco Nación, que presta a valores sensiblemente más bajos y llega a refinanciar a deudores en mora a tasas de entre el 12% y el 14%. La diferencia no es un detalle menor si se tiene en cuenta el peso que el negocio financiero tiene dentro de la facturación de la empresa: según su último balance, representa el 64,3% de los ingresos de Mercado Libre en Argentina, casi el doble de lo que aporta el comercio electrónico que le dio origen.

Pero la denuncia por las tasas es solo una parte del cuadro. En paralelo, crecen los testimonios de usuarios que denuncian métodos de cobro agresivos cuando caen en mora. Mercado Pago reconoce que trabaja con agencias externas de cobranza, entre las que figuran GEDCO, Contacto Garantido, Latam Collect, Paktar, Ostengo, We Cross y Zolvex. En los últimos días se multiplicaron los relatos de personas que aseguran haber recibido llamados a sus lugares de trabajo, a exparejas o a familiares directos por deudas propias o ajenas.

¿Dónde está el límite entre gestionar una cobranza y hostigar a un deudor? La normativa de Defensa del Consumidor considera abusivo reclamar una deuda amenazando con comunicarse con el empleador o con terceros ajenos a la relación de consumo. Y no se trata de un problema solo teórico: una de las agencias que Mercado Pago reconoce entre sus proveedores, Paktar, ya figura en expedientes judiciales, incluido un fallo reciente en Río Negro donde se discutió la responsabilidad del acreedor por la actuación de la empresa que contrató para cobrar.

El volumen de la operación agrega otra dimensión al problema. Una de esas agencias declara públicamente que maneja una base con scoring de 30 millones de contactos y un historial de 300 millones de gestiones de cobro, con telefonía predictiva y algoritmos que eligen la mejor vía para contactar a cada deudor. Es una maquinaria pensada para escalar, no para resolver casos puntuales, y eso vuelve más difícil sostener que cada exceso es un hecho aislado de un tercero.

La pregunta de fondo sigue sin respuesta oficial: qué controles ejerce Mercado Pago sobre las empresas que contrata para perseguir sus deudas y de dónde obtienen los datos de familiares, exparejas y empleadores que después usan para presionar. Mientras la Justicia analiza la denuncia de Solano, la compañía no dio explicaciones públicas sobre ninguno de los dos frentes.