El jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, el mecanismo que incluye la Ley de Inocencia Fiscal y blinda a los contribuyentes frente a ARCA por cinco años de declaraciones pasadas. El problema es que la investigación que lo tiene en la mira no es impositiva. ¿Se escudó en una herramienta que no le sirve para lo que necesita, o hay algo más en el movimiento?

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El timing no pasó desapercibido. La adhesión se produce mientras el jefe de Gabinete está bajo la lupa por el origen de su patrimonio, y genera una pregunta que los especialistas ya se están haciendo: ¿sirve de algo este régimen para lo que Adorni parece necesitar?

El Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) es una modalidad que se incluyó dentro de la Ley de Inocencia Fiscal y que, según precisó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permite a personas físicas que obtienen exclusivamente rentas locales presentar una declaración jurada sin necesidad de informar patrimonio al inicio ni al cierre del ejercicio fiscal. Nada de variaciones patrimoniales, nada de monto consumido. Solo ingresos, gastos y deducciones. El sistema calcula el impuesto y el contribuyente paga.

La ventaja más concreta que ofrece el mecanismo es el llamado «tapón fiscal»: si el contribuyente presenta la declaración correspondiente al período base 2025 y paga en término, ARCA no puede revisar, fiscalizar ni ajustar declaraciones de Ganancias e IVA de los períodos no prescriptos anteriores. La ley además reduce el plazo de prescripción de cinco a tres años para quienes adhieren. En términos prácticos, eso significa que las declaraciones de los últimos tres años quedan blindadas frente al fisco.

Pero hay un límite que los especialistas señalan con precisión. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que el efecto del tapón fiscal se circunscribe al ámbito impositivo y que no alcanza a la Oficina Anticorrupción, que exige a los funcionarios públicos obligados la presentación de sus declaraciones patrimoniales con independencia de lo que haga ARCA. El especialista Marcos Felice fue todavía más directo: «No tiene nada que ver lo del Régimen Simplificado de Ganancias con lo que se le está investigando a Adorni, que es enriquecimiento ilícito.» Y agregó que es posible adherir al régimen sin usar dólares no declarados, simplemente para acceder al bloqueo fiscal frente al organismo recaudador.

Una fuente consultada por Infobae fue en la misma línea: el régimen lo protegería ante un eventual delito tributario, pero no ante una investigación por enriquecimiento ilícito o dádivas. Ante la Oficina Anticorrupción, Adorni igual va a tener que mostrar su patrimonio.

¿Por qué adhirió entonces? Hay varias lecturas posibles. Una es que el movimiento responde a una lógica de cobertura parcial: si no sirve para todo, al menos cierra una ventana. Otra es que la adhesión en sí misma tiene un componente político, en un contexto donde el gobierno necesita que la Ley de Inocencia Fiscal funcione y genere señales de confianza para que los ciudadanos saquen los dólares del colchón. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, los argentinos tienen unos 170.000 millones de dólares fuera del sistema bancario, y el oficialismo tiene particular interés en capturar algo de ese volumen para acelerar la recuperación económica.

El problema es que la adhesión no fue solo de Adorni y Angeletti. Según trascendió, también se inscribieron en el régimen el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el diputado José Luis Espert y el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, entre otros funcionarios y allegados al oficialismo. La acumulación de nombres propios convirtió lo que el gobierno presentó como una herramienta de política económica en un escándalo político. Y eso ahora le complica el panorama a Luis Caputo. El ministro de Economía venía trabajando en una nueva ley para darle mayor seguridad jurídica al régimen, que todavía tiene flancos débiles. El caso del jefe de Gabinete convirtió una herramienta pensada como incentivo económico en un tema político caliente. Y en el Congreso, donde aún no hay fecha de envío para este proyecto, el costo de aprobarlo subió.

¿Adorni calculó mal o la adhesión tiene más capas de las que se ven? En política tributaria, como en política a secas, pocas veces los movimientos son inocentes.