Más allá del mensaje político de la carta abierta, hay un documento técnico que avanza por otro carril: una comunicación individual presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Nueve artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aparecen invocados como violados. La pregunta es si Naciones Unidas puede torcer lo que la Justicia argentina ya dio por cerrado.
Mientras la carta de Cristina Kirchner circulaba como gesto político, ya lo contamos en esta nota, en paralelo avanzaba algo más árido y, en definitiva, más decisivo: la comunicación individual presentada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El objeto de esa presentación es puntual: someter al Comité las violaciones al Pacto que, según la defensa, se cometieron durante todo el proceso conocido como Causa Vialidad.
El documento no se limita a una denuncia genérica. Enumera artículos específicos y los cruza con hechos concretos. Sobre el artículo 25, que protege el derecho a votar y ser elegido, sostiene que el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral de la expresidenta y que la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos. Sobre el artículo 14, que garantiza un juicio justo, plantea que se le atribuyó responsabilidad por actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente, y que la condena se apoyó en la firma del Decreto 54/2009, que sigue vigente.
La presentación avanza también sobre el funcionamiento mismo de los tribunales. Invoca el artículo 14.1, el que exige un tribunal competente, independiente e imparcial, para sostener que los órganos judiciales no fueron los jueces naturales del caso y que existieron mecanismos irregulares de asignación de causas, lo que en la jerga judicial se conoce como forum shopping. Agrega que jueces y fiscales mantenían relaciones personales con dirigentes de la oposición. ¿Alcanza esto para hablar de un tribunal parcial, o es una lectura posible entre varias? El documento no deja margen para la duda: afirma que el proceso fue decidido por tribunales parciales.
Sobre la presunción de inocencia, el texto sostiene que desde el inicio existió una presunción de culpabilidad, y menciona que el actual Presidente de la Nación habría presentado públicamente la condena como una decisión impulsada por él, aunque ese punto queda planteado sin mayor desarrollo en el resumen disponible. También se invoca el derecho a contar con tiempo y medios adecuados para la defensa, señalando que hubo incorporación de pruebas de otros procesos sin posibilidad efectiva de contradicción y acceso privilegiado de la acusación a documentación que le fue negada a la defensa.
Uno de los puntos más sensibles es el que refiere al derecho a que la condena sea revisada por un tribunal superior. La comunicación sostiene que la Cámara de Casación no examinó realmente los agravios de la defensa y que, en la práctica, no existió una verdadera revisión judicial. A eso se suma la invocación del principio ne bis in idem: el documento señala que 49 de las 51 obras públicas investigadas ya habían sido objeto de pesquisas anteriores concluidas mediante archivo o sobreseimiento. Y cierra el capítulo de violaciones con el derecho a un recurso efectivo, apuntando directamente a la actual composición de la Corte Suprema, reducida a tres miembros, lo que según la presentación impide un examen independiente. Incluso remarca que un juez recusado participó en la decisión sobre su propia recusación, un dato que por sí solo alcanza para instalar sospechas sobre el circuito completo.
El capítulo de los recursos internos es el que habilita, formalmente, que el caso llegue a Ginebra. La defensa sostiene que se agotaron todas las vías disponibles en el sistema judicial argentino: recurso de casación, recurso extraordinario federal y recurso de queja ante la Corte Suprema. Con la decisión de la Corte del 10 de junio de 2025 quedaron cerradas las instancias internas, lo que técnicamente deja la puerta abierta al Comité de la ONU.
La pieza más concreta, sin embargo, es la que pide medidas cautelares inmediatas. La comunicación solicita la suspensión de la inhabilitación perpetua, alegando que se basa en arbitrariedades manifiestas y que su carácter perpetuo incumple precedentes del propio Comité. Pide también el restablecimiento de la integración plena de la Corte Suprema, hoy con solo tres integrantes, por su impacto en el Estado de Derecho. Y solicita cambios en el régimen de prisión domiciliaria: retiro de la tobillera electrónica, fin de las restricciones de visitas, acceso al aire libre, trato igualitario respecto de otras personas en la misma situación y que las autoridades argentinas no la responsabilicen por manifestaciones de terceros frente a su domicilio.
¿Qué margen real tiene el Comité de Derechos Humanos de la ONU para torcer una condena que la Justicia argentina ya dio por firme? Los organismos internacionales no tienen poder para anular sentencias locales, pero sus recomendaciones sí pesan diplomáticamente y pueden convertirse en un frente de presión adicional en un año donde la discusión sobre la proscripción ya está instalada en la calle y en el Congreso. Ese es el terreno donde, de ahora en más, se va a jugar buena parte de la pulseada.
Si querés leer la carta completa de Cristina Kirchner podés hacerlo en esta nota.
