La Justicia investiga presuntas estafas vinculadas con la comercialización de terrenos en los emprendimientos Sophenia y Garden. Entre los detenidos está Francisco Alberto Vila Basualdo, titular del Grupo Del Sud. También quedaron bajo arresto Eugenia Martínez, Nadia Antonella Lima y Milena del Sol Dell’Aqua.
La investigación judicial por presuntas estafas relacionadas con la comercialización de loteos irregulares en La Plata sumó un nuevo capítulo y ya tiene a los cuatro imputados detenidos.
El expediente está a cargo del fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5, y las órdenes de detención fueron dispuestas por la jueza de Garantías N° 5, Marcela Garmendia. Entre los acusados se encuentra el empresario Francisco Alberto Vila Basualdo, titular del Grupo Del Sud, junto con Eugenia Martínez, Nadia Antonella Lima y Milena del Sol Dell’Aqua.
Vila Basualdo y Martínez se presentaron voluntariamente en la DDI de La Plata luego de que se conocieran las órdenes de arresto. Dell’Aqua había sido localizada y detenida en su domicilio, mientras que Lima permaneció prófuga durante algunos días hasta que finalmente se presentó ante la Justicia y quedó detenida. De esta manera, los cuatro imputados alcanzados por las medidas judiciales ya fueron localizados.
Qué investiga la Justicia
La causa busca determinar cómo habría funcionado una operatoria mediante la cual se habrían comercializado terrenos presentados como lotes individuales dentro de desarrollos inmobiliarios, cuando en realidad las operaciones documentadas recaían, en distintos casos, sobre participaciones indivisas de inmuebles de mayor superficie.
La hipótesis judicial sostiene que los compradores habrían sido inducidos a adquirir terrenos bajo determinadas características —como la posibilidad de construir, contar con servicios o acceder posteriormente a una escritura— pese a que los inmuebles no reunirían las condiciones legales necesarias para ser subdivididos, escriturados o urbanizados.
La resolución judicial describe un posible patrón de actuación coordinada y con diferentes roles entre las personas y sociedades involucradas. La investigación intenta reconstruir quiénes participaron de la promoción, comercialización, financiación y administración de los emprendimientos.
Los cuatro imputados
Según la resolución judicial, Vila Basualdo y Martínez están imputados por diez presuntos hechos de estafa. A Martínez, además, se le atribuye el presunto uso de documentación pública falsa.
Nadia Antonella Lima está señalada como coautora de ocho hechos de estafa, mientras que Milena del Sol Dell’Aqua aparece imputada como partícipe necesaria en seis episodios.
Luego de ser detenidos, Vila Basualdo y Martínez se negaron a prestar declaración indagatoria y, a través de su abogado Marcelo Peña, solicitaron continuar el proceso en libertad. Lima también se negó a declarar y quedó a la espera de la resolución de su planteo de excarcelación.
Sophenia y Garden, en el centro del expediente
La investigación se concentra principalmente en dos desarrollos: Sophenia, ubicado en Arana, y Garden, sobre la Ruta Provincial 36, entre las calles 425 y 427.
En el caso de Sophenia, según surge de la resolución judicial, los interesados llegaban al emprendimiento a través de publicaciones en Instagram y posteriormente mantenían contacto con representantes de Desarrollos Del Sud.
El proyecto era presentado como un barrio “semicerrado”, con tendido eléctrico, calles internas mejoradas, tranquera de acceso y cerramiento perimetral. Sin embargo, los instrumentos de compraventa analizados por la Justicia tenían como objeto participaciones indivisas de una parcela de mayor superficie.
Uno de los episodios incorporados al expediente surgió cuando un potencial comprador consultó en la Municipalidad de La Plata y recibió como respuesta que Sophenia no se encontraba aprobado. Ante esa consulta, según los mensajes incorporados a la causa, se habría respondido que el emprendimiento funcionaba bajo la modalidad de condominio y que, al tratarse de un predio privado, no necesitaba aprobación municipal.
En Garden, ubicado sobre la Ruta 36, la investigación también apunta a determinar cómo fueron ofrecidos y comercializados los terrenos y qué documentación se utilizó en las operaciones.
Además, la Justicia analiza un episodio relacionado con documentación presentada ante la Municipalidad, donde presuntamente se habrían incorporado firmas apócrifas. Por ese hecho, Martínez enfrenta también la imputación por el presunto uso de documento público falso.
El entramado de sociedades
Otro de los aspectos que analiza la Justicia es la participación de distintas sociedades relacionadas entre sí. Según la documentación incorporada al expediente, Grupo Del Sud Administración Financiera e Inmobiliaria SRL fue constituida en 2018 con participación de Vila Basualdo y Martínez. En 2022 se creó Four Capital SA, también con participación de ambos. La investigación también menciona a BASVIL y a Grava Movimientos de Suelos y Venta de Materiales SRL, entre otras firmas vinculadas con las operaciones.
En distintos contratos analizados por los investigadores, Vila Basualdo aparece como vendedor o cedente; Martínez interviene como apoderada o representante; mientras que Lima aparece relacionada con algunas operaciones de venta. Four Capital, a través de BlackWallet, también aparece vinculada con mecanismos de financiación.
Para los investigadores, la aparición de las mismas personas y sociedades en distintas etapas de los negocios constituye uno de los elementos a analizar para determinar si existió una estructura coordinada detrás de las operaciones.
Julio Garro, también bajo investigación
La causa tiene además una derivación que alcanza al exintendente de La Plata Julio Garro y a varios exfuncionarios de su gestión. Garro fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una investigación que analiza el proceso de autorización de desarrollos inmobiliarios durante su gestión, entre 2015 y 2023.
La investigación busca determinar si durante ese período se habilitaron o facilitaron urbanizaciones sin contar con la correspondiente convalidación legal y técnica de la Provincia de Buenos Aires, incluso en zonas rurales o de reserva hortícola donde existían restricciones para el desarrollo urbano. La denuncia fue presentada por la actual gestión municipal de Julio Alak y también alcanza a exfuncionarios como Oscar Negrelli, María José Botta y Marcela Rogg.
Según la pista que sigue la justicia, esta causa se encuentra vinculada con el expediente que derivó en las detenciones de Francisco Vila Basualdo, Eugenia Martínez, Nadia Lima y Milena Dell’Aqua. La Justicia analiza, por un lado, el rol que habrían tenido funcionarios municipales en la autorización o control de determinados emprendimientos; y, por otro, la presunta comercialización irregular de los terrenos. En este punto, el expediente intenta establecer si ambas líneas de investigación forman parte de un mismo circuito de operaciones inmobiliarias.
Desde el entorno de Garro, rechazaron las acusaciones y sostuvieron que durante su administración no se aprobó ningún desarrollo inmobiliario que no contara con la correspondiente ordenanza municipal. El exintendente, además, afirmó públicamente que estaba dispuesto a ser investigado y negó haber autorizado barrios que no cumplieran con las normas.
Los allanamientos
La causa había tenido un avance importante a comienzos de año, cuando se realizaron 16 allanamientos en domicilios y oficinas vinculados con distintas entidades. Entre los lugares allanados estuvieron las oficinas del Grupo Del Sud y un departamento vinculado a Vila Basualdo, además de domicilios relacionados con el denominado Grupo Futuro.
Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, tablets, planos, escrituras, documentación notarial, material publicitario y otros elementos que ahora forman parte de la investigación.
La Justicia también solicitó información sobre operaciones relacionadas con los loteos a distintas inmobiliarias y empresas del sector, entre ellas Century 21, Inmobiliaria Veimar, Inmobiliaria Urquiza y Four Capital SA.
Una problemática que excede esta causa
El expediente contra los cuatro imputados forma parte de una problemática mucho más amplia relacionada con los loteos irregulares en el partido de La Plata.
Según datos difundidos por la administración municipal, en la ciudad existirían aproximadamente 450 loteos ilegales, distribuidos en distintos barrios, que abarcan unas 3.380 hectáreas. El relevamiento oficial citado en las actuaciones judiciales contabiliza además 6.876 viviendas construidas y una capacidad potencial superior a las 32.800 parcelas.
El fenómeno afecta a miles de familias que adquirieron terrenos de buena fe y que, en distintos casos, podrían encontrarse con dificultades para escriturar o regularizar sus propiedades.
La dimensión del problema llevó a la Justicia a avanzar sobre una nueva etapa de la investigación.
Censo casa por casa
Tras la detención de los cuatro imputados, la Justicia ordenó realizar un relevamiento individualizado de las viviendas existentes en los desarrollos investigados.
El objetivo es determinar cuántas personas viven actualmente en esos predios, cuántas viviendas fueron construidas, desde cuándo están ocupadas y bajo qué modalidad legal habita cada familia: propietarios, compradores, poseedores, inquilinos u otra condición.
En los casos en los que existan personas que adquirieron parcelas, el relevamiento deberá reconstruir cómo se concretó cada operación e identificar, cuando corresponda, al escribano o notario que haya intervenido.
La medida apunta a establecer con mayor precisión la cantidad de familias alcanzadas por las operaciones investigadas y a reconstruir el circuito completo de comercialización de los terrenos.
Una investigación que continúa
Con los cuatro imputados ya detenidos, la causa entra ahora en una etapa en la que la Justicia deberá profundizar el análisis de la documentación secuestrada, los contratos, las operaciones inmobiliarias y la información aportada por los compradores.
Al mismo tiempo, deberá determinarse el grado de responsabilidad que tuvo cada una de las personas y sociedades investigadas, y si existió una estructura organizada para comercializar terrenos que no reunían las condiciones legales necesarias, para ser ofrecidos como lotes independientes.
La investigación permanece abierta y, por el momento, las acusaciones forman parte de un proceso judicial en curso, sin que exista una condena firme contra los imputados.
